Los socios de Sánchez presionan por una ley del alquiler como la catalana

MadridEl soberanismo y las izquierdas del Congreso vuelven a coincidir en la crítica al PSOE, esta vez por el recurso al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de regulación del alquiler. El ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya anunció este lunes que el ejecutivo la recurriría sin pedir su suspensión automática, y así se ha confirmado este martes en el consejo de ministros. "No se solicita la suspensión cautelar porque en paralelo se tramitará la ley de vivienda que incorpora muchos de los elementos que se recurren en el Constitucional", ha explicado la portavoz de la Moncloa, María Jesús Montero. Con todo, hace meses que se alargan las negociaciones en el gobierno de coalición.

"El PSOE no tiene más excusas. Tenemos que llegar a un acuerdo para regular los precios del alquiler", ha manifestado el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha subrayado que la ley catalana "funciona". "Una medida que funciona hay que extenderla, no tumbarla", ha insistido el jefe de filas de los comuns en Madrid, como también han expresado los portavoces de Esquerra, Más País, EH Bildu y la CUP en las respectivas comparecencias de este martes. "Esperamos llegar a un acuerdo muy pronto, pero no me pueden pedir que se haga estatal una ley catalana si es inconstitucional en varios puntos. Para avanzar en derechos no podemos saltarnos el derecho", se ha defendido la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Montero ha apuntado que puede haber acuerdo antes del verano.

Precisamente, uno de los motivos para ir al TC es la invasión de competencias estatales de la norma catalana. El Consejo de Garantías Estatutarias advirtió de esta cuestión pero Junts, ERC, los comuns y la CUP sacaron adelante igualmente la ley en el Parlament. El PSC, en cambio, votó en contra. Cuando se le ha preguntado a Lastra en qué línea iría la ley cuando ya no haya este problema competencial, ha rehuido el debate. El caso es que Ábalos ha desconfiado a menudo de la fórmula aplicada en Catalunya de poner límites a los precios abusivos del alquiler y es más partidario de dar incentivos fiscales a los propietarios para controlar los precios.