Sin protocolo para detectar la explotación sexual de menores tuteladas

BarcelonaLa semana pasada llegaban a juicio tres hombres acusados ​​de violar y prostituir a tres chicas tuteladas en un centro residencial de acción educativa (CRAE) de Barcelona. Este caso había pasado desapercibido hasta entonces, aunque la historia de jóvenes que escapan y caen en la trampa de la prostitución a cambio de dinero o drogas "no es la norma", pero "tampoco sorprende" a los trabajadores del sistema catalán de protección a la infancia consultados por el ARA, que lamentan no tener herramientas para detectar los casos si ellas no se lo explican. Varias fuentes admiten que no existe ningún protocolo específico para identificar a las potenciales víctimas a pesar de que en los últimos años han proliferado formaciones a los profesionales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para tratar casos de violencia sexual y tráfico de personas. Y especialistas como la psicóloga y profesora de victimología de la Universidad de Barcelona Noemí Pereda también alertan de que esta infradetección imposibilita conocer el alcance de la explotación sexual de menores en Cataluña. "No se está abordando y el problema existe. Pero mientras la respuesta sea ese silencio, ese secretismo, será muy difícil solucionarlo. Hay que afrontar de cara", afirma.

El ARA ha contactado con educadores y extrabajadores del sistema catalán de protección a la infancia. Algunos han rechazado pronunciarse por miedo a consecuencias laborales. Quienes lo han hecho piden mantener el anonimato. "Solo puedes saber si una chica se fuga de un centro y sufre algún abuso si ella te lo dice cuando vuelve. Si no, no tienes herramientas. Todo se hace a través del vínculo, nada más", explica un trabajador que lleva casi dos décadas trabajando en el sector. En estos años, afirma que no ha visto "ningún protocolo, instrucción ni herramienta de detección de la prostitución infantil" y, en cambio, sí ha conocido a adolescentes que le han sufrido "a cambio de un iPhone o sustancias". "Si existen [protocolos], el 98% de los educadores de la DGAIA no los conocemos", añade. Otra ex trabajadora del sistema asegura también que durante los cuatro años que trabajó en un CRAE no conoció "ningún protocolo de detección de la prostitución" en menores tuteladas por la administración catalana.

Sobre estos documentos específicos para los centros de la DGAIA, fuentes de la conselleria de Derechos Sociales señalan que desde 2022 ofrecen a los profesionales una formación con los Mossos sobre detección de tráfico de humanos y explotación sexual infantil. Ya han hecho dos ediciones y se prevé otra en otoño. En total se habrán formado cerca de medio millar de trabajadores. Las mismas fuentes señalan que la DGAIA y la policía sí trabajan para actualizar un protocolo compartido para realizar un plan de formativo en detección, prevención e intervención en tráfico de seres humanos, explotación y violencia sexual. El resto de recursos disponibles son educativos y de intervención frente a las violencias sexuales, que ya son un requisito para contratar a las entidades que gestionan los centros tutelados.

Afecta más a los más vulnerables

Un protocolo de detección de casos de explotación sexual infantil es clave, según Pereda, quien avisa de que es un problema "común en toda Europa desde hace años". Ella nunca ha podido acceder y analizar los datos catalanes para sus investigaciones para que la Generalitat "es absolutamente cerrada con estas cifras". Cree que esto se debe al "miedo por parte del sistema de protección a ser acusados ​​de no proteger realmente" a los jóvenes, un extremo que ella descarta. Pero el haber podido trabajar con datos de otras comunidades autónomas y estados europeos sí le ha permitido constatar que la explotación sexual se da "en un porcentaje mucho mayor entre los menores vinculados al sistema de protección", los más vulnerables.

En concreto, la psicóloga coordinó el informe sobre abuso y explotación sexual entre menores tutelados que el gobierno balear encargó a expertos después de que en el 2020 se detectaran 16 víctimas en centros de protección. También realizó un diagnóstico para el gobierno de Cantabria, donde detectó que cerca del 20% de los menores vinculados al sistema de protección fueron "involucrados" en situaciones de explotación sexual. "Haciendo extrapolación de lo que conocemos, sería lo mínimo que también encontraríamos en Catalunya si hubiera datos", dice Pereda, que lo ve "un problema inherente a los sistemas de residencia tutelada, pero no porque el centro o los educadores no lo hagan bien" .

Ahora bien, los CRAE tienen "limitaciones" a la hora de ofrecer una figura estable de referencia a los adolescentes, ya menudo los captadores aprovechan ese vacío y les prometen que les darán "lo que les falta: una familia". Por eso, Pereda ve primordial potenciar el sistema de familias de acogida, una idea compartida por la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana, Marta Martínez, que está segura de que "el sistema no está funcionando" y debe mejorar "en el ámbito administrativo, pero también legislativo y con la intervención de abogacía y jueces".

"Secuestro emocional"

Los propios Mossos d'Esquadra alertaban la semana pasada de un "mercado encubierto" de prostitución que afecta a cualquier menor de edad, independientemente de su entorno. Saben que hay casos, pero les llegan muy pocas denuncias. De hecho, fuentes del cuerpo hablan de "frustración" ante una situación conocida, pero en la que no pueden intervenir si no se les alerta; un punto en el que también influye que las víctimas muchas veces no se perciben a sí mismas como tal. Distinguir los casos de explotación sexual a menores tuteladas del tráfico de personas es importante, ya que, según Pereda, "no existe un secuestro físico sino emocional", con promesas de dinero, regalos, protección más allá de la mayoría de edad o "el cariño" de una "figura estable, de referencia".

La psicóloga también advierte que los antecedentes de estas jóvenes vulnerables, como la posibilidad de haber sufrido abusos sexuales en las familias de origen, puede ser un factor de riesgo. A menudo las víctimas siguen en esa espiral abusiva a cambio de obsequios: "Ahora estoy cobrando por lo que antes me hacían gratis", te dicen. Además, muchos adolescentes "no hablan de explotación, sino de sugar babys y sugar daddys, una idea mucho más vinculada al éxito económico". En estos casos, la intervención policial no suele tener éxito: "Las niñas vuelven a fugarse de los centros porque quieren volver a la red de explotación", continúa. ~BK_SALTO_LINEA ~ A raíz de los casos detectados en 2020, el gobierno balear encargó la creación de una herramienta de detección que ahora también se aplica en Cantabria y que da indicadores de riesgo "para que la detección no sea subjetiva". su diseño, defiende que este recurso gratuito debería utilizarse en todos los centros de protección, pero que "la mayoría de las comunidades aún niegan el problema; hay un silencio absoluto". En Catalunya se aplica esta herramienta sólo si lo decide la entidad que gestiona el centro. Pereda concluye que "esto hace que se trabaje como se hacía hace 10 o 15 años: que el profesional lo notifique en el momento que lo detecta".