Uno de los violadores de la Manada pide perdón a la víctima... para que conste en su expediente

BarcelonaJosé Ángel Prenda, uno de los cinco miembros de la Manada condenados a quince años de prisión por violar en grupo a una joven madrileña en los sanfermines de 2016, ha reconocido por primera vez haber cometido la agresión, que siempre había negado durante el juicio, y ha pedido perdón con una carta escrita desde la prisión de Puerto III, en Cádiz. El sevillano asegura en el inicio de la misiva –que en un principio parece dirigida a la víctima– que este paso lo da "a título individual" para mostrar su "total arrepentimiento por el delito" por el que cumple condena y para pedir personalmente perdón a la víctima y a sus familiares "por los daños causados". Con todo, inmediatamente después, en la misma carta, el Prenda se dirige a los jueces de la Audiencia de Navarra y les solicita expresamente que esta muestra de arrepentimiento conste en su expediente penitenciario. La asunción de los hechos y el arrepentimiento público es un elemento que se valora positivamente por las juntas de tratamiento de prisiones a la hora de conceder beneficios penitenciarios, como por ejemplo los permisos o la progresión de grado a los internos.

La carta, que ha trascendido este jueves a varios medios de Prensa Ibérica, fue escrita a mano por el condenado el 22 de julio y remitida a la Audiencia Provincial de Navarra, según ha confirmado a Efe su abogado, Agustín Martínez. En el escrito, Prenda asegura que lamenta "profundamente" el daño causado a la víctima de la violación y a sus familiares, que, dice, trabajará "incansablemente" para reparar. Prenda ha cumplido ya una cuarta parte de su condena en la prisión, de forma que la carta se envía en un momento penitenciario en el que el interno puede empezar a solicitar y disfrutar de permisos para salir. "Que se me dé copia de la misma [carta]", añade al final de la misiva. De momento, es el único de los cinco condenados que ha admitido las violaciones.

Aún así, a la hora de valorar la concesión de permisos, la progresión de grado u otros beneficios penitenciarios, el informe de la junta de tratamiento de la prisión no es el único requisito. La Fiscalía también se tiene que pronunciar sobre la propuesta y, en este tipo de casos, también puede pedir opinión a la víctima. La última palabra la tiene el juez de vigilancia penitenciaria que evalúe el caso y, en última instancia, el tribunal que dictó sentencia.

Un punto de inflexión en la violencia sexual

El caso de la Manada supuso un punto de inflexión, tanto en la opinión pública –se convocaron actos multitudinarios en toda España para apoyar a la víctima y para rechazar las sentencias que decían que no era una violación– como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El tribunal condenó por unanimidad a los cinco miembros de la Manada al considerar que los hechos que tuvieron lugar durante los sanfermines del 2016 son un delito continuado de violación y no un abuso sexual, como habían considerado la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). El tribunal resolvió que la víctima describió un "auténtico escenario intimidatorio" en el que ella "en ningún momento da consentimiento a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados" y adopta una actitud de sometimiento por miedo y angustia.

De hecho, los cinco magistrados del Supremo (tres hombres y dos mujeres) aplicaron dos agravantes que hicieron elevar las penas contra los acusados de 9 a 15 años de prisión: el trato vejatorio al que los agresores sometieron a la chica y la actuación conjunta de dos o más personas, es decir, que la violación se cometió en grupo. El tribunal concluyó que estos dos elementos ejercieron "intimidación ambiental" sobre la víctima: los condenados se aprovecharon de que los hechos tenían lugar en el rincón de una escalera de un bloque de pisos, donde la vejaron y degradaron, y que eran superiores numéricamente (cinco contra una) para conseguir "más impunidad y aseguramiento del delito cometido".