Listas de espera para atender la violencia sexual de los menores por falta de personal
El concurso de traslado y estabilización de funcionarios deja el servicio de atención a la infancia víctima de abusos sexuales sin tres cuartas partes de los técnicos
BarcelonaLas Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.
Esta situación es fruto de la estabilización y del concurso de traslados, dos procesos que la Generalitat ha tenido que impulsar en los últimos años para reducir el número de personal interino y la temporalidad, y, en consecuencia, aumentar el número de funcionarios. El baile de trabajadores de un departamento a otro ha dejado algunos servicios con las plantillas cojas, a la espera de que se resuelvan los recursos y se vuelvan a realizar nombramientos de plazas que han quedado vacantes. El problema es que Barnahus es un servicio que trata a unos usuarios muy sensibles, que llegan por haber sufrido abusos sexuales de todo tipo, incluso violaciones. Y los nuevos trabajadores que han ganado la plaza no tienen ninguna formación al respecto porque cualquier persona del cuerpo con una categoría requerida podía optar a ello.
Una vez cerrados los dos procesos, en este servicio ha habido un estruendo. Sólo seis de los veintiséis técnicos de la estrategia Barnahus (conocidos por las siglas TEB) que fueron contratados de forma interina se han mantenido en su puesto de trabajo porque han ganado la plaza. En cambio, once de estas plazas han quedado vacantes y están a la espera de que se cubran a través de los candidatos inscritos en la plataforma de la Generalitat para nuevas contrataciones, y las ocho restantes están ocupadas por funcionarios provenientes de otros servicios y departamentos que "deben formarse", según el departamento de Derechos Sociales e Inclusión, del que dependen las Barnahu.
Del plan piloto a catorce casas
En 2020, el departamento abrió la primera Barnahus en Tarragona como prueba piloto ya partir de 2023 ha ido creando nuevas por toda Cataluña. Se trata de un modelo originario de Finlandia que, textualmente, se puede traducir como la casa de los niños, y se caracteriza por colocar a los menores y las familias en el centro de la atención para que sean los profesionales los que se muevan hasta las dependencias del servicio para su diagnóstico y tratamiento.
Sin funcionarios formados en violencias sexuales en la infancia, el departamento contrató a los profesionales y les exigían currículos y experiencia en psicología, trabajo social, criminología o pedagogía; disponer del certificado ACTIC, que acredita competencias en tecnologías de la información y la comunicación, y tener conocimientos del funcionamiento del sistema de protección de menores. "[El departamento] quería la excelencia, dedicó gran presupuesto, nos ofreció formaciones durante horas y horas, nos pedía compromiso y ahora, para nada, para que vayan funcionarios que nunca han visto a una criatura y se asusten de los casos que ven", se quejan al ARA trabajadores que han quedado fuera de la plantilla y otros que se mantienen. "No es ninguna rabieta, pero sabe mal que haya este maltrato en los equipos, que ya estaban consolidados", afirman.
Los TEB se encargan de recibir los casos de posibles abusos sexuales derivados de servicios sanitarios, escuelas y policía. Son los que valoran si un caso debe ser trasladado a una Barnahus y, a partir de ahí, se coordinan con otros departamentos de la Generalitat (Mossos d'Esquadra, Salut, Educación), así como con la Fiscalía para que exista una atención integral en un espacio seguro. Con la plantilla a medias, denuncian que los TEB deben asumir la agenda de varias casas. Las consecuencias, afirman, ya se notan porque al no dar el alcance para analizar los expedientes, los plazos de derivación se alargan "hasta tres meses" y, por tanto, se está tardando más de la cuenta para elaborar un plan de intervención personalizado para cada niño.
Cuerpo para la infancia
Las plazas TEB son una excepción en la DGPPIA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia, porque se crearon como A22 y no A21. La voluntad era reconocer la labor de estos técnicos que no siguen unos horarios funcionariales estrictos y tratan casos muy duros emocionalmente. "Cuando nos contrataron sabíamos que podría pasar, no nos engañaron y sabíamos que éramos interinos que podríamos saltar, pero va en detrimento del servicio", explican los trabajadores.
Las Barnahus son una de las iniciativas que todos los consejeros que han pasado por Derechos Sociales se han hecho suya e, incluso, el actual titular, Mònica Martínez Bravo, ha manifestado la voluntad de abrir nuevas. El Gobierno ha destinado más de siete millones de euros para desplegar el modelo que, con los datos en la mano, funciona para hacer aflorar violencia sexual contra la infancia.
Expertos en violencias machistas apuntan a que una buena solución para evitar estos vacíos de plantilla, a la espera de que el nuevo personal esté formado mínimamente, es crear un cuerpo de funcionariado para la infancia, como ocurre con los cuerpos de los Mossos d'Esquadra, sanitarios o maestros y profesores, que tienen convocatorias de plazas exclusivas entrado funcionarios de carrera sin ninguna experiencia previa.