Barcelona pone en marcha la primera unidad de fiscales especialistas en víctimas vulnerables del Estado

BarcelonaLa Fiscalía de Barcelona ha puesto en marcha una unidad especializada en vulnerabilidad, la primera del Estado. Cinco fiscales se harán cargo de aquellos casos en los que las víctimas sean menores de edad o vulnerables por algún otro motivo, haciendo una lectura amplia de este concepto: atenderán casos que afecten a niños, personas mayores o con discapacidad, pero también a la "vulnerabilidad situacional", por ejemplo en casos de desigualdad de poder, o víctimas de casos graves como agresiones sexuales. Todo ello centrándose en no revictimizar a los afectados.

Desde el 1 de enero, esta unidad de nueva creación ya ha recibido 200 casos, principalmente de violencia sexual o intrafamiliar contra menores, y también tienen el encargo de investigar las denuncias contra el catedrático emérito de la Universidad de Barcelona Ramon Flecha.

Lidera esta nueva sección especializada en personas vulnerables el fiscal Fèlix Martín, que hasta ahora se dedicaba a los juicios con jurado y trajo, entre otros, la acusación por el crimen de la Guardia Urbana. Martín es el único fiscal que se dedicará en exclusiva a esta sección, y el resto compaginarán su nuevo trabajo con las tareas que ya cumplían. La número dos es la fiscal Elisabet Jiménez, delegada de protección de datos y colaboradora de la sección de criminalidad informática, y que se hizo cargo del juicio a Dani Alves por acusaciones de agresión sexual. Completan el equipo las fiscales Laura Rodríguez, que trabaja a instrucción, y Rocío Pintor, hasta ahora dedicada al medio ambiente y protección de las víctimas. La quinta plaza es un refuerzo que se incorporará el lunes. En principio asumirán todos los casos ocurridos a partir del pasado 31 de diciembre, pero también podrían asumirlos anteriores si son considerados de especial trascendencia.

Martín ha defendido que esta nueva unidad supone "un cambio fundamental": "[Pasamos] de un modelo centrado sólo en el delito a un modelo que sitúa en el centro a la víctima". Esta nueva sección especializada se ha creado a partir del cambio organizativo que ha implantado la ley de eficiencia, que ha establecido una especialidad nueva en los tribunales centrada en encausar la violencia contra la infancia diferenciada de Menores, que ya existía y se encarga de los casos en los que el infractor tiene menos de 18 años. La nueva unidad de la Fiscalía va más allá y asumirá los casos en los que un menor es víctima de un delito cometido por un adulto, pero también de otros casos que afecten a víctimas vulnerables. "No puede que el solo hecho de enfrentarse a un procedimiento penal cause un sufrimiento a la víctima", ha dicho Martín.

De momento la Fiscalía de Barcelona es la única del Estado que tiene esta especialización, lo que choca con un decreto de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de hace dos días. El decreto de Peramato achacó los delitos sexuales contra niñas y adolescentes a las fiscalías de violencia sobre la mujer, y no a las de violencia contra la infancia. La fiscalía barcelonesa preguntará a la general si esto se aplica a todas las fiscalías de España o solo a las de las ciudades que carecen de juzgados especializados en violencia sobre menores.

"Que el proceso se adapte a la víctima"

El fiscal también ha reivindicado que "no debería ser la víctima quien se adapte al proceso, sino el proceso a la víctima". Este nuevo grupo pondrá especial atención en aspectos tales como cómo se interroga a las víctimas o cuántas veces deben declarar desde que denuncian por primera vez hasta que termina el procedimiento judicial. En víctimas menores, es común que se tome declaración anticipada a través de psicólogos y educadores –el año pasado se hicieron 300 en los equipamientos Barnahus de Barcelona– para que el niño no tenga que pasar por la sala de juicio.

Este grupo de fiscales también se harán cargo de casos en los que el autor tenga "un perfil criminológico complejo". Por ejemplo, en casos de agresores en serie. También en aquellos en los que el procesado tenga un trastorno mental. Martín ha explicado que en muchas ocasiones la enfermedad mental del procesado pasa desapercibida por el sistema hasta que no ingresa en prisión, y que sería mejor detectarla antes para tenerla en cuenta a la hora de decidir sobre medidas cautelares y porque puede comportar atenuantes o eximentes en la condena.