Trabajadores de prisiones denuncian vacíos en la seguridad tras el crimen en Mas d'Enric

BarcelonaUn año después de el asesinato en Mas d'Enric, el refuerzo de seguridad no ha llegado a muchos rincones de las prisiones de Catalunya, según alertan varios trabajadores consultados por el ARA. El primer movimiento del nuevo gobierno para las prisiones fue apartar a los internos condenados por delitos de sangre puestos de trabajo donde pudieran tener contacto con herramientas peligrosas. Más allá de las cocinas, el veto se extendió, entre otros, a los talleres de producción y trabajos fuera de los módulos como los servicios de mantenimiento y jardinería. En cambio, las restricciones en los trabajos que puede realizar un preso según sus antecedentes no incluyeron los cursos de formación que los internos pueden seguir en la misma cárcel. Esto ha permitido situaciones como que un preso pueda estudiar un curso de soldadura o de cocina, pero después no pueda ejercer este oficio en prisión.

Tampoco se ha aplicado a la mayoría de las cocinas una medida que Justicia anunció poco después de que un preso matara a una trabajadora: atar los cuchillos en las tablas para prevenir nuevos incidentes. Trece meses después del asesinato, los cuchillos sólo se aseguraron así en la cocina de Mas d'Enric. Las siguientes serán Brians 1 y 2, a finales de mayo, según la previsión que dio la dirección en la última reunión del comité de seguridad y salud del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la empresa pública dependiente del departamento de Justícia que, entre otros, gestiona las cocinas de las cárceles. Por el contrario, fuentes presentes en la reunión aseguran que para las cocinas de las otras prisiones no se concretó ninguna fecha.

Por su parte, el departamento de Justicia ha declinado pronunciarse sobre ninguna de las lagunas de seguridad que señalan los trabajadores. Ahora bien, como ya explicó el ARA, el departamento acaba de flexibilizar los requisitos que estableció la circular para que los presos puedan trabajar en prisión. Esto significa que las juntas de tratamiento podrán reducir a la mitad el tiempo que debe pasar desde el último expediente disciplinario para que un preso pueda incorporarse al puesto de trabajo.

Talleres de producción y formación

Hasta ahora, las cocinas han sido el foco de las medidas de seguridad que se fijaron tras el crimen en Mas d'Enric, y esta misma cárcel ha sido la primera en tener todas aplicadas. Entre otras, las cocinas de los centros penitenciarios pasaron a comprar los alimentos ya cortados para minimizar el uso de los cuchillos y se amplió la plantilla para garantizar que nunca haya un trabajador solo durante un turno.

En cambio, las herramientas peligrosas no se han ligado a las tablas en la mayoría de talleres de producción, donde los internos trabajan para el CIRE dentro de la cárcel a cambio de un sueldo produciendo objetos de todo tipo, desde cajas eléctricas hasta sacos para escombros. Según se produzca, en las salas de trabajo hay objetos como destornilladores, sierras y herramientas de soldadura. Tampoco se han atado cuchillos ni herramientas en los talleres de formación ocupacional, donde los presos pueden estudiar diferentes oficios, incluyendo cursos de cocina en los que no se ha restringido el acceso a presos con delitos de sangre como sí se hizo para trabajar.

"La prevención debería ser para todos"

Los trabajadores que supervisan a los internos en los talleres son empleados también del CIRE, diferenciados de los funcionarios de prisiones de uniforme azul que estuvieron en el foco de las protestas tras el asesinato de Núria, que era empleada de esa misma empresa pública. El CIRE también ocupa a los trabajadores que ofrecen formación en los centros de justicia juvenil, donde hay menores de entre 14 y 18 años que han cometido algún delito. "Las medidas de prevención deberían aplicarse a todo el mundo", reclama desde la IAC-Cataque Josep Musté después de que las medidas se hayan centrado en las prisiones. En los centros de justicia juvenil, en lugar de los funcionarios de prisiones de uniforme azul, hay trabajadores de seguridad privada, y desde la formación sindical alertan de que el personal es insuficiente. Sólo en el centro L'Alzina, aseguran, dos vigilantes se hacen cargo de cinco talleres y seis aulas, con un formador en cada una y una capacidad total de unos 70 menores, y en Can Llupià sólo hay un vigilante para siete talleres.

Otra inquietud entre estos trabajadores en cuanto a la seguridad tiene que ver con la cantidad de personal. Por ejemplo, en un taller de producción de cajas eléctricas en Quatre Camins se pueden reunir casi setenta presos bajo la supervisión de dos formadores y un funcionario, aseguran representantes de UGT en el comité de empresa del CIRE. Otros ejemplos que exponen los propios trabajadores son un taller de confección donde se utilizan tijeras grandes y cutters, que reúne a una veintena de internos por cada formador, y un taller de confección y montaje donde más de 40 presos están a cargo de dos trabajadores.

"A la sombra" de las mejoras laborales

Si bien las protestas a raíz del crimen desembocaron en un acuerdo laboral para los funcionarios de prisiones, la sensación entre los trabajadores del CIRE consultados es que han quedado "a la sombra" de estas mejoras. Representantes sindicales del comité de empresa, encabezado por UGT y donde también tienen representación IAC-Catac y la Plataforma PCi, critican que su convenio colectivo está caducado desde hace años, y que no han logrado negociar una actualización con el departamento. "Nos dicen que no tienen autorización para negociar convenios porque no hay presupuestos", critican representantes de UGT, que achacan la situación a una "falta de voluntad política" que, recalcan, sí ha existido "para satisfacer las necesidades de otros colectivos".