Se triplican las agresiones a los funcionarios de prisiones en siete años

BarcelonaLa trágica muerte de Núria, la cocinera de la cárcel de Mas de Enric, es el primer caso de una trabajadora asesinada por un preso en la historia democrática. Sin embargo, los funcionarios de prisiones llevaban tiempo advertiendo de un aumento de la conflictividad y la violencia en los centros penitenciarios que no pasa desapercibido en las estadísticas: suben prácticamente todos los indicadores. Según los datos de la Generalitat a los que ha tenido acceso el ARA, las agresiones de presos a funcionarios casi se han triplicado en siete años. Si en el 2017 se registraron 202, el pasado año fueron 577, una cifra récord. También ha aumentado el cómputo total de incidentes, que incluyen agresiones entre funcionarios, autolesiones y fugas consumadas: en los últimos seis años (aún no están disponibles los datos completos de 2023), los incidentes han subido un 138%.

Debe tenerse en cuenta que cada año hay más agresiones y más incidentes, aunque la población penitenciaria disminuye. Si en enero de 2017 había 8.523 presos, en diciembre de 2023 eran 8.042. Esto provoca que el ratio de incidentes por cada 100 presos se haya multiplicado por tres en los últimos años. Y que haya más conflictos comporta directamente que se tengan que abrir más expedientes. En este punto, pues, los datos también son negativos: si en 2017 se abrieron 69,8 por cada 100 internos, en 2022 fueron 121,8.

El efecto de la pandemia

Concretamente, de todas las agresiones de internos a funcionarios, 80 fueron graves, 174 leves y 323 sin lesiones. En esta clasificación, la consideración grave no es la misma que en términos sanitarios, sino que implica una baja laboral por parte del trabajador, sea por secuelas físicas o psicológicas. El mayor incremento de incidentes se detectó en el 2022: hubo 1.000 más que el año anterior. Fuentes penitenciarias señalan a la pandemia como uno de los detonantes de este aumento, ya que todavía no se ha recuperado todo el grueso de actividades y apuntan a que esto puede haber generado frustración entre los internos. Todo esto sumado al impacto psicológico, y más en un contexto en el que el 60% de los internos tienen algún tipo de trastorno mental por el hecho de vivir confinados en una celda.

Las mismas fuentes aseguran que las cifras se explican también porque se están recogiendo más y mejor los datos de agresiones, que empezaron a registrarse en el 2016 y en los que se ha ido hilando cada vez más delgado. Las dos prisiones que lideran el ranking de agresiones a funcionarios son también las más pobladas del país: Brians 1 (338) y Brians 2 (213). Les siguen la cárcel de Jóvenes (130), Quatre Camins (123) y Puig de les Basses (88).

Los funcionarios

Una de las quejas de los funcionarios es la falta de personal para hacer frente a la creciente conflictividad. Según los datos de Justicia, desde 2017 sólo ha habido un aumento de 58 trabajadores en plantilla de los servicios penitenciarios: de 5.633 a 5.691. Ahora bien, si hablamos solo de los vigilantes de seguridad, según las cifras a las que ha tenido acceso el ARA, los efectivos bajan: de 3.312 en el 2017 a 3.280 en el 2024. Fuentes de Justicia lo argumentan apuntando a que la mayoría de efectivos nuevos es personal de tratamiento. Es decir, sobre todo educadores y psicólogos.

La plantilla no está creciendo de forma sostenida y otra crítica de los trabajadores es que está cada vez más envejecida. Según ha podido saber el ARA, la media de edad del personal penitenciario es de 49,45 años. Cada año esta media ha aumentado, puesto que en 2018 estaba en 48,3 años. La edad media de los funcionarios de las prisiones españolas está casi dos años por debajo (47,5 años) de la catalana. Sin embargo, en ambos casos está lejos de la media de otros países como Reino Unido (40 años), Estados Unidos (40,4 años) e Italia (44,70 años), según los datos de los respectivos gobiernos.

La jubilación anticipada, que antes de la crisis en las prisiones ya se estaba negociando con los sindicatos, permitiría a los trabajadores jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, oa los 59 si acreditan 35 años de servicio. La medida tendría una gran afectación: el 31% de la plantilla (alrededor de 1.400 profesionales) podría acogerse a ella en los próximos ocho años.