La PAHC denuncia un desahucio de 41 personas en Manresa: "Es una salvajada"

Abdelahim, su mujer y sus hijos llegaron en patera buscando una situación estable para su familia. Abdelkader, sin ingresos, no tiene trabajo y le cuesta encontrar uno porque le falta una mano. Wassima tuvo que elegir entre ocupar o dejar de alimentar a sus hijas. Son tres de los 41 vecinos que viven desde el 2018 en un bloque ocupado por la PAHC en la carretera de Vic de Manresa. Si no pasa nada, en diez días pueden quedarse en la calle. Ganaron el juicio contra el propietario del edificio, pero presentó recurso y ahora la justicia le ha dado la razón. "No somos delincuentes, solo queremos vivir", dice Wassima. Y es que, además de quedarse sin techo, se ha impuesto una multa de 450 euros por vecino. Si no la pagan, pueden ir a la prisión.

En el bloque, ubicado en la carretera de Vic de Manresa, viven 41 personas, 15 de las cuales menores de edad. El edificio, propiedad de un gran tenedor, estaba deshabitado cuando la PAHC lo ocupó en enero del 2018. El juicio, ganado por los vecinos, fue en octubre del 2019, pero el recurso de la propiedad, un gran tenedor, cambió la situación y ahora serán desalojados.

La propia PAHC reconoce que la resolución los ha cogido por sorpresa y exigen a las administraciones que hagan algo. "Para Manresa serán 41 personas de golpe en la calle", recalca Berni Sorinas, portavoz del colectivo, que denuncia también que, además de echarlos, si hay impago de la multa puede haber prisión. "Es una barbaridad que para tener un techo tengas que ir a la prisión", denuncia.

Vecinos atemorizados

Wassima es una de las inquilinas más veteranas del bloque. Explica que sola, con dos hijas, fue la única alternativa que encontró para subsistir. "Todos los que vivimos aquí hemos ocupado por necesidad y estamos muertos de miedo, porque nos quedaremos en la calle", relata, e insiste en que ellos lo que querrían es poder pagar un alquiler social, que la PAHC ha intentado negociar con la propiedad, que, según aseguran, no los ha querido recibir nunca.

"No queremos vivir gratis, pero es que no tenemos alternativa", lamenta Wassima, que asegura que todos los vecinos del inmueble están en una situación precaria. Latifa explica que no tiene papeles, hecho que le impide encontrar trabajo. Mohammed está pendiente de su quinta operación de corazón. Asmae no se puede levantar de la silla de ruedas. Louisa, con 85 años, cobra 300 euros de pensión. "¿Qué alquilo con este dinero?", se pregunta.

Aparte de las residencias particulares, en el mismo bloque de pisos la PAHC también tiene ubicada la Escuela de Jóvenes, una escuela de alfabetización de mujeres y un espacio de la Escuela Popular.

Pendientes de un segundo juicio

Aparte del desalojo, la multa es de 450 euros por adulto, es decir, cerca de 9.000 euros en total. Desde la PAHC tienen intención de organizarse para recaudar el dinero a través de iniciativas solidarias y evitar que ningún inquilino pueda acabar en la prisión.

Los vecinos, además, tienen un segundo frente abierto. El primer juicio –ganado y perdido con el recurso– se hizo en el juzgado penal, pero la propiedad también presentó denuncia administrativa, pendiente todavía de fecha de juicio y que podría comportar más sanciones para los vecinos.