"Llevamos a Paula al menos cien veces a urgencias antes de que se suicidara"

Barcelona"Llevamos a Paula a urgencias al menos cien veces", aseguran Germán y Beatriz, los padres de Paula Baquedano Martínez, quien durante cinco años luchó para que alguien la ayudara a salir del pozo en el que se encontraba. Padecía un trastorno límite de la personalidad y las autolesiones se convirtieron en su día a día.

La primera vez que se hizo una autolesión importante, un corte en el abdomen, le cerraron la herida con ocho grapas en urgencias y la enviaron a casa, explican sus padres. A ellos les recomendaron que a partir de entonces tuvieran cuidado con los objetos cortantes en el hogar. Nada más. Eso fue todo, por sorprendente que parezca.“Hemos ido a urgencias con autolesiones importantes y nos han dicho que no la podían ingresar porque no había camas disponibles”, continúa explicando el padre indignado. "Y si la ingresaban, estaba como máximo tres semanas. Es el estándar. Tanto si estás bien como mal, te dan el alta", añade la madre. "Si una persona tiene una metástasis, quizás acabará muriendo, pero la sanidad pública no la dejará tirada. ¿Por qué con la salud mental no es así?", se preguntan.

La familia se vio obligada a recurrir a la sanidad privada. Se gastaron hasta 100.000 euros. Paula, agotada de sufrir y de buscar ayuda sin éxito, acabó solicitando la eutanasia. Pero ni eso llegó a tiempo. La joven murió por suicidio el 15 de abril del año pasado. Solo tenía 23 años.

El caso de Paula puede parecer excepcional, pero hay muchos más. A finales del año pasado los profesionales de 31 de los 55 centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) de Cataluña, que atienden al 62% de la población de referencia menor de edad, alertaron en un manifiesto que la red de atención pública hace aguas. Asimismo, el pasado junio, la Sociedad Catalana de Psicología Clínica (SCPC-ACAPIR) publicó un estudio demoledor con el título La salud mental en Cataluña: entre el discurso institucional y la práctica real. En cambio, el departamento de Salud sigue insistiendo en que la atención a la salud mental es una de sus prioridades. De hecho, aumentó un 28,8% la partida destinada a este objetivo en los presupuestos de la Generalitat aprobados el pasado julio, y ha puesto en marcha nuevos servicios especializados durante los últimos cinco años. Es decir, justo cuando se habla más de salud mental y parece que hay más preocupación por parte de la administración, más voces aseguran que la sanidad pública no está a la altura.

Sin un mapa sanitario claro

ARA ha intentado bucear en el sistema sanitario público de atención a la salud mental de jóvenes y adolescentes para aclarar qué está pasando. Durante meses ha entrevistado a profesionales, familias y entidades, y lo primero que llama la atención es que nadie sabe con certeza los recursos que hay. Ni siquiera el departamento de Salud ha sido capaz de facilitar a este diario un mapa sanitario claro, a pesar de nuestra insistencia. ARA también ha hecho una petición al Portal de Transparencia, pero ni así ha obtenido algunos de los datos solicitados. Como alternativa, hemos llamado uno por uno a muchos centros de atención a la salud mental, pero la mayoría han contestado que tampoco nos podían facilitar información porque “el departamento de Salud centraliza los datos”. En la web del CatSalut hay listados infinitos de recursos existentes, pero, cuando rascas, te das cuenta de que no son tantos como parecen. A esto se añade que algunos municipios tienen servicios locales de salud mental, que todavía dificultan más sacar el agua clara. Con todo, a continuación relatamos qué hemos podido averiguar.

El sistema sanitario público de atención a la salud mental en Cataluña se caracteriza porque la administración no suele prestar este servicio directamente, sino que contrata a entidades proveedoras para que lo hagan (consorcios, fundaciones, entidades del tercer sector, empresas…). Hay decenas de entidades proveedoras, cada una de las cuales tiene una manera diferente de trabajar y un sistema informático específico que impide compartir la historia clínica completa de los pacientes entre centros de proveedores diferentes. Esto, lógicamente, ya es un obstáculo.

En cambio, lo que sí que tienen en común todas las entidades proveedoras es que intentan vender su servicio como el mejor, con el objetivo de continuar recibiendo financiación de la Generalitat. Por eso es tan difícil la autocrítica dentro del sector, y es tan significativo el manifiesto de denuncia que hicieron los profesionales meses atrás.

Si quieres investigar el gráfico con más detalle, abre la versión en alta resolución en otra pestaña.El primer escalafón

Para empezar, las entidades proveedoras se encargan de los llamados centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), que son una especie de ambulatorios para la salud mental de los menores y que se podría decir que son el primer escalón de la asistencia. "Antes una persona tenía ansiedad y no le pasaba por la cabeza ir al médico. A raíz de la pandemia, se hicieron campañas sobre salud mental y se animó a la gente a pedir ayuda", destaca Laura Ramis, psicóloga clínica del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Esto, evidentemente, hizo aumentar la demanda, pero también ha contribuido toda una serie de condicionantes sociales, como la precariedad económica, el duelo migratorio, la dificultad de acceso a la vivienda, las redes sociales, o la falta de límites de los menores. El resultado es que, en la actualidad, los CSMIJ están completamente desbordados.

La Generalitat paga a las entidades proveedoras una parte fija de dinero por el servicio que ofrecen, y otra variable en función del cumplimiento de toda una serie de indicadores y objetivos. Este año ha introducido como nuevo indicador que el tiempo de espera máximo para una primera visita en un CSMIJ debe ser de 45 días. Antes era de noventa. Esto ha colapsado aún más estos centros. "El Gobierno podrá presumir de que ha reducido las listas de espera, pero, si la dotación de personal de los CSMIJ no crece y se da entrada a más pacientes, lo único que se consigue es que después los tengamos que visitar con menos frecuencia", se queja el coordinador del CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet y uno de los firmantes del manifiesto de protesta, el psicólogo clínico Josep Checa. De hecho, este es el quid de la cuestión: los profesionales denuncian que la Generalitat prioriza atender a muchos pacientes sobre la calidad de la asistencia.

"Un buen proceso terapéutico requiere una visita cada semana o cada quince días, pero actualmente ni una visita cada tres semanas es factible", asegura Roger Ballescà, que también dio apoyo al manifiesto y es coordinador del área de salud mental infantil y juvenil de la Fundació Hospitalàries Martorell, una de las entidades proveedoras. Según datos del departamento de Salud facilitadas este año en una respuesta parlamentaria a ERC, la media de visitas al año por paciente en los CSMIJ fue de 8,2 en 2024. Es decir, cada paciente fue visitado cada mes y medio. Esto, sin embargo, no significa que un psiquiatra o un psicólogo clínico le atendiera cada seis semanas, ni mucho menos, sino que le atendió un profesional del CSMIJ, que puede ser perfectamente el personal de enfermería, según reconoce la propia Generalitat. Las visitas, además, son de solo media hora, salvo casos excepcionales. En la sanidad privada duran un mínimo de 45 minutos.

La conclusión es que, en los CSMIJ, con la demanda y el personal actuales, es muy difícil seguir un proceso psicoterapéutico. Es decir, establecer una relación con el paciente, entender su entorno y qué le sucede, y fomentar un cambio. Así lo corroboran la presidenta de la Sociedad Catalana de Psicología Clínica (SCPC-ACAPIR), María José Miñano; la decana del Colegio de Psicología de Cataluña, Dolors Liria; o la directora del Instituto de Docencia e Investigación de Pere Claver Grup, Berna Villarreal, que se dedica precisamente a la formación de profesionales en salud mental y a la supervisión de equipos. En otras palabras, para hacer psicoterapia hay que acudir a la sanidad privada, donde una visita con un psicólogo o psiquiatra cuesta entre 50 y 120 euros.

Los CSMIJ tienen capacidad para hacer un diagnóstico o un seguimiento de la medicación, pero difícilmente pueden ir más allá. La síndica de agravios alerta en su último Informe Anual de Infancia, correspondiente al 2024, que la prescripción de antidepresivos a niños y adolescentes menores de quince años se ha triplicado en Cataluña en los últimos tres años. Quizás esto tenga relación con las limitaciones de los CSMIJ, pero no hay pruebas que lo demuestren.

Poco tiempo con la psicóloga

“Sentía que tenía que explicar las cosas a la psicóloga de manera muy superficial, y eso me hacía sentir mal porque pensaba que, aunque no estaba bien, no estaba lo suficientemente mal para recibir ayuda”, explica una chica de diecinueve años que prefiere mantener el anonimato y que con catorce empezó a ir a un CSMIJ. Se autolesionaba y también tenía un trastorno de la conducta alimentaria. En la sala de espera del CSMIJ intentaba hacerse un resumen de lo que tenía que decir a la psicóloga porque, como la visita era tan corta, sabía que tenía que ir al grano. Lógicamente, eso le generaba angustia. Finalmente, tuvo una crisis y fue a parar a urgencias psiquiátricas del Hospital Vall d’Hebron. Allí, según asegura, le recomendaron que buscara ayuda en la sanidad privada, porque en el CSMIJ difícilmente podría obtener un tratamiento psicoterapéutico como es debido.

Esto, sin embargo, no significa que en la sanidad pública no sea posible recibir un tratamiento adecuado. De hecho, para los casos graves y complejos, hay servicios especializados que funcionan francamente bien, según aseguran los profesionales. Por ejemplo, los hospitales de día o las unidades de subagudos de media y larga estancia. Los hospitales de día, sin embargo, "están saturados", según reconoce el mismo director del Plan Director de Salud Mental de la Generalitat, Josep Tristany. Y en cuanto a las unidades de subagudos, solo hay 67 camas para toda Cataluña, según datos del departamento de Salud. En consecuencia, también hay lista de espera para ingresar en ellas.

Así lo confirman las doctoras María Martín y Meritxell Centeno Casanovas, de la Fundació Hospitalàries Sant Boi, que tiene la unidad de subagudos más grande de Cataluña, con 25 camas. Según dicen, la demanda se ha disparado a raíz de la pandemia: antes apenas tenían dos o tres pacientes en lista de espera. Ahora hay al menos una treintena. Con todo el sufrimiento que esto supone para estos jóvenes y sus familias. El 40% se autolesionan, según datos del año pasado.

Tratamiento de tiempo limitado

Lucía González Venegas es una de las pacientes privilegiadas que ha recibido tratamiento en un hospital de día de la red pública sanitaria. Padece un trastorno límite de la personalidad y tenía "una adicción a las autolesiones", según reconoce ella misma. Con quince años empezó a manifestar los primeros síntomas, pero no recibió un tratamiento intensivo en la sanidad pública hasta que intentó suicidarse cuando ya era mayor de edad. Ahora tiene 22 años. En abril le dieron el alta del hospital de día para adultos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu donde, según dice, ha recibido una atención excelente. El problema es que al cabo de un mes la visitó el psiquiatra de un centro de salud mental para adultos (CSMA), y la siguiente visita ya se la programó para al cabo de cuatro meses, para este septiembre. Es decir, ha pasado de recibir un tratamiento casi diario a que absolutamente nadie le haga un seguimiento durante semanas. Así que se ha visto obligada a recurrir a la sanidad privada: va a una psicóloga cada dos semanas y paga 90 euros por visita.

Lógicamente, para las situaciones de crisis aguda, la sanidad pública sí ofrece una atención inmediata. Para ello existen servicios de urgencias psiquiátricas y las llamadas unidades de agudos, donde los pacientes pueden estar hospitalizados durante días o semanas con el objetivo de buscar un reajuste farmacológico rápido. En concreto, para menores, hay un total de 110 camas, según datos de la Generalitat. Muchas familias aseguran que han estado días enteros en un box de urgencias de pocos metros de superficie y sin luz natural, porque no había camas disponibles en ningún hospital. Lo cual lo ha hecho aún más desesperante tanto para las familias como para sus hijos o hijas con un trastorno mental.

Cambio constante de psicólogo y psiquiatra

La hija de Montse Vergés ha estado días en un box de urgencias, y también la han ingresado al menos tres veces en unidades de subagudos, y una treintena más en unidades de agudos.En seis años la han tratado al menos una decena de psicólogos y psiquiatras diferentes, asegura la madre, a pesar de que el vínculo con el profesional es fundamental en el tratamiento psicoterapéutico. La chica padece estrés postraumático complejo por una experiencia traumática vivida durante la infancia. Con solo doce años ya se intentó suicidar, y con diecisiete lo volvió a intentar. Se rompió la pelvis, vértebras, los pies..., según detalla ella misma con una fortaleza que impresiona. Ver fotografías de ella con las piernas todas vendadas después del intento de quitarse la vida deja sin aliento.

El pasado 28 de abril cumplió dieciocho años y, aquel mismo día, una ambulancia la trasladó de la unidad de agudos para menores del Hospital Clínic donde estaba ingresada, a una unidad de subagudos para adultos: la de Sant Joan de Déu Numància, también en Barcelona. Es decir, una vez más ha tenido que cambiar de psicólogo y psiquiatra. Su madre no tiene ninguna queja de los profesionales que la han tratado. Todo lo contrario, se siente profundamente agradecida. Pero no entiende el sistema que obliga a su hija a dar tumbos de un centro a otro. "Siento rabia", afirma.

Nuevos servicios especializados

En los últimos cinco años, la Generalitat ha hecho un esfuerzo por poner en marcha nuevos servicios especializados de atención a la salud mental de los menores. Por ejemplo, los equipos guía o el denominado programa de atención a la crisis infantil y juvenil. Pero tienen el mismo problema: hay lista de espera para acceder a ellos. Además, el programa de atención a la crisis infantil y juvenil, a pesar de que se ha vendido como un recurso nuevo, es en realidad un servicio que se ofrece dentro de los mismos CSMIJ: consiste en el hecho de que un mismo paciente es visitado varias veces a la semana por los psiquiatras o psicólogos clínicos del centro, o por otros profesionales adicionales que se han contratado (como educadores sociales o trabajadores), durante una media de ocho semanas. Se destina a los casos más complejos y realmente da buenos resultados. Con este servicio, sin embargo, se ha desvestido un santo para vestir a otro: si los psiquiatras y psicólogos clínicos deben destinar más tiempo a estos pacientes, todavía pueden dedicar menos al resto, denuncian los profesionales de los CSMIJ.

El problema de fondo es que, sin lugar a dudas, faltan profesionales clínicos en Cataluña. La ratio existente es inferior a la de otros países europeos. Tradicionalmente, se ha culpabilizado al Ministerio de Sanidad, pero la Sociedad Catalana de Psicología Clínica (SCPC-ACAPIR) asegura que la Generalitat también tiene muchísima responsabilidad.

En concreto, el ministerio se encarga de acreditar las plazas de los psicólogos internos residentes (PIR). Es decir, valora si las unidades docentes existentes en Cataluña cumplen los requisitos para formar a estos profesionales. Dado que aquí la red de atención a la salud mental depende de entidades proveedoras y está totalmente fragmentada, sería necesario que diversas entidades se coordinaran y se aliaran para crear nuevas unidades docentes, algo que no se está haciendo. Por tanto, si no hay nuevas unidades docentes, no se pueden formar más profesionales. Es la pescadilla que se muerde la cola. Según SCPC-ACAPIR, el departamento de Salud es el que debería impulsar estas alianzas para salir de este círculo vicioso. Es decir, tener un rol activo en lugar de mirar hacia otro lado.

Pero más allá de esto, los profesionales del sector consideran que la Generalitat debe dejar de crear nuevos recursos. ¿Si no hay suficiente personal para los que ya existen, cómo pretende dotar los nuevos? "Hay que reforzar aquello que ya tenemos, hacer más trabajo preventivo", destaca el doctor Toni Coello, director médico de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre –una de las entidades proveedoras– y uno de los pocos que habla públicamente sin tapujos. Confiesa que él ya ni intenta derivar pacientes a determinados recursos públicos, porque hay tan pocas plazas que es imposible que los admitan. “Obtener una plaza en Acompanya'm es para nosotros como llegar a Marte”, dice como ejemplo. La desigualdad de la atención entre territorios también es patente.

Acompanya'm es también un recurso relativamente nuevo. Son centros terapéuticos residenciales para menores con trastornos graves de salud mental. Hay dos en toda Cataluña: uno se inauguró en 2018 en Barcelona, y el otro en 2023 en Lérida. En total suman 50 plazas, la mayoría de las cuales están reservadas para menores tutelados por la Generalitat. Por eso es casi imposible acceder a ellos, o conseguirlo es toda una odisea.

Sin centros de ingreso

Después de más de cinco años de ingresos, de ir cada dos por tres a urgencias, al CSMIJ y a psicólogos privados, y de comprobar que los centros terapéuticos privados costaban unos 6.000 euros al mes y no estaban al alcance de su bolsillo, Margarita Viarnés aceptó renunciar a la tutela de su hijo, Ash, para que pudiera ingresar en un centro Acompanya'm. Fue un sacrificio total, pero ya no sabía qué hacer, ni dónde buscar ayuda. El adolescente sufría trastorno emocional de complejidad elevada.

"En el servicio público te dicen que cuantos más informes tengas de urgencias y de los Mossos d'Esquadra, más posibilidades tienes de acceder a un centro. Esto es una locura", se queja Margarita, quien admite que llegó a desear que su hijo la liara bien gorda para ir acumulando informes y conseguir que lo ingresaran. Hasta tal extremo llegó su desesperación.El chico estuvo en Acompanya'm hasta que cumplió dieciocho años. Con la mayoría de edad, se vio obligado a dejar el centro. Al cabo de poco más de tres meses, terminó suicidándose. Murió el 6 de septiembre de 2023.

El director del Plan Director de Salud Mental de la Generalitat, Josep Tristany, admite que hay que mejorar el sistema y se ha mostrado abierto a dialogar. De hecho, ya ha mantenido diversas reuniones con los profesionales que firmaron el manifiesto de protesta. Por su parte, la Sociedad Catalana de Psicología Clínica considera que el Gobierno debería “ser honesto con la población” y admitir que, nos guste o no, el sistema público de salud mental no puede cubrirlo todo actualmente con los recursos de los que dispone.