Un universitario reclama 9.211 euros por el daño que le ha causado "el mal funcionamiento de Cercanías"

Barcelona"Ya es suficiente. Tienen que saber que los usuarios no nos quedaremos de brazos cruzados". David Pujol, un estudiante de matemáticas de la UAB de 19 años, ha decidido calcular y reclamar todos "los daños morales y económicos" que asegura que le ha causado el mal funcionamiento de Cercanías de Renfe. Este martes el joven, que convive con una neurodivergencia –tiene un trastorno obsesivo-compulsivo–, interpuso una reclamación patrimonial al ministerio de Transportes y a la Generalitat en la que les exige un total de 9.211,35 euros "por una negligencia continuada" que asegura que ha afectado "gravemente" su vida y su salud mental. "Iré a juicio si es necesario", sentencia.

David empieza explicando a el ARA su historia por el final: "Me he tenido que cambiar de casa, a Pineda de Mar, hasta Cerdanyola. Y no es por gusto, es para poder estudiar y vivir más tranquilo", relata. Pero la peripecia para llegar hasta aquí empieza en 2024, cuando entra a la universidad. "Pineda no está lejos de la universidad, pero si vas en transporte público, sí. Después de estudiar muchas formas de llegar, la mejor era coger la R1 de Calella hasta el Clot, allí coger un metro hasta Fabra y Puig y desde allí coger la R7, que llega a la Autònoma. Si todo va bien son dos horas y cuarto de recorrido, mientras que en coche son 40 minutos", argumenta.

Este estudiante explica que ya había asumido estos tiempos y que durante muchos meses se levantaba de madrugada, a las 4, para coger el primer tren y llegar a las 7 al campus de Bellaterra: "Al menos me aseguraba que llegaba a las clases y de 7 a 9 hacía otras cosas, como estudiar en la biblioteca o ir al gimnasio", relata. Pero entonces "la línea empezó a fallar". "Se suprimían trenes cada dos por tres, había muchos problemas de inseguridad, poco personal y retrasos increíbles: un día estuve dos horas esperando en Fabra y Puig", continúa.

"Por mi trastorno, tengo unas necesidades de control, y no tener acceso a ningún tipo de información me ha afectado muchísimo. He sufrido muchísima ansiedad, problemas de sueño y también de concentración para los estudios. Por eso he decidido ir más allá", explica David a este diario. Su espíritu matemático ha desplegado todos sus dotes de investigación, recopilación y análisis de datos y se ha cargado de argumentos. "Por un lado, la ley 6/2022 dice que las administraciones, incluido el transporte, deben ser accesibles no solo para las discapacidades físicas sino también para las personas que tienen problemas cognitivos. Y hoy día Renfe no es accesible para personas que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo como el mío o un autismo, por ejemplo", asegura. Y continúa: "Tengo un informe de mi psicóloga que avala los daños que ha supuesto Cercanías para mi salud mental, y tengo un Excel donde he recogido 55 incidencias concretas y cómo me afectaron personalmente. He puesto un total de 33 reclamaciones escritas, 10 digitales, tres a la Síndica de Greuges, una a Consum y una a Treball, por el día que hubo incumplimientos en los servicios mínimos", detalla.

En total, David reclama 2.000 euros por "desarraigo", porque ha tenido que marcharse de su casa "solo por poder estudiar"; 4.500 euros por daños en su salud mental; 2.500 euros más porque considera que se le ha "prohibido" su derecho a estudiar, con la pérdida de exámenes y horas de clase, y 211 euros más que corresponden a los billetes de transporte público. "Creo que he hecho bien –sentencia–. He elegido poner una reclamación patrimonial y si no me responden o me lo deniegan llegaré hasta el final: entonces cogeré un abogado e iré por la vía del contencioso administrativo, interponiendo una demanda –avanza–. No pienso perder más tiempo y, de todo lo que he perdido hasta ahora, creo que alguien debería hacerse responsable".

De la indignación a la movilización

La indignación de David, que él mismo asegura que es la de muchos otros usuarios, no solo le ha hecho moverse para reclamar lo que considera que le corresponde por la vulneración de sus derechos particulares, sino que también le ha hecho mover ficha por los derechos colectivos. "Con solo 18 años pedí hora en Territorio para tener una cita con el secretario de Movilidad, Manel Nadal, y me la concedieron. Me reuní con él el pasado junio y en el encuentro también estaba Antonio Carmona, portavoz de Renfe –explica–. Me pidieron perdón varias veces, pero yo lo que quería era arrancar el compromiso de que la R7 mejoraría".

Al ver que la situación no solo no mejoraba sino que el pasado noviembre la línea quedó parada, decidió ir más allá. "Ahora estoy en contacto con la plataforma de usuarios Dignidad en las Vías porque quiero montar otra en el Maresme, para la R1", explica David, que ahora participa en las reuniones semanales del Govern y la operadora con los usuarios, a raíz de todo el caos ferroviario por el accidente mortal de Gelida el pasado enero. "Las veces que he podido reunirme con los políticos me da mucha rabia ver que realmente están desconectados de la realidad: no es tan difícil coger un tren y ver qué les pasa a los usuarios –se indigna–. Quiero llegar hasta el final para que vean, en parte, quiénes somos los usuarios, y que no nos quedemos callados", concluye.