El juicio al 'padrino' de la noche mallorquina empieza con seis absoluciones

PalmaDe bautizar una discoteca con sus iniciales, BCM, y colocarlas, inmensas, de color dorado en la fachada, a ser el protagonista de uno de los casos de corrupción más sonados de la historia de las islas Baleares. Bartomeu Cursach Mas, conocido como el rey, el capo o incluso el padrino, fue el gran magnate de la noche mallorquina. Y todavía tiene poder. Este lunes, sin embargo, ha vuelto a los tribunales. Es una de las 23 personas –entre políticos, funcionarios, empresarios y policías– que se han sentado en el banco de los acusados de un juicio que se espera que dure hasta abril del 2023, y quien da nombre a todo el caso Cursach. Pero el banquillo de los acusados ya se ha vaciado significativamente el primer día: la Audiencia de Palma ha acordado absolver a seis de los implicados, después de que las acusaciones –incluida la Fiscalía– hayan retirado los cargos contra ellos.

Ahora Cursach se enfrenta a una pena de un año y medio de prisión por pertenencia a grupo criminal e inducción a la prevaricación administrativa, pero el magnate de la noche ha llegado al juicio con una perspectiva más optimista de lo que se podía esperar. El día 1 la Fiscalía  cambió su escrito de acusación para retirar los cargos a siete de los acusados y rebajó a más de la mitad los años entre rejas que reclamaba al resto. Uno de los principales beneficiados ha sido Cursach, que ha pasado de una petición de condena de ocho años y medio de prisión a uno año y seis meses. De momento, ya han quedado fuera del proceso judicial quien fue el director de Tito's y BCM, Jaime Lladó; un trabajador del grupo Cursach, Arturo Segade; la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell; el exarquitecto de la conselleria de Turismo Bernadí Seguí; el exfuncionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau, y el expolicia Antoni Bergas. Pero el juicio no solo ha empezado con rebajas de peticiones de pena y absoluciones directas: además, la abogacía de la comunidad se ha retirado porque no ve suficientemente sólidas las pruebas para mantener la acusación de prevaricación.

El imperio que levantó el padrino isleño acabó involucrando a miembros de la política y la policía, pero antes disfrutó de una época de oro. Cursach empezó su periplo en los setenta con el hotel Riu Palace de S'Arenal. A finales de los ochenta creó BCM, en Magaluf; entrados en los noventa compró la discoteca Tito's, en Palma, y con el nuevo milenio abrió el templo alemán en Mallorca: el Megapark. Pero con el ocio nocturno no tenía suficiente y se lanzó a abrir restaurantes, como Asadito, y un gimnasio exclusivo, el MegaSport Centre. Su red empresarial, en el momento más álgido, llegó a tener cerca de 1.700 trabajadores y un millón y medio de clientes al año. También fue el máximo accionista del Reial Mallorca, con un 43%, a principios de los 2000, y propietario del Atlètic Balears, el 2011. Incluso llegó a fundar una aerolínea, BCM Airlines, dedicada a los vuelos chárter turísticos. Pero solo operó durante un año, el 1997, antes de fracasar.

Cursach llegó a ser prácticamente el hombre más poderoso de Mallorca, no solo por su fortuna. A pesar de las sospechas de corrupción que siempre lo rodearon, el padrino isleño fue amigo del expresidente balear Jaume Matas, protegido –según la investigación judicial– del exdelegado del gobierno español en las Baleares y exconseller de Interior, José María Rodríguez, y socio del entonces ejecutivo de Bancaja Ramón Rosselló.

El caso Cursach adoptó este nombre el 2013 a raíz de una investigación para aclarar si se habían manipulado oposiciones de la Policía Local de Palma el 2012. Pero acabó derivando en una trama en que guardias civiles y policías nacionales acusaban a policías municipales de extorsionar empresarios de la noche y comercios de Palma, aliñada con favores pagados con drogas y prostitutas y con escenarios como la emblemática discoteca de Palma Tito's. Aun así, el empresario polifacético continuó trabajando sin problemas durante unos cuantos años.

Punto de inflexión

El conglomerado empresarial Cursach empezó a tambalear el 2017, a raíz del escándalo de corrupción. Aquel año entró en prisión para pasar 13 meses. Pero aguantó el pulso a los que lo perseguían hasta el punto de llegar a acorralar al fiscal y al juez que lo investigaban, y esto que por el medio había una acusación de homicidio que nunca se ha llegado a demostrar. Y demostró su poder llegando a parar la causa en contra suyo nueve meses después de que se abriera. Su mano derecha, Tolo Sbert, que ahora también se enfrenta a seis años y medio de prisión, presentó una recusación contra el juez que instruía el caso, Manuel Penalva, y puso en entredicho la imparcialidad, también la del fiscal, Miguel Ángel Subirán. Los dos todavía están pendientes de juicio, dado que la causa contra ellos se ha reabierto a solo una semana del macrojuicio contra Cursach.

Precisamente esta causa contra el juez y el fiscal, todavía abierta, ha llevado a una de las abogadas de la acusación particular a solicitar este lunes la nulidad del proceso judicial contra el magnate. La abogada quiere que el caso Cursach vuelva a la fase de instrucción y ha alegado presuntas "trampas o irregularidades" durante la investigación que, ha insinuado, tendrían que ver con "el principal acusado", es decir, Cursach. Este era uno de los movimientos más previsibles de esta mañana, después de la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, del 6 de junio, que avivó todavía más el fuego. Aquella interlocutoria de más de 300 páginas decidía finalmente juzgar a Penalva y Subirán por varios delitos –que ya se habían archivado–, como por ejemplo coacciones y amenazas a los acusados, e inducción a falsos testimonios de testigo protegidos durante la investigación del caso Cursach.