Víctimas del franquismo y del olvido
La ley de desaparición forzada de menores continúa sin desplegarse medio año después de aprobarse
BarcelonaA principios de año el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley de desaparición forzada de menores en Catalunya, una norma que pretende dar respuesta a la inquietud de centenares de personas que creen que ellos o un hijo suyo fueron víctimas de una adopción irregular entre los años 40 y 80. La ley busca el reconocimiento de las víctimas y quiere ser una herramienta para que puedan reconstruir su historia, como ya hizo la Fiscalía, que concluyó que no hay pruebas de una trama de sustracción de niños pero sí de malas praxis a la hora de registrar los nacimientos. Siete meses después de su publicación, las entidades de afectados creen que todavía hay mucho camino por recorrer. “Solo se ha aprobado la ley. Falta todo”, dice Adelina Ruiz, presidenta de SOS Bebés Robados en Catalunya.
“Ahora mismo no sirve de nada”, dice uno de los afectados, Joan Beamonte, mientras el letrado Samuel Guerrero recuerda que el mismo texto da un año para desarrollar la ley. En la asociación hablan de “desesperación” y “rabia” porque sienten que están “en un cajón”. “Teníamos muchas expectativas”, dice la secretaria de la entidad, Anna Páez. La ley no es la que habrían querido, pero la aprobación les dio una esperanza que “empieza a flaquear”. Echan de menos que la conselleria de Justicia no haya creado la oficina de la víctima ni un banco de ADN “público y bien gestionado”.
El secretario de relaciones con la administración de justicia, Eusebi Campdepadrós, admite que faltan los pilares: un reglamento, la Oficina de la Víctima y canales de investigación. “Al final el resarcimiento que quieren las víctimas es saber la verdad”. Campdepadrós admite “que se va tarde” y lo justifica explicando que están negociando con el gobierno español para evitar que presente un recurso de inconstitucionalidad. Según Campdepadrós, “a pesar de que la proposición de ley fue iniciativa del PSC”, el Estado cree que la gestión del Registro Civil podría invadir competencias.
Hasta ahora todo lo que hay son los trabajos de la comisión que ha diseñado el desarrollo de la ley y que también plantea crear un registro de afectados, un banco de ADN y buscar la cooperación policial y judicial. De hecho, Campdepadrós cree que hace falta una “reflexión conjunta” con el poder judicial para que en estos casos la prescripción de los delitos no se empiece a contar a partir de los 18 años de las víctimas sino cuando “toman conciencia de que lo son”.
La ley también prevé que se cree un equipo especializado de investigación en los Mossos d'Esquadra. Pero el cuerpo no formará un nuevo equipo, sino que ha asignado la tarea a la Unidad Central de Personas Desaparecidas. “La función principal de esta unidad es localizar personas desaparecidas cuando hay indicios de criminalidad. Lo metemos aquí porque son personas a quien presuntamente habrían sustraído y que tampoco sabemos dónde están”, explica el jefe de la División de Investigación Criminal (DIC), el intendente Ramon Chacón. Ahora tienen tres casos abiertos, de madres y padres que buscan a su hijo porque creen que lo robaron cuando nació haciéndoles creer que había muerto.
El intendente de los Mossos también avisa de las limitaciones que puede tener el banco de ADN, porque no se cruzará con la base de datos Codis, creada por el FBI y considerada la más grande del mundo en ADN: es donde se ponen las muestras de los detenidos por delitos criminales. La policía catalana introduce cada año unas 5.000 muestras y a nivel estatal son unas 20.000. Pero Chacón explica que la base Codis no valora el ADN de una desaparición forzada. El ministerio de Justicia también creó un banco de ADN para recoger muestras por la desaparición forzada de menores, pero tampoco se prevé que se cruce con la base catalana. “Con este delito siempre tendremos que recurrir al ADN para estar seguros de si es su hijo”, advierte Chacón, que cree que habría que centralizar las muestras en una única base de datos. Como la información depende de diferentes departamentos, también pide que, “para hacerlo más sencillo”, el reglamento obligue a entregar la documentación sin que haga falta un requerimiento judicial.
Joan Beamonte es de las pocas víctimas de una desaparición forzada que tiene un reconocimiento judicial. Consiguió que una juez anulara su filiación de adopción, por ilegal. En virtud de la nueva ley también recibe apoyo psicológico, pero solo media hora al mes. “Me he tenido que buscar la vida para conseguirlo”, dice. La contradicción es que clínicamente se lo “reconoce como víctima”, pero administrativamente no tiene esta condición. “Yo porque he puesto recursos, tiempo y salud, pero muchas de las víctimas no saben nada y solo nos ponen trabas”, sentencia Joan, que recuerda el “desgaste” que ha sufrido para poder recopilar información.
“Falta dotar la ley de recursos”, añade su abogado. Según Guerrero, “para reconocer las víctimas en todos los efectos se tienen que reconocer sus derechos, la gratuidad de los trámites, impulsar las investigaciones y darles la documentación”. “Con la ley, tienen la obligación de volcarse en ello”, asegura.
El fiscal, a favor de investigar más delitos en el caso Beamonte
Uno de los afectados que más lejos ha conseguido llegar en su batalla judicial es Joan Beamonte. Este vecino de Banyoles había topado una y otra vez con un muro judicial para intentar averiguar por qué con seis años, después de que su familia paterna lo dejara un tiempo en un orfanato -pero sin autorizar su adopción-, acabó en manos de otra familia que lo inscribió como hijo biológico. Beamonte consiguió que una juez anulara la filiación de adopción y se querelló contra los padres adoptivos por “erradicarle la identidad”. El juez de Badalona archivó el caso, pero la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrirlo. En diciembre su abogado, Samuel Guerrero, presentó una ampliación de querella pidiendo investigar el caso como un delito de genocidio y lesa humanidad. Según fuentes judiciales, la Fiscalía ya ha informado al juez de que no se opone a la ampliación a pesar de que por ahora no entra a valorar si existen los delitos. Si prospera la imputación, sería la primera vez judicialmente en España que se trata una desaparición forzada como un crimen contra la humanidad.