Venden una casa de Coderch con un poder falso y el certificado de defunción de una mujer que está viva

BarcelonaUna de las obras maestras del arquitecto Josep Antoni Coderch, la Casa Rozes, en la punta de la Almadrava de Roses, se encuentra atrapada en un laberinto judicial. Se vendió sin el consentimiento de las propietarias y con documentos falsos, y cinco años después el caso aún no está resuelto. Una de las titulares de la casa, Monika Laskowska, vive en Polonia y está muy viva. Sin embargo, según la escritura con la que se vendió el inmueble en marzo de 2021, había muerto en Núremberg.

Después de leer dos artículos publicados en el ARA sobre el cambio de titularidad de la casa, Laskowska y su hija, Melody Ponsatí, se pusieron en contacto con el diario a través de su abogado, Bartlomiej Michalowski, para desmentirlo y contar su historia.

La historia se remonta al anterior propietario, Marc Ponsatí, con quien Laskowska estuvo casada y que era el padre de su hija Melody. En 2002 Marc Ponsatí hizo donación de la casa a su hija. "En la nota registral más reciente, del 16 de septiembre de este año, Melody figura como nuda propietaria del 100% del inmueble. Su madre, Mònica, y Marc Ponsatí tenían el usufructo, al 50% cada uno. Marc Ponsatí ya ha muerto, pero aún aparece como titular", afirma Bartlomiej Michalowski.

Cuando la pareja se separó, madre e hija se fueron a vivir a Polonia, mientras él continuaba viviendo en la casa de Roses. Los últimos años Ponsatí los pasó ingresado en un centro tutelado por la Generalitat a causa de problemas de salud mental, donde vivió hasta que murió. Durante aquel periodo, según Michalowski, un hombre que tenía trato directo con Ponsatí intentó obtener algún título de posesión de la casa. Como no lo consiguió, instaló a una familia en situación de ocupación. Mientras tanto, las propietarias querían vender la casa y ya habían hablado con varios interesados, pero todos ellos ponían como condición que primero se debía resolver la ocupación.

Los hechos se destaparon en 2021, cuando apareció un comprador. Michalowski pidió una nota simple al Registro de la Propiedad y encontró una anotación inesperada: había pendiente de inscribir una escritura de compraventa de la casa. Llamó a sus clientas, que no sabían nada, y pidió una copia de la escritura al notario. "Ahí se descubrió el pastel", dice el abogado. En la escritura aparece como vendedor un agente inmobiliario francés que trabaja en la zona de Roses. "El agente inmobiliario actuaba con un supuesto poder notarial que Melody habría firmado en el consulado español de Londres. También se aportaron los certificados de defunción de Marc Ponsatí y de Monika, de forma que parecía que ya no quedaba ningún usufructuario vivo", señala Michalowski.

En cuanto a los compradores, los titulares del IBI son Stéphane Sánchez y Stephanie Mendes, según la documentación del Ayuntamiento de Roses, a la cual ha tenido acceso el ARA. El precio de la venta fue de 1.010.000 euros, a pesar de que cuando el ARA habló con Marc Ponsatí en 2017 a raíz del deterioro de la casa aseguró que no la vendería por menos de 7 millones. El poder falso daba instrucciones "precisas": más de 600.000 euros debían transferirse a una cuenta en Suiza y el resto se lo quedaban los intermediarios. Además, el abogado asegura que estos intermediarios se llevaron más de 300.000 euros y que meses antes habían creado sociedades para poder emitir facturas y cobrarlos.

Según el abogado, el agente inmobiliario ha declarado que recibió el encargo "por correo electrónico". En aquel mensaje le prometían que tendría un poder para vender la casa y que se quedaría un 30% del importe. "En el mercado no existe ninguna comisión así", dice Michalowski, que avisó a la registradora de Roses para que no inscribiera la compraventa. Más adelante, a petición de la familia, el juzgado ordenó al Registro que suspendiera la inscripción de la escritura por indicios de falsedad. "Este caso es como aquellas películas de terror que a veces ocurren en el campo del derecho. Mi cliente es la única víctima de esta estafa", afirma la abogada del comprador, Sílvia Requena. "Mi cliente pagó un precio por esta casa –defiende la abogada–, y además obtuvo las llaves. Esto, en derecho civil, se conoce como adquisición de la propiedad civil de esta casa. Por tanto, se le puede considerar el propietario civil a todos los efectos de esta casa. La escritura solo quedó parada, no anulada, por intervención directa del abogado de las vendedoras".

Un delito de estafa y otro de falsedad documental

La familia denunció los hechos en el juzgado de guardia de Figueres. El notario que había autorizado la escritura también presentó una denuncia. La investigación confirmó las sospechas de Melody y Monika: el consulado de Londres respondió que no le consta ningún poder de este tipo y el Ayuntamiento de Núremberg comunicó que no tiene registrado ningún certificado de defunción de Monika, quien, además, siempre ha vivido en Polonia. Según el abogado, el poder falso estaba "bien hecho" pero contenía errores. Por ejemplo, en él constaba un NIE de Melody que se obtuvo después de la fecha en la que supuestamente se había firmado el poder.

Por estos hechos hay actualmente dos procedimientos en curso: uno es penal y el otro civil. En la causa penal, abierta desde agosto de 2021, figuran como investigados, según el abogado, el agente inmobiliario que actuó con el poder falso y dos intermediarias que cobraron comisión. Los compradores comparecieron inicialmente como perjudicados, aunque la Fiscalía, en un escrito de julio de 2026, se refiere a ellos como investigados. El procedimiento civil pide la nulidad de la compraventa. Por la causa penal ya han pasado diversos jueces instructores. Ahora la investigación está atascada en el punto de averiguar dónde fueron a parar el dinero transferido a Suiza, cosa que para Michalowski es "prácticamente imposible". "El error del notario es clamoroso. El notario ya conocía a Melody y a Monika, porque habían pasado por su despacho para otorgar unos poderes a mi favor. No comprobó ni el poder ni el certificado de defunción", lamenta.

En cambio, Requena ha conseguido que se constituya una comisión rogatoria para descubrir quién es el titular de la cuenta suiza donde su cliente ingresó el importe de la casa. Por otra parte, el 24 de abril de este año el juzgado penal rechazó el desalojo porque la causa todavía está en fase de instrucción, sin entrar en el fondo.

Una casa con el máximo grado de protección patrimonial

Efectivamente, otra pata de este conflicto es la conservación de la casa, que está catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). Marc Ponsatí intentó llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Roses para que le ayudaran a restaurarla, pero no lo consiguió. En 2017 el mal estado de la casa era alarmante. Por requisito del Ayuntamiento, en 2023 Sánchez pidió una licencia de obras para rehabilitar la casa y revertir su deterioro, cuando la causa penal ya hacía dos años que estaba abierta y el juzgado ya había suspendido la inscripción de la escritura. Si no lo hubiera hecho, el Ayuntamiento habría podido acabar expropiándosela. "La casa era una ruina", señala la abogada.

El presupuesto inicial de las obras, que empezaron hace unas semanas, supera los 1,2 millones de euros, es decir, más que la propia casa. "Para obtener una licencia no hace falta estar inscrito como propietario, y Sánchez se ampara en la escritura que tiene, pero es nula", dice Michalowski. El abogado explica que ha advertido a los arquitectos encargados de la reforma, Collgorgot, y a la promotora Procasa, de que la compraventa acabará declarada nula y que no podrán recuperar la inversión.

El decreto con el que la alcaldía de Roses ordenó la restauración de la casa se dirige a todos los posibles poseedores, es decir, Melody Ponsatí, Monika Laskowska, Stéphane Sánchez y Stéphanie Mendes. En cambio, Requena señala que el único que recibió "la orden ejecutiva de los servicios municipales urbanísticos para hacer las obras con carácter inmediato" es Sánchez. "Yo misma puse en conocimiento del señor Michalowski la existencia de esta orden ejecutiva –añade–. Según el artículo 21 de la ley catalana del patrimonio cultural, todo el mundo que tenga un derecho sobre un BCIN debe estar compelido a facilitar su restauración, pero mi cliente es el único que está pagando".

Por otra parte, Requena recuerda que Monika Laskowska y Melody Ponsatí podrían haber vendido la casa por un precio superior, al mismo comprador o a un tercero, y que no lo hicieron porque nadie estaría dispuesto a pagar esa cifra por el mal estado en el que estaba la casa. "Lo único que querríamos es recuperar el dinero y se acabó", dice Requena. Además, la abogada le reprocha a Laskowska que como usufructuaria de la casa haya dejado pasar todo este tiempo sin realizar actuaciones de conservación. "La propiedad civil no es cualquier tontería. Un usufructo se puede hacer constar en el registro, pero si después no se actúa tal como dice la ley, este usufructo decae. El registro solo confirma lo que haces".

El ARA se ha puesto en contacto con Mario R. Spengler, socio y director de Procasa, pero no ha querido hacer declaraciones. Para intentar desbloquear la situación, Michalowski pidió al juzgado que levante la suspensión del procedimiento civil de nulidad, que se detuvo por la existencia de la causa penal. Espera tener respuesta en las próximas semanas. Si lo consigue, tiene previsto iniciar los trámites para desahuciar a Sánchez. Lamenta que todo este embrollo judicial ha frenado una venta. "La familia quiere recuperar la casa, para Melody es la herencia de su padre. Esto continuará", concluye el abogado.