La prórroga de los autobuses interurbanos menosprecia el catalán
Diversas entidades denuncian que el decreto no incluye ninguna garantía a los catalanoparlantes mientras aumentan las contrataciones en origen
Barcelona"Es otra oportunidad perdida", lamentan desde Plataforma per la Llengua. La entidad ha denunciado que el nuevo decreto que prorroga las concesiones de los autobuses interurbanos —que ya venían prorrogadas desde hace décadas— no ha incorporado al texto ningún punto que garantice los derechos lingüísticos de los catalanes para ser atendidos en su lengua y reclama que la norma se modifique en los próximos trámites. Sobre todo, apuntan desde el sector, teniendo en cuenta que han aumentado las contrataciones en origen —fuera de Cataluña, e incluso de la Unión Europea— ante la falta de conductores catalanes.
El texto concede a las actuales empresas concesionarias del servicio de autobús interurbano —Moventis, Sagalés, Monbus, Teisa o Alsa, entre otras— continuar explotando estas líneas durante seis años más si hacen algunos cambios, como ampliar la flota y renovar buena parte de los autobuses para hacerlos menos contaminantes y mejorar el servicio y la atención al cliente. Ahora bien, no se incluye ninguna condición ni cláusula para blindar el catalán ni tampoco exige a las empresas proteger los derechos lingüísticos básicos. Por ejemplo, garantizando plenamente el uso del catalán en la atención o las comunicaciones orales, escritas o digitales por parte de las empresas y sus trabajadores.
"No puede ser que un decreto ley que sale del Govern de Catalunya no incorpore el eje lingüístico: quiere decir que directamente no han pensado en ello", se queja Clara Tur, responsable técnica de relaciones con la administración pública de Plataforma per la Llengua. "Y tampoco puede ser que el resto de partidos, cuando lo reciben, no lo detecten y lo reclamen", añade. Tur considera que el texto del decreto ley de urgencia se debería haber "obligado a retirar, modificarlo y volverlo a presentar" en condiciones. "Si lo han hecho con los presupuestos, imagínate si no lo pueden hacer con un decreto sectorial", valora la responsable de incidencia política de Plataforma per la Llengua, que considera que "si no se ha hecho es porque han primado otras prioridades e intereses para dar paso a estas empresas".
Contratación en origen
La incidencia no es menor en este sector, según la asociación de expertos Promoción del Transporte Público (PTP). La demanda en los autobuses interurbanos se ha incrementado un 50% en cinco años y se prevé que aún suba un 30% hasta 2030. "Todas las empresas están buscando más autobuses y más conductores", asegura el presidente de la PTP, Adrià Ramírez, que explica que esta falta evidente de profesionales coincide con una "falta de vocación". "Ya ha pasado que hay empresas haciendo formaciones para futuros conductores con la promesa de contratación garantizada y también mucha contratación en origen", señala Ramírez.
La falta de conductores de autobuses en Cataluña es un problema reconocido también por las empresas del sector. La contratación en origen es la manera que han encontrado muchas de las operadoras de cubrir estas vacantes: ofreciendo trabajo y un contrato que permite conseguir el permiso de residencia y trabajo vinculado a esta oferta laboral. "Es muy importante que la empresa se responsabilice de formar lingüísticamente, con un nivel mínimo, a los conductores", argumenta Ramírez. "Esto debería salir de la empresa, pero también creemos que debería ser un requisito obligatorio y controlado por parte de la administración", continúa el presidente de la PTP. "[El nuevo decreto] Era una oportunidad clave para regular este sector en el ámbito lingüístico, tal como ya estamos haciendo con el sector del taxi, con la formación, la acreditación...", añade Tur.
Forzar el cambio
A pesar de todo, Plataforma per la Llengua no se da por vencida y ahora quiere intentar que el decreto añada estos cambios en futuros trámites parlamentarios. "Estamos trabajando con los grupos políticos y con los servicios jurídicos y continuaremos intentando que mejore la situación. Una opción sería hacerlo con una enmienda vía la ley de acompañamiento de los presupuestos, lo estamos estudiando", explican los portavoces de la organización, que matizan que "no es la mejor manera". "Habría sido mejor hacerlo bien desde un inicio —reivindica Tur—, no puede ser que la política lingüística se relegue a una consellería, todos los departamentos deberían incorporar este eje en todo aquello que hacen, igual que ya se hace con los temas de sostenibilidad o de igualdad", afirman.
Por su parte, el grupo de Junts ya ha anunciado que presentará una proposición de ley para modificar el decreto en este mismo sentido y, así, asegurar el conocimiento del catalán entre el personal del transporte interurbano. La iniciativa plantea incorporar explícitamente que, en el momento de renovación de la flota y la ampliación de servicios, el nuevo personal contratado tenga, como mínimo, el nivel B1 de catalán.