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De esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el catalán (digo “contra el catalán” porque persigue que nuestra lengua no esté “blindada” en las aulas) se desprende una conclusión meridiana: solo un estado propio garantiza la protección jurídica que cualquier lengua oficial tiene en su propio territorio. No debería ser necesariamente así: en un estado verdaderamente plurinacional, tan español sería el catalán como el castellano. Pero no es el caso y no creo que me equivoque si digo que no lo será nunca. La única lengua que tenemos el deber constitucional de conocer es el castellano. Lo proclama el artículo 3 de la Constitución de 1978, que al final también dice que “las diferentes modalidades lingüísticas de España” son una riqueza “que será objeto de especial respeto y protección”. ¡Pues suerte que lo protegen, el catalán!
Conseguir que el catalán sea igual de exigible que el castellano debe ser un objetivo político. Un objetivo casi de mínimos, teniendo en cuenta que la potencia demográfica y económica del castellano siempre lo situará en ventaja. Pero solo así conseguiremos que se incorporen a la lengua catalana los millones de recién llegados y sus hijos si no queremos convertirnos en una minoría nacional dentro de Cataluña misma. Como decía Carme Junyent, nunca habrá habido tantos potenciales hablantes de catalán. Ser atractivo y seductor con el catalán está muy bien, pero es mucho mejor ser imprescindible. Esto ya es un clamor, una evidencia.
No hay que ser independentista para sumarse a este objetivo, solo hay que responder una pregunta: ¿te da igual que desaparezca el catalán? Si la respuesta es no, empecemos a trabajar juntos. Naturalmente, los primeros en convocarse a hacer este trabajo conjunto deben ser los partidos catalanes. En la línea de la tradición del catalanismo político, es decir, de sumar. De sumar y de dejar de librar esta batalla con una mano atada a la espalda.
Buenos días.