Derechos humanos

Punto final a las exploraciones genitales para determinar la edad de los menores no acompañados

Las Naciones Unidas habían dictaminado hasta nueve veces que España hacía un "uso intrusivo" de estas pruebas

MADRIDPunto final a las exploraciones genitales médicas para determinar la edad de los menores no acompañados. El consejo de ministros de este martes ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley que regula el nuevo procedimiento de evaluación de la edad de los menores migrantes no acompañados y a través de la cual quedarán prohibidas "las pruebas invasivas con desnudos integrales", que hasta ahora se utilizaban para determinar la edad de algunos jóvenes. Lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Ahora la norma sale a consulta pública y, por lo tanto, todavía puede recibir modificaciones.

España hace años que utiliza estas pruebas controvertidas para determinar la edad cuando el joven no acompañado está indocumentado, aunque a veces también las ha realizado a pesar de la aportación de documentación, como han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones como Noves Vies y la Fundación Raíces. Son unas pruebas que inicialmente consisten en una radiografía de la mano y la muñeca izquierda, y que las Naciones Unidas han calificado "de imprecisas y con amplio margen de error, de unos dos años", pero que se combinan con otros procedimientos como una radiografía de la mandíbula y de la clavícula, así como la observación de la maduración de los órganos sexuales. Eran estas últimas pruebas las que obligaban a muchos chicos y chicas a quedarse desnudados y ante situaciones "intrusivas". A partir de ahora, quedan prohibidas del procedimiento. "Las Naciones Unidas hacía tiempo que lo pedían", recuerda el presidente de Noves Vies, Albert Parés, en una conversación con el ARA.

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La encargada de poner en marcha la maquinaria de todo este procedimiento era la Fiscalía que, una vez obtenidas las conclusiones de las pruebas –realizadas por médicos forenses–, decretaba si el joven es mayor o menor de edad. Cuando se identifica como una persona mayor de edad, queda fuera del sistema de protección a la infancia. "Se han dejado a muchos jóvenes abandonados en la calle", denuncia la Fundación Raíces, que ha documentado y denunciado diferentes casos de jóvenes no acompañados a los que se ha sometido a una exploración de órganos sexuales. El último caso todavía no hace cuatro años en Madrid, cuando el ministerio fiscal pidió las pruebas de edad a una chica que había sido identificada previamente por la policía como menor de edad, explica la presidenta de la organización, Lourdes Reyzábal. En el caso de Catalunya, Parés señala que "no hay constancia" de que en los últimos diez años se hayan hecho exploraciones genitales. Tanto Parés como Reyzábal valoran que la normativa es "un paso adelante", pero advierten que "hay aspectos que todavía les preocupan". Por eso, las dos organizaciones presentarán propuestas a lo largo del proceso de consulta pública.

En concreto, todavía hay que definir cómo será el protocolo cuando se agoten las vías para que un joven no acompañado pueda acreditar a través de documentación qué edad tiene. "Será un procedimiento más ágil, garantista y escuchando a los menores", ha subrayado Llop en rueda de prensa, que ha detallado que el último año se abrieron 5.000 diligencias para determinar la edad de chicos y chicas migrantes que habían llegado solos a España. La normativa prevé que los médicos realicen un informe que ayude a determinar la edad. Pero el protocolo todavía "no está cerrado", explican fuentes del ministerio de Justicia. Y esto es lo que preocupa a las organizaciones: si serán pruebas de ADN, psicológicas o qué estadísticas se utilizarán. Desde Justicia anticipan que la radiografía del carpiano, la mano y la muñeca, "no se considera invasiva, pero quizá la clavícula sí", comentan. La ONU determinó que estas pruebas eran "imprecisas" y tenían un margen de error de hasta 2 años, porque parten del atlas de Greulich y Pyle, un libro publicado en los 50 y elaborado a partir de 990 niños de Ohio, en Estados Unidos.

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Asistencia letrada

La normativa también prevé blindar la asistencia letrada para estos menores y que en el caso de los jóvenes que sí que tienen documentación no se les hagan las pruebas. "El Tribunal Supremo ya dejó claro en 2011 que el menor que tiene documentos no tiene que pasar por pruebas médicas. No entiendo por qué motivo la Generalitat no lo ha dejado de hacer hasta ahora", dice Parés.

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Los últimos años, prácticas así han sido denunciadas por las organizaciones en el Tribunal Supremo, que ha emitido hasta dieciséis sentencias a favor de los derechos de los menores que llegan solos. Además, España acumula hasta nueve dictámenes de las Naciones Unidas por "vulneración de los derechos de la infancia", en casos en los que se ha hecho un uso intrusivo de las pruebas.

La Fundación Raíces recuerda que la sentencia del 21 de marzo del Tribunal Supremo recogía que "un menor no acompañado es, ante todo, un niño expuesto a un peligro potencial" y que "el criterio prioritario en esta materia es el de la protección del menor que se encuentra en el país sin familia". Por todo esto, el procedimiento de evaluación de la edad se tiene que regular estableciendo todas las cautelas necesarias, reivindican las organizaciones.