Matrimonios forzados en Catalunya: “Mis padres quieren que me case con mi primo”

BarcelonaA la hora del recreo, los alumnos del instituto Milà i Fontanals, del barrio del Raval de Barcelona, salen a tomar el aire a la plaza que hay justo delante del centro. Es una mañana cualquiera de un día cualquiera. Charlan animadamente en los bancos y algunos chicos juegan a baloncesto en la pista. Por las facciones es fácil ver que muchos son de familias de origen extranjero. ¿Os queréis casar? La pregunta genera risas nerviosas al principio, pero la mayoría de las chicas contestan con un “sí” rotundo. En cambio, las respuestas varían cuando se les plantea si prefieren que sus padres les escojan el marido, como es tradición en muchos de sus países de origen, o si se inclinan por buscarlo ellas mismas.

“Me guste o no, me lo escogerán”, contesta encogiéndose de hombros una joven de 17 años de origen marroquí. “Prefiero que los padres me busquen un marido, pero que yo pueda decidir si me quiero casar o no”, dice otra chica paquistaní de la misma edad. Una joven siria suelta la siguiente respuesta con cara de circunstancias: “Mis padres quieren que me case con mi primo. Hace un año que insisten. Es un chico muy majo, pero a mí no me gusta”. Ella está enamorada de otro joven, asegura, pero los padres no lo aceptarán nunca porque no es sirio. “En el instituto nos tendrían que explicar dónde buscar ayuda. Nos hablan mucho de los LGTBI, que no nos interesan nada”, afirma. Las otras opinan lo mismo. “Es un problema que tenemos todas. Da igual que seamos de Marruecos, Siria, Pakistán, India, Palestina o Bangladesh”, dice la chica de familia marroquí.

El martes hará un año que dos hermanas que vivían en Terrassa fueron asesinadas en Pakistán por rechazar un matrimonio concertado. En febrero detuvieron al padre por su presunta implicación en el complot familiar que acabó con la muerte de las chicas. El caso, que parecía excepcional, no lo es tanto. Los matrimonios forzados o concertados son habituales en determinadas comunidades y no hace falta irse al extranjero: pasan aquí, en Catalunya.

Desde el 2015 el matrimonio forzado es un delito dentro del Código Penal. En 2020 la Generalitat aprobó un protocolo para prevenir y abordar este problema. Y en junio del año pasado, después del terrible asesinato de las hermanas paquistaníes, creó un comité para “actualizar el protocolo” que ya existía y “crear herramientas de trabajo”. En otras palabras, el matrimonio forzado es un tema sobre el que se teoriza en Catalunya desde hace años, pero todavía no se ha hecho nada práctico, tangible, ni para prevenirlo ni para tratarlo. Ni siquiera durante el último año, a pesar de la conmoción que generó el caso de Terrassa. La directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat, Laia Rosich Solé, asegura que ahora sí que se pondrán manos a la obra: “En junio tendremos una hoja de ruta clara, con acciones y presupuesto”.

El caso de las hermanas de Terrassa ha abierto la caja de Pandora: se ha disparado el número de chicas paquistaníes que piden ayuda para evitar un matrimonio que no desean. La asociación Valentes i Acompanyades, la única de Catalunya especializada en matrimonios forzados, ya ha atendido a ocho desde principios de año. En 2022 también fue el colectivo más numeroso: diecisiete jóvenes pidieron ayuda a la organización, mientras que en 2021 solo lo hicieron cinco. Los Mossos d'Esquadra han registrado la misma tendencia: de las quince mujeres que atendieron el año pasado, seis eran paquistaníes, la nacionalidad más numerosa. Y esto, aseguran, solo es la punta del iceberg.

"En Pakistán todos los matrimonios son concertados", asegura Huma Jamshed Bashir, presidenta de la asociación de mujeres paquistaníes ACESOP, que también tiene la sede en el Raval. Ella misma se casó de este modo aunque, asegura, tuvo la suerte de que su marido es una persona de mentalidad abierta. “Normalmente las casan a partir de los 18 años, pero deciden con quién antes. Cada semana alguna chica viene a la asociación a pedir ayuda, aunque la mayoría desisten”, declara. Se acaban casando con quien no quieren.

Y es que la línea que separa los matrimonios concertados de los forzados es demasiado fina, asegura Aya Sima, de la asociación Valentes i Acompanyades. “Desde pequeñas se les inculca que los matrimonios así son normales y que tienen que hacer lo que decidan sus padres. Si no tuvieran la presión de la familia y de la comunidad, ¿se casarían? Posiblemente no”, afirma.

Mariam es una de las que no desistió. Tiene 25 años, es paquistaní y lógicamente el nombre es ficticio para preservar su identidad. Asegura que pasó un auténtico calvario entre los 14 y los 19 años, porque sus padres la querían comprometer con un familiar. Calvario que vivió sola, en silencio. No se lo comentó a nadie. Porque ¿quién lo entendería aquí? Tampoco se atrevía a explicárselo a colegas paquistaníes, por miedo a que corriera la voz dentro de la comunidad. Hasta que un día no pudo más y estalló en el trabajo. “Me llevaron a los Mossos d'Esquadra para que lo denunciara, pero no lo hice. No me podía independizar”, afirma. Las jóvenes no solo tienen que hacer algo tan fuerte como denunciar a sus padres, sino también pasar a ser autosuficientes, autónomas. Y no es fácil.

Mariam denunció a sus padres cuando ya tenía un trabajo que le permitía mantenerse por sí misma. Entonces también disponía de un pasaporte o de algo tan práctico como dos móviles para pedir ayuda en caso de que su familia la encerrara en casa y le requisaran uno. Valentes i Acompanyades la asesoró en este sentido. Ahora es una referente de la asociación y da apoyo emocional a otras chicas. “Tendría que haber publicidad en las paradas de autobús o en Instagram sobre dónde pedir ayuda, para que no nos tuviéramos que buscar la vida solas”, afirma.

En esto tiene toda la razón. No hay ni un simple folleto informativo de la Generalitat sobre qué tiene que hacer una mujer si se encuentra en esta tesitura. De hecho, la respuesta oficial en muchos CAP o centros educativos es que en Catalunya no existe este problema. "Tengo muy claro cuál es el protocolo para mujeres maltratadas, pero no sé qué tendría que hacer con un caso así, y todavía menos si la mujer es mayor de edad y no ha denunciado", dice la persona responsable de un CAP de Ciutat Vella que prefiere mantener el anonimato. Esta misma confusión existe en los institutos. Quim Taixés, director del instituto Milà i Fontanls, opina que el mejor antídoto contra los matrimonios forzados es alargar al máximo la vida académica de las chicas.

Shazra Javed es un ejemplo en este sentido. Es pakistaní, tiene 32 años, se licenció en química y se ha casado con quien ha querido. “Hay que ponerse en contexto. La realidad es muy diferente en Pakistán. Allí no hay Seguridad Social. La única seguridad es que las hijas se casen con alguien que les dé estabilidad económica y social. Por eso los padres se preocupan tanto en buscarles una buena pareja. Aquí mantienen los matrimonios concertados, porque la inmensa mayoría de los pakistaníes se relacionan entre ellos, y siguen viendo y leyendo la televisión y los diarios de su país. No digo que sea una cosa buena o mala, solo digo que es así”, afirma. Según ella, falta integración. "Y esto es responsabilidad de todos: de nosotros y de la comunidad de acogida".

Cova Álvarez, responsable de la àrea de empoderamiento personal de la Fundación Surt, también insiste en la importancia de trabajar con la comunidad. “Hay muchas mujeres que son trasladadas a Catalunya después de contraer matrimonio a la fuerza con alguien de su país de origen que vive aquí. Su situación es todavía peor, porque no conocen la lengua ni el marco legal”, destaca. Según ella, los matrimonios forzados es una realidad que se conoce de sobra, pero en Catalunya no se quiere mirar a pesar de que hay demasiadas señales de alerta.

Señales de alerta

Por ejemplo, la Generalitat tiene un centro de acogida, L'Olivera, especializado en menores víctimas de tráfico. Lo gestiona la Fundació Idea. El director técnico, David Rodríguez, afirma que un tercio de las adolescentes que atienden huyen de un matrimonio forzado. Una asociación del Raval que trabaja con jóvenes y que prefiere mantener el anonimato asegura que tienen casos de chicas de origen extranjero que se autolesionan a partir de los 14, 15 o 16 años, porque se sienten demasiado presionadas por la familia. Y Carme Baqué, coordinadora del departamento de orientación de secundaria de la Escuela Pía Sant Antoni del Raval, dice que ella misma ve la transformación de muchas jóvenes cuando llegan a la pubertad. “De repente empiezan a llevar el velo, o tienen ataques de ansiedad o sus hermanos las controlan”. La escuela tiene 1.337 alumnos, el 20% de los cuales son extranjeros.

De hecho, plantándose delante de cualquier instituto del Raval a la hora de la salida de clase, es fácil ver a chicas de origen extranjero con la cara cubierta con una mascarilla a pesar de que ya no hay pandemia. En mayo ha empezado la temporada de bodas. En Barcelona hay tiendas especializadas en vestidos de novia de Marruecos o Pakistán, y restaurantes de comida de estos países con salones reservados para eso. Están decorados cuidadosamente, con luces de colores, flores y butacas para que la boda parezca un cuento de hadas, aunque pueda ser una pesadilla.

La directora para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat, Laia Rosich Solé, se quita responsabilidades diciendo que el protocolo sobre matrimonios forzados se aprobó en marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia que hizo cambiar las prioridades. También insiste en que ella asumió el cargo en verano de 2021, y que no ha tenido tiempo para buscar soluciones, a pesar de que ya han pasado casi dos años. “Somos conscientes de que el problema existe y estamos trabajando para saber cuál es la mejor manera de tratarlo. Los servicios de la red de detección de las violencias machistas tendrían que ser un lugar donde las chicas pudieran ir a pedir ayuda”, afirma.

Los Mossos d'Esquadra activan la unidad de seguimiento y atención a la víctima cada vez que les llega un caso. "Podemos pedir medidas cautelares al juzgado, como por ejemplo que pongan una orden de alejamiento a la familia, retiren el pasaporte a la chica, o la lleven a una casa de acogida o un centro de menores", enumera Sandra González, una de las agentes de la unidad. Los matrimonios forzados están castigados con penas de seis a tres años y medio de cárcel. El año pasado, sin embargo, los Mossos d'Esquadra solo detuvieron una persona por esta razón. Llama la atención que la mayoría de los casos que atendieron fueron en la demarcación de Girona, donde Valents i Acompanyades tiene la sede.

La asociación especializada en matrimonios forzados sensibiliza a la sociedad sobre este tema, ofrece asesoramiento y apoyo psicológico y social a las jóvenes, y dispone de tres pisos para acogerlas, si hace falta. "Los pisos de la red pública están muy saturados y nos costaba encontrar plaza", justifica Ruth Rosique, la integradora social de la organización. ¿Y si tuvieran un teléfono al que las chicas pudieran pedir ayuda? “Sería una locura. ¡No daríamos abasto!”, contesta.