“Parece que los discapacitados intelectuales no tengamos relaciones sexuales, ni identidad, ni género”

Barcelona“Ser discapacitado intelectual y encima homosexual es un golpe demasiado duro para muchas familias, ya lo entiendo”. Quien habla es Lali Ribas, miembro de la Fundació MAP, que a menudo ha sufrido en primera persona una doble discriminación: por su condición de persona discapacitada intelectual y por el hecho de ser lesbiana. “Pero los discapacitados intelectuales no somos asexuados –reivindica Ribas–, tenemos relaciones sexuales e identidad y género, ¡como todo el mundo! Y somos los grandes invisibles del colectivo LGTBI”, sentencia. Su testimonio se ha podido escuchar este jueves por la mañana durante la presentación del informe LGTBI-fobia estructural, elaborado conjuntamente por el Observatorio Contra la Homofobia y la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya. El estudio, presentado este jueves en el Ateneu Barcelonès con la colaboración del ARA, repasa la situación de este colectivo –también entre los más vulnerables– y la discriminación que a menudo todavía sufren en el acceso a los derechos sociales más básicos. En el debate, moderado por el director adjunto del diario, Ignasi Aragay, también han participado Belén Camarasa, de la Fundació Surt, y Manuel Peinado, presidente de la Plataforma LGTBIcat.

El informe subraya la falta de datos sobre el colectivo LGTBI, pero aún así sus impulsores han hecho un esfuerzo de recopilación de registros incluso europeos. Así, remarca que el 30% de las personas LGTBI en el estado español no van a algunos lugares por miedo y la mitad de las que tienen pareja evitan darse la mano en público. Además, el 42% aseguran haber vivido un episodio de discriminación en el último año. En cuanto al colectivo trans, una de cada cinco personas trans encuestadas ha sido atacada físicamente o sexualmente en los últimos cinco años. Lo que sí se observa, en comparación con la anterior encuesta de 2012, es que "la visibilidad del colectivo ha aumentado en los diferentes ámbitos de la vida social, pero, en paralelo, también han crecido los niveles de discriminación que sufre", destacan las entidades. 

Como le pasa a Ribas, la vida cotidiana de las personas LGTBI todavía choca con muchas trabas en ámbitos como la salud, la educación, el mundo laboral o en su relación con los cuerpos de seguridad o la justicia. Los autores del informe destacan algunas discriminaciones clave, como por ejemplo el acceso a las técnicas de reproducción asistida, el acoso escolar por razón de identidad o género, el acceso a la vivienda o al alquiler –que es mucho más complicado sobre todo para las personas trans– o también las discriminaciones en el acceso al mercado laboral y dentro del entorno del trabajo. En cuanto a las administraciones públicas resaltan la poca flexibilidad de la burocracia en el Registro Civil o las malas experiencias de víctimas de delitos de odio en relación a la justicia o los cuerpos de seguridad. “A menudo se cuestionan los relatos, se minimiza la gravedad de los hechos o se hacen preguntas de índole sexual que no corresponden”, ha asegurado Sergi Suárez, uno de los autores del informe. Entre los colectivos más vulnerables está el de las personas con discapacidad intelectual, las personas mayores y las mujeres “visiblemente trans”. 

Més educación, leyes y recursos

Con estos datos en la mano la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 entidades sociales, ha instado a las fuerzas parlamentarias a hacer, en palabras de la presidenta de la Mesa, Francina Alsina, un “cordón sanitario” para aislar los discursos de odio y ha exigido que la administración pública vele por la promoción y defensa de las políticas inclusivas. “Se han dado muchos pasos adelante, muchos protocolos y políticas, pero ahora hay que desplegarlos en todo el territorio y también sacar adelante el régimen sancionador previsto en la ley”, ha puntualizado Suárez.

Entre las propuestas más inmediatas, la educación es la que más se ha repetido: “Hay que formar y educar en estos valores al personal de la administración pública, la justicia y los cuerpos de seguridad”, señala Suárez. Tanto el Observatorio Contra la Homofobia como la Mesa consideran que la ley española de 2014 por la erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia es un buen texto pero piden más recursos económicos para poderla hacer cumplir en cada comunidad autónoma. Así, en el caso de Catalunya los autores del informe ven en el actual debate de los presupuestos una oportunidad para incluir las partidas necesarias que permitan mejorar la situación tanto en la administración pública como a pie de calle, en ámbitos como el de la salud, la educación o el trabajo.