El Supremo ordena a Ayuso abrir el registro de objetores del aborto

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "inmediatamente" los trámites para la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, un listado obligatorio por ley y aprobado por el Consejo Interterritorial (con presencia de todas las comunidades autónomas). El acta de la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal es un nuevo paso en el pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Mónica García al resistirse a tener el registro de profesionales que se niegan a practicar abortos. De hecho, los jueces avalan las medidas cautelares solicitadas por el ministerio.

El tribunal especifica que aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí que impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para elaborarlo y aprobarlo, en cumplimiento de la normativa vigente. Ahora bien, justifica la decisión como una forma de "combatir la pasividad" de la administración madrileña, ya que entiende que existe un "riesgo de demora" y que el gobierno de Ayuso intente "prolongar indefinidamente" la elaboración del listado.

La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se ha rebelado contra la obligatoriedad de elaborar un registro de sanitarios objetores del aborto, en la misma línea que se ha hecho para la prestación de la eutanasia, y que Ayuso ha acatado sin problemas. El registro para el aborto es un listado privado, al que no tienen acceso las pacientes y que se utiliza con la única finalidad de que los centros puedan conocer la situación de sus profesionales a la hora de planificar los turnos. El objetivo es que el derecho de objeción no choque contra el que tienen las mujeres a la hora de abortar libremente.

Ante la negativa del gobierno madrileño de cumplir la ley, el ministerio de Sanidad presentó una denuncia por la vía judicial, en un tira y afloja entre las dos administraciones. En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña reiteró que no pensaba aprobar el registro porque considera que solo tiene la intención "de señalar" a los médicos, y espetó a las diputadas de izquierdas: "Vayan a abortar a otro sitio".