Opositores en Madrid: cuatro años enclaustrados para ser alto funcionario

MadridSi entráis en YouTube es posible que os salte un anuncio en que un señor llamado José María Bea, famoso por haber ganado varios concursos memorísticos en la televisión, promete tener la fórmula para haceros ganar una oposición. “Has vivido engañado, todo el mundo puede tener una memoria como la mía”, afirma mirando a la cámara. Miles de personas se enfrentan a una oposición cada año en todo el Estado, pero en Madrid se concentra la élite de estos estudiantes, los que aspiran a una plaza de alto funcionario y que dedican una media de cuatro años de estudio y sacrificios para conseguir un trabajo seguro para toda la vida que, además, como veremos, te abre muchas puertas más. Y la memoria, como bien ha detectado José María Bea, juega un papel capital.

Ingrid (nombre ficticio) lo tiene claro desde que acabó el doble grado de derecho y economía en la UPF: quiere ser economista del Estado. “No me veía en el sector privado y me gusta el servicio público”, afirma. Los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (TCEE) son el cuerpo de funcionarios que elaboran y ejecutan las políticas económicas del gobierno central. Empezó a estudiar hace un año y medio en su casa en una academia online y hace seis meses que llegó a Madrid para instalarse en uno de los colegios mayores más prestigiosos de la capital, el César Carlos, donde ella y un centenar de compañeros provenientes del resto del Estado (los madrileños no pueden acceder) hacen una vida casi monacal. “Mientras estamos aquí no nos tenemos que preocupar por nada. Normalmente estudiamos durante ocho horas reales, pero antes de los exámenes podemos estar hasta diez o doce. Y solo descansamos un día a la semana, el sábado o el domingo”.

Ingrid pasó el primer filtro, un test, donde de 260 aspirantes ya solo quedaron 85. Ahora estos 85 compiten por 17 plazas. Su rutina pasa por el estudio y por los cantes, una palabra de argot con la que se hace referencia a los ejercicios en que se tiene que exponer un tema durante 30 minutos. En el primer examen, dentro de unas semanas, entran 90 temas. Y en el segundo, unos meses más tarde, serán 60. En total, 150. Una barbaridad. Y esto que su oposición no es de las más memorísticas, porque incluye casos prácticos.

“El sistema de acceso al funcionariado está completamente obsoleto, puesto que ahora hacen falta otro tipo de habilidades más allá de las memorísticas”, afirma Carles Ramió, catedrático de ciencia política y de la administración de la UPF. Ramió es uno de los expertos que elaboraron un informe sobre la reforma de la administración pública para el ministro Miquel Iceta cuando estaba al frente de Política Territorial, y señala que en la cuestión de la selección hubo consenso. “Ahora el acceso acaba siendo endogámico y elitista. Muchas veces son hijos de funcionarios que se han socializado en este ambiente y de familias que tienen recursos económicos y se pueden pagar los gastos que supone preparar una oposición”.

El coste de ser opositor

Ingrid paga 600 euros al mes por su plaza en el César Carlos, pero admite que este es un colegio subvencionado por el Estado y que los totalmente privados se van por encima de los mil euros. Después se tienen que sumar los gastos en una academia o en los preparadores, que son altos funcionarios que ya han conseguido la plaza y consiguen un sobresueldo formando opositores. Con ellos se preparan los cantes de los temas en sesiones de una a dos horas que cuestan unos 70 euros. En total, los que están en colegios mayores pueden llegar a necesitar entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ingrid no considera, sin embargo, que el sesgo económico sea mucho más elevado que, por ejemplo, a la hora de hacer un máster. “Muchas familias se lo pueden permitir”, concluye. Ella es hija de abogados.

Aquí también entra la picaresca. eldiario.es destapó hace unas semanas que altos funcionarios del Banco de España habían preparado una academia ad hoc para preparar opositores en la que todo se pagaba en negro. “Es una práctica habitual”, dice Ramió, y esto que se trata de altos funcionarios como abogados del Estado o incluso inspectores de Hacienda.

La media para conseguir una plaza de alto funcionario son cuatro o cinco años, y en algunos casos, como la carrera diplomática, se ensarta a siete. “Como en todo hay clases. Hay familias enteras que son altos funcionarios y se mira mal a los que solo son TAC (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado)”, explica Ramió. La mayoría, sin embargo, lo dejan después de invertir años. 

La competencia es feroz y en Madrid, donde están las plazas más codiciadas, se concentran estudiantes brillantes de todo el Estado con un mismo objetivo. Cerca del Colegio Mayor César Carlos hay otros. No en vano, en la capital del Estado hay toda una industria del opositor. Para Ingrid es un sacrificio que vale la pena. Ahora bien, tienes que estar dispuesto a “perder” tus mejores años, desde que se acaba la carrera hasta la treintena, a veces.

Eso sí, el premio no es solo una plaza de por vida, sino entrar a formar parte de una élite con ramificaciones en la política y la economía. “Se calcula que un 60% de los abogados del Estado están en excedencia porque o bien están en política o bien les han fichado las empresas del Íbex”, dice Ramió. “Esto quiere decir que controlan la triple agenda: la administrativa, la política y la económica”. 

Hay incluso promociones de abogados del Estado que son famosas. Es el caso de La Gloriosa de 1996, la promoción de la ex vicepresidenta con Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. De ahí salieron varios altos ejecutivos de Telefónica (como el mismo marido de Santamaría), subsecretarios de varios ministerios en la época de Rajoy y Aznar. Es especialmente significativo el caso de Marta Silva, hija del ex ministro de Obras Públicas franquista y fundador de Alianza Popular (el partido predecesor del PP), Federico Silva, y sobrina del ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta, uno de los implicados en el caso Gürtel que ya han muerto. Marta Silva fue persona de confianza de Florentino Pérez, secretaria general del Real Madrid y de Sacyr Vallehermoso.

Origen y apellidos

La gran pregunta es si estos cuerpos del Estado son representativos de toda la población o tienen un sesgo de clase social y territorial. Para responder a esta pregunta con datos en la mano, el profesor de la Universidad de Warwick Manuel F. Bagués estudió en 2005 varias variables y llegó a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, en las oposiciones a abogado del Estado o diplomático más del 40% de los aspirantes son de origen madrileño. Bagués también destaca la abundancia de apellidos compuestos entre los opositores a alto funcionario, que son un 10%, cuando en el resto de oposiciones no llegan al 4%. Esto también podría ser un indicador de endogamia.

“Dentro del alto funcionariado hay auténticas sagas familiares”, dice Ramió. Como ejemplos recientes vinculados al Procés podemos citar el caso de los hermanos De los Cobos (uno coronel de la Guardia Civil y el otro presidente del TC) o las hermanas Lamela (una magistrada de la Audiencia Nacional y la otra interventora general del Estado encargada de controlar las finanzas de la Generalitat). Ramió conoce muy bien esta realidad porque él mismo estudió durante siete años en Madrid. “¡Y cuando acabé pensaba como ellos!”, dice riendo. “No es solo los que son de Madrid, sino los que vienen de fuera y acaban siendo como los de Madrid. Esto es un problema, porque en el Estado predomina solo este punto de vista centralista”.

Ahora mismo está en trámite una ley que intenta cambiar un sistema de acceso a la función pública más que centenario para sacar peso al factor memorístico y asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las asociaciones de altos funcionarios consideran que el sistema es el más objetivo posible y que cambiarlo podría dar pie a cierta politización o arbitrariedad. “Esto no es cierto”, rebate Ramió, que recuerda que en la Comisión Europea ya han introducido cambios en los procesos de selección para incorporar factores como el trabajo en equipo. “El momento de hacerlo es ahora, puesto que hasta 2030 se jubilarán un millón de funcionarios”, añade.

Ingrid y sus compañeros no llegarán a tiempo y tendrán que continuar estudiando con el viejo sistema. Hay un refrán que recuerda cuál es el objetivo: “El garbanzo del estado es duro pero seguro".