Carolina Villacampa: "Los matrimonios forzados que se detectan son sólo la punta del iceberg"

BarcelonaCarolina Villacampa es catedrática de derecho penal de la Universidad de Lleida,en 2017 coordinó su primer estudio estatal sobre matrimonios forzados y actualmente participa en un proyecto europeo para identificar buenas prácticas para abordar este problema. Dice que Reino Unido es el país donde los matrimonios forzados se han visibilizado más en el ámbito institucional y académico, seguido de Alemania y Suecia. España está en pañales.

¿Cuál era el objetivo del estudio estatal que coordinó?

— Constatar la existencia de matrimonios forzados en el país, establecer el perfil de las víctimas, conocer las dinámicas de estos enlaces, saber cómo afloran los casos y cuáles son las entidades más eficientes en la detección. Contactamos con 518 entidades, aunque sólo obtuvimos respuesta de 150. También entrevistamos a treinta y cuatro.

¿Y qué conclusiones extrajeron?

— De las 150 entidades que contestaron, 62 sí habían detectado a víctimas de matrimonios forzados y lo más sorprendente es que la mayoría de las víctimas habían nacido o se habían criado aquí, aunque tenían uno background otras culturas. Es decir, el estereotipo de inmigrante de primera generación no lo encontramos.

¿De qué modo se detectan estos casos?

— Los casos afloraban porque las propias chicas buscaban ayuda. Es decir, se negaban a casarse o habían logrado salir de la situación matrimonial. También nos encontramos con que las entidades que lo detectaban más eran las que tenían formación en este tema. Muchas veces les llegaban casos de violencia familiar y, cuando rascaban, veían que eran casos de matrimonio forzado. Pero de lo que no cabe duda es de que los casos que afloran son sólo la punta del iceberg. Lo importante para detectarlos es que los profesionales estén formados, y en el momento en que realizamos el estudio pocas entidades tenían formación específica sobre matrimonios forzados.

Aparte de formación, ¿qué más se debe hacer?

— En 2015, el Código Penal creó el delito de matrimonio forzado, que prevé que se utilice violencia, engaño o intimidación grave para forzar a una persona a casarse. En cambio, en los casos que nosotros nos encontramos se utilizaba el chantaje y una violencia sutil. Además, el delito de matrimonio forzado no incluye a los matrimonios que no son formales, y la mayoría de matrimonios forzados no lo son, no están registrados, aunque tienen plena validez social de cara a la comunidad. O sea, hemos creado un delito de matrimonio forzado que no sirve para mucho.

O sea, no tenemos herramientas para combatir el problema.

— Actualmente, participo en un proyecto europeo para identificar buenas prácticas para el abordaje de los matrimonios forzados, y hemos realizado un estudio comparado de Finlandia, Irlanda, Alemania y España. España no ha recurrido al derecho civil para prevenir ese tipo de matrimonios.

¿Qué significa?

— Por ejemplo, España podría elevar su edad para contraer matrimonio a los 18 años. Actualmente, un menor emancipado puede casarse a los 16 años. Sin embargo, la mayoría de los países europeos establecen los dieciocho años sin excepción.

¿En qué otros aspectos estamos atrasados?

— En España se aceptan los matrimonios por poderes, lo que hace que muchas veces el padre vaya al país de origen y actúe por poderes de la hija. En otros países europeos el matrimonio sólo es válido si ambos cónyuges están presentes.

¿Hay algo más que podamos hacer?

— Aquí, para establecer una orden de alejamiento, es necesaria una denuncia penal si la víctima es mayor de edad. Esto pone a estas chicas en un callejón sin salida, porque están obligadas a denunciar a su familia para que el juez les garantice una protección. Y muchas veces ellas no quieren denunciar, no quieren que sus padres tengan que ir a un tribunal y sean condenados. Simplemente, quieren tener algún tipo de protección y irse de casa temporalmente. De hecho, cuando esto ocurre, los padres suelen recapacitar.

¿Y esto sí que se hace en otros países?

— En Reino Unido, que es el que está más avanzado en este sentido, un juez civil puede establecer una orden de protección. Y en Alemania también. De hecho, España es uno de los pocos países que sólo puede ofrecer protección si se recurre a un procedimiento penal. Somos los más punitivistas, pero esto no da solución a estas chicas.