Lluvia de alegaciones contra la línea de alta tensión que tiene que unir Aragón con el Llobregat

BarcelonaEl "no a la MAT" se ha instalado en las tierras del Ebro y tarraconenses, por donde está previsto que pase una línea de alta tensión que tiene que unir Aragón con el Llobregat. El proyecto, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de julio, justo antes del inicio de las vacaciones de verano, tiene que transportar la energía que se producirá en Teruel (principalmente a partir de parques eólicos) hasta la subestación de Begues, en el Baix Llobregat, para abastecer de energía al área metropolitana de Barcelona. Son en total 287 kilómetros de línea, 181 de los cuales en territorio catalán. Si el proyecto sale adelante, las torres en Catalunya se empezarán a levantar en el término municipal de Batea (Terra Alta) e irán cruzando el territorio pasando por las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Alt Camp, el Baix Penedès y el Alt Penedès para llegar hasta el Baix Llobregat. El macroproyecto, que depende de una empresa privada y tal como está planteado solo necesita el aval del Estado para salir adelante, ha puesto en pie de guerra a las entidades ecologistas, así como a los municipios y a los consejos comarcales afectados, que se han apresurado este verano a organizarse y ponerse de acuerdo para presentar alegaciones e intentar parar lo que consideran "insostenible". El departamento de Acción Climática de la Generalitat también prepara alegaciones, que prevé presentar hoy mismo.

Municipios y consejos comarcales fueron los primeros en presentar las enmiendas y este lunes se han sumado las de las entidades ecologistas tanto de Catalunya como de Aragón. Según denuncian, el proyecto apuesta por “un modelo erróneo de implantación de las energías renovables, basado en producir la energía en grandes centrales, a manos de grandes corporaciones eléctricas, alejadas de los lugares de consumo y situadas en espacios naturales y agrarios”, según el presidente del GEPEC, Xavier Jiménez. Los ecologistas denuncian que provocará un "grave impacto ambiental y paisajístico" pero que también afectará a "los espacios naturales, la biodiversidad, la actividad agraria, el patrimonio geológico, el patrimonio histórico y la calidad de vida en el mundo rural". Según denuncian, "la empresa promotora [Forestalia] se lucrará con el proyecto y recuperará su inversión en pocos años, a la vez que se devalúan los terrenos, casas y masías que no se recuperarán nunca: generar energía verde destruyendo paisajes no es sostenible”, ha lamentado Carlos Avilés, miembro de Xarxa Sud.

Uno de los municipios afectados es Alcover, en el Alt Camp, por donde tienen que pasar 11 torres. Su alcalde, Robert Figueras, ha explicado al ARA que los ayuntamientos están "indignados". Desde su punto de vista, el proyecto se ha publicado "con nocturnidad y alevosía" e incumple algunos aspectos de la normativa vigente, puesto que, entre otros aspectos, "utiliza las líneas de evacuación como si fueran líneas de transporte", y estas son propiedad del Estado. Esta también es una de las alegaciones que presentará la Generalitat.

A la espera del decreto

El hecho de que una empresa esté a punto de hacer llegar la energía desde Aragón evidencia que Catalunya todavía tiene que resolver un reto capital: ¿cómo se abastecerá cuando cierren las centrales nucleares, que como muy tarde tendrán que bajar persiana en 2035? A principios de julio, después de las quejas de muchos ayuntamientos, el Govern congeló los nuevos proyectos eólicos en el territorio y anunció que en otoño presentaría un nuevo decreto con un endurecimiento de las condiciones a cumplir para obtener una licencia. Mientras no llega, sin embargo, el mercado se mueve. "Esto es consecuencia de la absoluta pasividad del gobierno catalán", denuncia Jaume Morrón, gerente de Eoliccat, la patronal del sector. "Si Catalunya consume energía pero no la produce, pues la hacen en Aragón y la hacen llegar hasta aquí", lamenta, y recuerda que, con esta operación, el país "deja de recibir los beneficios que estas instalaciones generan en el territorio", en forma de impuestos y puestos de trabajo. Morrón sentencia: "Si no queremos parques eólicos, lo pagaremos con líneas de alta tensión".

Los alcaldes también comparten la crítica al Govern y exigen que apruebe ya el decreto. Sobre este debate de fondo, el alcalde de Alcover denuncia también el "desequilibrio sobre el territorio" que está provocando la generación de electricidad. "No estamos en contra de las energías renovables, pero no podemos tolerar que nosotros tengamos que tener todos los parques eólicos para dar energía a los grandes consumidores de las áreas metropolitanas", dice, y recuerda que "hay que regular la distribución de la generación de energía y repartirla por todo el territorio".