Retraso en las ayudas para el copago de residencias catalanas debido a "problemas técnicos"
El conseller Campuzano defiende que Catalunya tiene los criterios "más rigurosos" para evaluar la dependencia
BarcelonaEl consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha admitido que se ha retrasado en el pago de el aumento para la PEV, la prestación económica que ayuda a las familias a pagar una plaza de residencia privada. En octubre, el departamento anunció un incremento que para los usuarios con menores ingresos suponía pasar de recibir 474 euros a 1.238 euros, es decir casi el triple. En el último pleno en el Parlament, sin embargo, el conseller comunicó que ha habido "problemas técnicos" inesperados para poder realizar las actualizaciones. Esto significa que los beneficiarios no están cobrando el incremento aprobado, entre un 17 y un 65% más, en función del nivel de renta.
El decreto del aumento de la PEV establece que la medida debía entrar en vigor el 1 de noviembre del año pasado para los nuevos usuarios, pero los aumentos no están llegando a los bolsillos de los residentes, ha denunciado el diputado socialista Raúl Moreno, que reprochó el incumplimiento del calendario por parte de Derechos Sociales: "No se está pagando aquello a lo que Gobierno y Parlamento se comprometió".
En cambio, para los beneficiarios que ya cobran la prestación , el plazo se alargaba seis meses. Por tanto, en estos últimos casos Derechos Sociales tiene tiempo hasta abril para acabar de hacer efectivo el aumento, a pesar de las dudas de Moreno de que se haga dentro del plazo. Ante la insistencia del diputado socialista, Campuzano ha reconocido que no se han podido abonar los incrementos porque en estos meses se han encontrado con problemas técnicos que no esperaban a la hora de actualizar la calculadora de copago, la herramienta a a través de la cual se fija qué ayuda debe recibir cada usuario. Según el conseller, sin embargo, se está trabajando para tenerlo todo a punto y ha asegurado que las actualizaciones de las prestaciones se harán con carácter retroactivo, aparte de afirmar que sí se están haciendo los aumentos en el caso de los usuarios que han pedido traslado a una nueva residencia privada.
Para la Coordinadora de Familiares de Residencia 5+1, el incremento de la PEV es una "trampa" porque no logra el objetivo remarcado por el departamento de reducir las listas de espera para una residencia. En palabras de la portavoz de la entidad, María José Carcelén, los 1.200 euros son "una cantidad insuficiente" para completar los más de 2.200 euros que cuesta una plaza de residencia privada en buena parte del área metropolitana de Barcelona.
Grados de dependencia
Por otra parte, y a raíz de la publicación en el ARA del artículo que hablaba del “milagro” que Cataluña sea la comunidad autónoma que concede menos grados III (el máximo, que suponen más horas de servicios o más ayudas económicas), aunque es la que tiene más grados I (ayudas más económicas porque el usuario tiene mayor autonomía personal), Campuzano negó que los equipos evaluadores tengan ninguna indicación de revisar los casos a la baja. En este sentido, ha asegurado que los informes sobre el grado de dependencia se basan en "criterios técnicos y no políticos". La información la ha dado en el pleno del Parlament en respuesta a una interpelación del grupo socialista. "Me atrevo a decir que los criterios de evaluación en Cataluña son los más rigurosos", ha afirmado.
Campuzano ha asegurado que entre 2007 y 2023 en Cataluña se han hecho aproximadamente un millón de valoraciones y revisiones de grado de personas con discapacidad que necesitan la ayuda de terceros para poder realizar sus actividades rutinarias y de autocuidado. De éstas, dice, "sólo en 11.000 casos" ha habido una rebaja del grado original. En su respuesta Campuzano ha insistido en que los profesionales que evalúan a los usuarios son técnicos que analizan el grado de dependencia a partir de unos baremos comunes en todo el territorio español que son "poco susceptibles de ser subjetivos".
Sin embargo, el conseller ha admitido que son criterios que se adaptan poco a la realidad de las personas, ya que se utilizan los mismos criterios de capacidad y autonomía "para una persona de 85 años que para una de 18 con un trastorno de espectro autista (TEA)". Además, ha apuntado que, a diferencia de otras comunidades en las que los equipos evaluadores sólo están formados por trabajadoras sociales, en Cataluña también hay médicos. Quizás por la presencia de estas profesionales, ha apuntado, hay una diferencia concesiones de grado respecto a la media española.
En cambio, para Moreno, encargado de las cuestiones de derechos sociales, la rebaja es un "recorte encubierto", sobre todo en lo que se refiere a los residentes de centros geriátricos, ya que estos centros deben adaptar sus plantillas en función de los grados reconocidos de los usuarios. Así, con menos grados III y más grados II, las residencias cobran la misma prestación económica porque la Generalitat equiparó las ayudas durante la pasada legislatura, pero, por el contrario, no necesitan contratar tanto personal para atenderlos, ya que las ratios son diferentes. "A la Generalitat le interesa que en las residencias haya más grados III porque así recibe más transferencias del Estado" de los fondos de dependencia, se ha defendido Campuzano.