Ayuso prepara una ley para blindar el Valle de los Caídos
La Comunidad de Madrid quiere proteger elementos decorativos y arquitectónicos del monumento fascista, como la monumental cruz
BarcelonaEl gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, prepara una ley para blindar el Valle de los Caídos, tal como reclama Vox. Se trata de la ley de patrimonio cultural, que especifica la protección del patrimonio etnográfico. Esta ley incluye "la arquitectura religiosa, incluidos los calvarios tradicionales y las cruces, así como elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial que se quiere proteger".
Es la rendija que ha encontrado Ayuso para intentar proteger la estructura y los elementos arquitectónicos del monumento, ya que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en el caso del Valle de los Caídos, puesto que el monumento construido por Franco para perpetuar su legado pertenece a Patrimonio Nacional.
La nueva ley de memoria democrática española, aprobada el 15 de octubre, prevé la resignificación del gran monumento fascista, pero no se concreta cómo ni cuándo se hará ni tampoco se dice nada sobre la eliminación de elementos arquitectónicos. Las últimas semanas el gobierno español ya ha dan algunos pasos para explicar qué sucedió realmente y qué significa este gran monumento fascista. De momento, ya no se llama Valle de los Caídos sino Valle de Cuelgamuros y se ha cambiado la señalización y los tickets de entrada. Las explicaciones, al menos en la web, también han cambiado de pies a cabeza y ahora se explicita que es un monumento franquista y que Franco dio un golpe de estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República. En la nueva web también se concreta que fueron presos políticos los que lo construyeron.
Los primeros cambios
El gobierno español también prepara un nuevo decreto que tiene que establecer un nuevo estatuto jurídico para el monumento y que implicará que la comunidad benedictina abandone Cuelgamuros. Derogada la ley franquista del 1957, que especificaba que la orden benedictina tenía que velar por el monumento, ya no tienen ningún poder, pero hasta que se apruebe el nuevo decreto seguirán ahí, también con la escolanía. Los benedictinos tampoco están de brazos cruzados y luchan para que nadie toque nada. Hicieron peticiones para nuevas canonizaciones y hay nuevas solicitudes para enterrar muertos en las criptas del gran monumento fascista. Otra maniobra ha sido obtener el récord Guinness por la cruz monumental.
No es el único frente abierto. Hace más de un año que la secretaría de estado de Memoria Democrática lo tiene todo a punto para entrar en las criptas e intentar identificar y exhumar a las víctimas que estuvieron enterradas sin el conocimiento de los familiares. Hay familias que hace años que luchan para llevarse a los muertos, muchas veces víctimas de la dictadura, pero una vez más los obstáculos los han puesto los jueces. El caso ha entrado en una especie de laberinto que hace que la espera de las familias se eternice. Todo se complicó, y mucho, cuando en noviembre de 2021 el juzgado contencioso administrativo número 10 de Madrid aceptó un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Se consideró que los trabajos de exhumación podrían causar daños al edificio, cosa que la secretaría de estado de Memoria Democrática del gobierno español siempre ha negado. Este junio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó las medidas cautelares que impedían sacar los restos de las víctimas. Pero a continuación se presentó un nuevo obstáculo: la alcaldesa del Escorial, Carlota López, se negó a renovar la licencia para autorizar el acceso a las criptas y el juzgado contencioso administrativo de Madrid le dio la razón.