Hugo Morán: "No es mala fe, sino una absoluta incapacidad del gobierno valenciano de estar al frente de la emergencia"

BarcelonaHugo Morán (Asturias, 1963) es el secretario de estado de Medio Ambiente y número 2 de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. A las 20 horas del 29 de octubre, el día en que la DANA ya causaba estragos en varios municipios sin que hubiera una reacción de la Generalitat Valenciana, Morán llamó a la consellera a cargo de la emergencia, Salomé Pradas, por avisarle de que la presa de Forata estaba a punto de desbordarse. Pocos minutos después se envió la alerta masiva, que llegó demasiado tarde para muchas personas.

Secretario, ¿podría explicarnos el contenido de la llamada con Pradas y qué información le trasladó ella?

— En los seis años que llevo al frente de la secretaría de estado, por desgracia he tenido que conectar muchas veces con consejeros a consecuencia de fenómenos de estas características y el protocolo siempre es el mismo. Una vez que tenemos conocimiento del alcance de los hechos, llamamos para contactar con el responsable de la gestión de la emergencia y poner a su disposición los recursos operativos del ministerio. Y éste no es un caso diferente. Cuando concluye la reunión del Centro de Cooperación Operativo Integrado (Cecopi), tanto la delegada del Gobierno como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ponen en contacto conmigo para explicarme las informaciones y su diagnóstico. Sabida la situación, llamo a la consejera para decirle: "Consellera, estamos aquí para todo lo que necesite la Generalitat. Tiene todo nuestro operativo a su disposición, todo lo que necesite y esté a nuestro alcance queda a la suya disposición”. Ésta fue la razón de la llamada.

¿Recuerda cómo reaccionó Pradas?

— En ese momento estaba en una situación de tensión y sencillamente lo que me dijo fue: "Muchas gracias, secretario, ahora estamos precisamente valorando esta situación". A partir de ese momento ya no tuve más regreso de la consejera.

El envío de la alerta llega cuando ya existían desbordamientos en varios municipios. Usted defendió y calificó de "impecable" el trabajo de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la CHJ. ¿Cree que el problema está en la interpretación del Cecopio o del gobierno valenciano?

— Creo que existe un profundo desconocimiento de cuáles son las competencias y el proceso de toma de decisiones cuando la consellera, el jueves, dice desconocer la existencia del sistema de traslado de alertas. La preocupación es cuáles podrían ser las razones por las que quien tiene la responsabilidad última de la activación del protocolo de emergencias en todo el territorio de la comunidad autónoma no las activó. Ésta es la incógnita. Otras instituciones, colectivos y los propios medios de comunicación trasladaban puntualmente la información; muchos ciudadanos tomaron decisiones personales de prevención, bien porque seguían la información de Aemet, bien porque hicieron caso de las llamadas de los medios de comunicación o de algunas instituciones. A medida que van pasando las horas y se van sucediendo las declaraciones, los desmentidos y las correcciones, da la impresión de que lo que ocurrió realmente no fue un problema de mala fe, sino un problema de desconocimiento absoluto de cuál debería ser la modo de actuar en una situación de estas características; de menoscabo de cuál era el alcance de las alertas que se estaban trasladando y, probablemente, parece que lo que se revela es una absoluta incapacidad para estar al frente de determinadas responsabilidades.

¿Considera que la Generalitat actuó de forma negligente?

— Sabemos que no aplicó los protocolos que otros en el mismo territorio, con la misma información y las mismas horas, sí activaron. En una comparación objetiva, hubo quien actuó correctamente y hubo quien no lo hizo. Es evidente que, en ese caso, la Generalitat no estuvo a la altura de las circunstancias.

La primera alerta de la Aemet llegó a las 7.30 h, pero la primera reunión del Cecopio no se convocó hasta las 17 h.

— Para un correcto funcionamiento, lo que se pone en marcha es un mecanismo de coordinación interno entre los diferentes operativos (Guardia Civil, UME, servicios de las confederaciones hidrográficas). Sabemos que a primera hora de la mañana la delegada del gobierno convocó a los operativos del Estado para que estuvieran en alerta y preparados para activarse cuando se les requiriera. Más aún, la delegada llamó reiteradamente a la consellera a lo largo de la mañana para decirle que la información era preocupante y que la delegación y los operativos estatales estaban preparados para poder intervenir. También la propia CHJ, todo el día, incluso durante la reunión del Cecopio, traslada a la consellera la necesidad de que se envíe el aviso masivo.

¿Qué falló para que el aviso no llegara con tiempo suficiente?

— El motivo por el que transcurre todo ese tiempo sin que se tomen decisiones es la gran incógnita. De momento, lo único que ha habido han sido intentos de eludir su responsabilidad diciendo que si no había información suficiente, que si había llegado tarde... Esto no se sostiene. La información era la misma para todos. Los servicios y los profesionales de emergencias de la comunidad saben perfectamente cómo se trabaja en estas situaciones porque, desgraciadamente, la Comunidad Valenciana lo ha vivido con anterioridad. Los servicios de la Aemet y la CHJ funcionaron adecuadamente y la información fluyó dentro del plazo y forma adecuados. Lo que falla no es la estructura de valoración de riesgos, sino la decisión política.

En una situación como ésta, ¿el gobierno español se plantea intervenir?

— Estos años he tenido que lidiar con situaciones de este tipo, aunque nunca ha pasado nada parecido, y siempre se han activado los operativos en un tiempo más o menos razonable para que el gobierno español estuviera preparado cuando se le pedía apoyo. En este caso, cuando aparecen indicios de situación de riesgo en una presa, la de Forata, los técnicos ponen en marcha los servicios de alerta y el gobierno español interviene en el ámbito de su responsabilidad y al mismo tiempo traslada a la Generalitat que pone a disposición de los operativos. Si la Generalitat considera que está absolutamente desbordada o se ve incapaz de darle una respuesta, debe declarar el nivel 3. En un estado de autonomías, cualquier otra cosa habría supuesto de facto la destitución del presidente Mazón.

¿Pidieron la activación del ES-Alert antes de las 20 h?

— A lo largo de la tarde, desde la CHJ y los miembros de la administración general del Estado presentes en la reunión del Cecopio, se traslada a la consejera la petición de que se lance la alerta al conjunto de los ciudadanos. Tengo constancia de que fue así.

¿A qué hora?

— No me atrevería a dar la hora, pero la grabación de la sesión del Cecopio estará disponible y debería haber una perfecta trazabilidad de lo que ocurrió en estas largas horas, como qué dijo cada uno y qué información se fue trasladando, como hizo Aemet y la CHJ. Sería muy sano que la Generalitat hiciese pública la grabación.

De acuerdo con los resultados trágicos, ¿qué cree que podría haberse hecho mejor, tanto desde la Generalitat como desde el gobierno español?

— Todavía hay personas buscando familiares y deberíamos estar todos centrados en atender esta dramática situación. Pero por razones que no llego a entender, la Generalitat ha puesto en marcha un debate estéril, trasladando informaciones falsas, y estamos derivando tiempo y esfuerzos a un debate que debería producirse una vez se recupere la normalidad. Entonces podremos analizar qué funcionó bien y mal, si hay alguna responsabilidad y al que hay que exigirle. En cambio, debemos desmentir las falsedades que se van volcando constantemente. Ignoro por qué [el gobierno valenciano] ha entrado en esta dinámica, pero no beneficia en nada a la ciudadanía y deteriora la imagen de las administraciones. Más allá de esto, es necesario reforzar todos los mecanismos de respuesta para unos escenarios que sabemos que están aquí, que ya los vivimos a consecuencia del cambio climático.

¿Habría mejorado algo en la gestión de la DANA en Valencia que los planes transversales de cambio climático ya estuvieran vigentes?

— Hace años que intervenimos en este ámbito. Se están invirtiendo unos 40 millones de euros en la renovación de buena parte de los sistemas de toma de datos de Aemet para adaptarlos a las nuevas circunstancias. En el caso de las confederaciones hidrográficas, unos 250 millones se están ejecutando para mejorar el sistema automático de información hidrológica. Hay que mejorar nuestra capacidad de respuesta y debemos sacar lecciones de esta desgracia. También sabemos que algunos de los datos con los que históricamente se ha trabajado para construir y gestionar infraestructuras establecían unos volúmenes de gestión de caudales en avenidas que están muy lejos de los que hemos constatado con esta DANA, de unos 1.400 metros cúbicos por segundo. La realidad es que los datos se mueven entre los 3.000 y 4.000 metros cúbicos por segundo, entre tres y cuatro veces más.

¿Habrá que revisar las zonas que se consideraban seguras o con riesgo limitado de inundación?

— Radicalmente sí. Una de las obligaciones que tienen el conjunto de las administraciones es replantearse sus propias capacidades de diseño y planificación para garantizar la seguridad pública y ciudadana, sabiendo que la realidad natural sobrepasa con creces nuestra capacidad de respuesta. Tenemos municipios situados en suelos inundables y si la humanidad es incapaz de contener la subida de la temperatura media global por encima de 1,5 grados, los escenarios a los que nos enfrentaremos son imposibles de predecir. Los fenómenos extremos lo son cada vez más. Por eso se puso en marcha un proceso de revisión en 2021, con la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, y los planes hidrológicos ya incorporan el impacto del cambio climático.

¿Hay alguna zona del Estado que les preocupe más?

— La región mediterránea es probablemente uno de los puntos calientes del planeta. Las demarcaciones que dan tienen incorporados mayores niveles de riesgo que las que dan al Atlántico.

Cree que el corriente política contraria a la existencia del cambio climático ¿ha sido un problema para gestionar la tragedia?

— Hay otra DANA de difusión masiva de mentiras y fake news en las redes sociales que en algunos casos confluye hacia determinados medios de comunicación. A la mayoría, que no lo hacen, debo solicitarles que en un futuro sigan manteniendo esta vocación de vigilancia para que al ciudadano no se le engañe y ni se le mienta. O la política y la economía funcionan de la mano con la ciencia o encontraremos que la dimensión de una catástrofe será imposible de gestionar. Quien niega la evidencia científica nunca debe estar al frente de la gestión de los intereses públicos.

¿Existe alguna cuantificación de los daños en las zonas arrasadas?

— Ahora toda la estructura de respuesta de la recuperación de las infraestructuras y equipamientos se centra en normalizar el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua. Sorprendentemente, se está realizando en un tiempo récord y consideramos que en pocos días tendremos recuperado, en algunos casos con soluciones provisionales, el suministro para todos. En paralelo, se está identificando cuál es el alcance de los daños sufridos en las infraestructuras para cuantificar económicamente cuál será el valor presupuestario para tener estas instalaciones, ya no de forma provisional, sino definitiva, recuperadas lo antes posible.

El barro que se retira de los municipios se asoma a las cloacas.

— Sí. En un primer momento, operativos y voluntarios intentaban limpiar las calles de la forma más rápida posible para tener unas condiciones de salubridad y que la gente pudiera acceder a sus viviendas, para que los servicios sanitarios puedan acceder a las zonas afectadas y se pudiera hacer la recogida de basura. Disponer de la red de alcantarillado era el recurso más inmediato. a posteriori en la gestión de las aguas fecales. Los diferentes operadores están intentando encontrar soluciones para que no se atasquen los colectores, intentando recuperar el barro vertido para liberar las tuberías.