La prostitución divide a la izquierda en el Congreso

MadridDesde siempre, el debate alrededor del trabajo sexual no solo ha tenido lugar en la calle y dentro de los colectivos feministas, sino que también se ha trasladado a los partidos políticos y, en concreto, al Congreso de los Diputados. Los últimos meses, a raíz de la tramitación en la cámara baja española de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí e impulsada por el ministerio de Igualdad, así como de la elaboración de una futura ley integral contra el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual, se ha puesto de nuevo el foco sobre el debate mostrando que también en el ámbito institucional hay diferentes posturas.

¿Abolición o regulación?

Algunos partidos no han fijado posición y mantienen el debate abierto

Si bien algunos partidos se han mostrado abiertamente abolicionistas, como el PSOE, no todos han fijado posición. “La prostitución no es un trabajo, es la institución patriarcal que legitima la idea que siempre hay mujeres disponibles para satisfacer los deseos de dominación de los hombres”, defiende la portavoz socialista en la comisión de igualdad del Congreso, Laura Berja. La posición abolicionista también la secunda la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la defensa ligada a medidas de reinserción laboral. La izquierda española ha sido tradicionalmente abolicionista y se ha diferenciado siempre de la posición de la izquierda catalana, que ha tenido una mirada más bien favorable a la regulación. El ejemplo más claro es el debate que hay dentro de Unidas Podemos, porque los comuns, por ejemplo, tienen una posición pro derechos. "Apostamos por el derecho a tener derechos", argumentaba hace unas semanas la diputada de los comuns Aina Vidal. Igual que ERC o la CUP. “Siempre se tiene que recoger [el debate] desde la perspectiva del derecho de las mujeres”, apunta la diputada de ERC Pilar Vallugera, que pone el foco en la voluntariedad, y rehúye las posiciones “moralistas”, que a la vez hacen un bloque con el “conservadurismo”. Coincide con ella la diputada de la CUP Mireia Vehí, que no entiende que Podemos esté a favor de regular el cannabis para acabar con las mafias y, en cambio, con las mujeres “tenga la perspectiva contraria”. “Muchas mujeres somos abolicionistas de corazón, pero de cabeza nos inclinamos más hacia la regulación”, admite la diputada de Junts Pilar Calvo.

Dentro de EH Bildu también hay debate, pero la diputada Bel Pozueta apunta que hay una “tendencia a la regulación”. “No se puede abrir un debate sobre la prostitución dejando de lado la ley de extranjería”, añade. Desde el partido ponen de ejemplo que la última norma aboca a muchas personas, mujeres sobre todo, a la precariedad, la prostitución o el trabajo de los cuidados en condiciones de esclavitud. “Nos tenemos que enfrentar a ello de una manera diferente, no solo desde el ámbito legislativo, sino también desde la pedagogía y la salud, entre otras ”, añade.

Ni el PDECat ni el PNV tienen una posición definida, a pesar de que los jeltzales defienden castigar cualquier actividad ilegal y proteger los derechos de las mujeres. El PP no dice si querría abolir la prostitución o regularla, sino que fuentes del partido reiteran que rechazan cualquier “explotación sexual” y apuestan por perseguirla penalmente. En cambio, desde Cs apuestan por eliminar el tráfico de mujeres –como el resto de partidos–, pero también por una regulación que garantice los derechos de las que quieran ejercer “libremente” la prostitución.

Punitivismo

El PSOE se queda solo en la penalización al cliente

“Es importante responsabilizar a los hombres que acuden a la prostitución porque son partícipes de esta vulneración de los derechos humanos”, dice Berja. Es el argumento del PSOE para defender la acción punitiva contra los clientes. Una posición que también secunda Cs, con matices: perseguir a los clientes de redes proxenetas. “No resuelve nada”, apunta Vehí. Desde EH Bildu también se posicionan lejos del punitivismo. Fuentes del partido apuntan que el planteamiento “punitivo” acaba persiguiendo y castigando a las trabajadoras de los entornos de la prostitución y ponen de ejemplo Francia, donde se castigan mujeres que alquilan pisos para ejercer la prostitución. “Veo complicado penar el trabajo sexual”, dice Vallugera.  

Ley del 'solo sí es sí'

La introducción de la tercería locativa que no acepta todo el mundo

Unidas Podemos ha reintroducido en la ley del solo sí es sí la pena de la tercería locativa, la que sanciona a las personas que destinan “un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona”. La secretaria de estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, cree que el redactado del precepto que se volvería a añadir al Código Penal –lo eliminó el gobierno de Felipe González– no "persigue a las mujeres que quieren ejercer la prostitución de manera voluntaria, sino a los propietarios de establecimientos donde se hace explotación sexual". Una tesis que no comparten los mismos comuns, ERC, Junts y la CUP, que han presentado una enmienda para eliminarlo. “La tercería locativa puede poner en riesgo determinados usos de domicilios donde también viven mujeres y, por lo tanto, el acceso a la vivienda”, apunta Vallugera. “Es condenarlas a más marginalidad”, dice Vehí. "Son mujeres que dejan de poder ir a locales donde se sienten más seguras y las abocas a la clandestinidad", dice Calvo. Lo subscribe EH Bildu y también el PNV. 

En el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se recogía el compromiso de elaborar una ley contra el tráfico de personas y, hace dos semanas, la secretaria de estado de Igualdad aseguraba que el borrador “está muy avanzado”. De hecho, si hay un consenso entre todas las posturas, abolicionistas o pro derechos, es en la elaboración de una ley integral que proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de tráfico. Un punto de consenso en medio de todo un debate largo, antiguo y que se prevé de futuro.