Tres capitales catalanas firman el decálogo del Govern para unificar el padrón
Feminismos impulsa un documento para igualar criterios para empadronarse y evitar la exclusión social
BarcelonaDespués de una cumbre de alcaldes en el mes de abril, el departamento de Igualdad ha impulsado un decálogo para unificar criterios a la hora de empadronar para todos los municipios catalanes, en los que se recuerda que quedar registrado en el padrón es una obligación y un derecho tanto para la administración como para el administrado. El objetivo es evitar que se siga repitiendo las vulneraciones a residentes que no presentan un título de propiedad o de alquiler de la vivienda, no tienen un domicilio fijo o están en situación administrativa irregular si pueden probar la vecindad en el municipio. El documento ha sido firmado por la Asociación de Micropueblos de Cataluña, así como por los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Lleida, Reus y El Prat de Llobregat, la Diputación de Tarragona y la Generalitat, que confía en que haya más adhesiones a medida que se hagan las presentaciones a los alcaldes.
Entre las 10 medidas que se incluyen en el decálogo se establece que si se cumplen los requisitos se deben resolver las solicitudes antes de los tres meses desde que se acepta en el registro, y en caso de denegación de la inscripción, debe estar motivada en base exclusivamente a la normativa del padrón.
El director general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del departamento, Adam Majó, ha justificado el decálogo en la necesidad de establecer un marco de actuación común ante la ley española de régimen local, que "deja margen para la interpretación". En este sentido, ha insistido en que todos los consistorios deben seguir los mismos criterios y procedimientos para evitar situaciones de exclusión social y agravios entre municipios, que provoca traslados de personas desde las ciudades restrictivas a las, más permisivas.
Sinhogarismo y residentes en hostales
Como marca la ley estatal, el decálogo de la Generalitat también señala la obligatoriedad de inscribir a las personas que justifican residir en hostales o albergues o tienen algún otro documento acreditativo que se está residiendo, aceptar las infraviviendas como barracas o caravanas siempre que sean fijos, y dar la posibilidad de empadronarse en una dirección alternativa, que puede ser la del propio ayuntamiento o cualquier otra dependencia municipal. Para ello, los consistorios deben realizar un informe de conocimiento de residencia, en casos de infravivienda y de personas sin domicilio.