Se inician los trabajos para exhumar a 77 personas enterradas en el Valle de los Caídos

BarcelonaSe ha tardado mucho, y los hay que por muy pocos días ya no estarán para verlo, como Manuel Lapeña, que murió la semana pasada con 97 años y que batallaba desde hacía una década para recuperar los restos de su padre, enterrado sin el consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. Otros, sin embargo, después de años de litigio quizás podrán recuperar a sus familiares. Han sido muchos años de llamar a muchas puertas que no se abrían, pero finalmente el gobierno español ha anunciado este lunes que ya ha iniciado los trabajos para exhumar a 77 personas enterradas en las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. En todos los casos son víctimas cuyos familiares han pedido explícitamente que se las saque de ahí. Según el gobierno español, es un proceso sumamente complejo y ya avisa de que será largo por el estado en el que se encuentran los restos. "Más de sesenta años después de los traslados, las dificultades técnicas son muy grandes; entrar en las criptas no garantiza que se encuentren las personas que se buscan", ha explicado el secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Martínez dice que el departamento que dirige abocará todos los recursos necesarios pero que no será fácil porque las víctimas están dispersas por diferentes criptas que no se han abierto en décadas. En algunos lugares hay montañas de huesos y en otros las cajas están enteras. Muchos columbarios están afectados por la humedad y las filtraciones de agua porque cuando se inhumaron los restos no se pensó en su conservación. La manera en la que los muertos están enterrados en el Valle de los Caídos es un reflejo de cómo la dictadura concebía la sociedad española: del todo jerárquica, fijando el estatus de superiores y subordinados a partir de la disposición y el trato de los restos óseos, de forma que estos últimos fueran del todo invisibles.

Dignificar los restos

En primer lugar, según asegura el gobierno español en un comunicado, se tendrán que habilitar los accesos a los columbarios, asegurando las estructuras arquitectónicas necesarias. Después se hará la intervención forense, que consistirá en la búsqueda y localización de los cuerpos, siempre que esto sea posible, y a continuación se tendrán que hacer los análisis genéticos. Finalmente, se mejorará el estado de las criptas para garantizar unas condiciones mejores para los restos que hay enterrados.

Muchas de las víctimas fueron trasladadas al Valle de los Caídos sin consentimiento, y a veces sin que los familiares lo supieran, cuando el monumento franquista fue inaugurado, en 1959. Por ejemplo, se sabe que, el 24 de marzo de 1959, 323 cajas individuales y 175 cajas colectivas llegaron procedentes de varias poblaciones de todo el Estado. Actualmente la cifra total de restos inhumados en el Valle de los Caídos es de 33.847, pero sin que se conozca la identidad de todas y sin que se pueda asegurar que la cifra es exacta. Se calcula que se enviaron entre 6.000 y 7.000 restos provenientes de Catalunya. Los traslados empezaron en 1958 y se alargaron hasta 1983, con el entierro de los restos de Juan Álvarez de Sisternes, de Vilafranca del Penedès, de donde había sido alcalde de 1925 a 1930.

Para saber dónde están enterradas las víctimas se ha utilizado el registro que tenía la comunidad benedictina y también documentación de Patrimonio Nacional donde se especifica los traslados internos que se han ido haciendo a lo largo de los años. Los historiadores han trabajado para documentar cada caso, consultando archivos de todo el Estado, para saber de dónde provenían y cuál fue el recorrido de las víctimas.

Manuel Lapeña murió esperando poder sacar a su padre, fusilado por los franquistas sin ningún juicio y enterrado en una fosa común. Cuando lo asesinaron tenía 44 años y cuatro hijos. Después de muerto, a la familia le pusieron una multa y le embargaron todos los bienes: un huerto y un corral. Manuel Lapeña no se rindió nunca, y eso que no lo tuvo nada fácil. Tenía una sentencia favorable para sacar a su padre desde 2016. Cinco años después empezará la cuenta atrás para poderlo localizar y sacarlo del lugar donde lo llevó el gobierno que ordenó su asesinato.