Infraestructuras

600 M€ de ahorro en el primer año sin peajes en la AP-7 y la AP-2

El Gobierno español deja el nuevo modelo de pago para la próxima legislatura

BarcelonaYa hace un año que Catalunya dijo adiós a las grandes barreras de peaje, y el Estado calcula que desde el 31 de agosto de 2021 los conductores que han pasado por los diferentes tramos de la AP-7 y la AP-2 –que son de su competencia– se han ahorrado cerca de 600 millones de euros. "Podemos hacer un balance positivo. Ha habido unos cambios de hábitos en la movilidad y los conductores han podido reducir el tiempo de los recorridos y viajar más seguros", valoran fuentes del ministerio de Transportes español, coincidiendo con el aniversario del levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas.

Desde el departamento que lidera Raquel Sánchez confirman que en este último año el tráfico de la AP-7 ha aumentado un 40%, mientras que este repunte ha sido del 80% para la categoría específica de los vehículos pesados. En el caso de la AP-2, la autopista ha visto cómo se doblaba la afluencia total de conductores, que se ha triplicado en los vehículos de dimensiones más grandes como los camiones. Por ejemplo, a la altura de Vila-rodona (Alt Camp) se ha registrado un incremento del tráfico de vehículos pesados del 233%.

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En estos últimos 365 días, el Estado se ha dedicado a retirar las cabinas de los antiguos peajes y a poner en marcha las obras correspondientes en los accesos de la AP-7 y la A-2, algunos de los cuales todavía son provisionales. "El objectivo es que [las autopistas] sean más resilientes ante los accidentes, mejorar su funcionalidad, que cuenten con mejor accesibilidad en el territorio y que sean más seguras", mencionan fuentes de Transportes. En el programa del ministerio ha previsto actuar en 42 enlaces y construir otros nuevos para mejorar las conexiones de la red viaria. Para completar estas mejoras se invertirán 1.050 millones de euros en los próximos años.

Estudio de alternativas para el año próximo

Después del fin de los peajes, sin embargo, todavía no hay un plan encima de la mesa para definir cuál será la fórmula alternativa que los sustituirá como modelo de financiación de las infraestructuras viarias. De momento el gobierno español ha atrasado esta decisión, aunque encontrar un nuevo sistema para 2024 era uno de sus compromisos en el plan enviado a Bruselas para recibir los fondos europeos Next Generation. "No se hará a corto plazo. No toca en estos momentos. Con la situación económica actual y la inflación no es lo más oportuno", insisten desde el ministerio.

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Así pues, estas fuentes confirman que el próximo año ya estará a punto el estudio que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha encargado a la consultora pública Ineco para estudiar las diferentes opciones para un nuevo sistema de financiación de las carreteras. Sin embargo, la definición del modelo quedaría para más allá de 2024; por lo tanto, ya en la siguiente legislatura y después de las futuras elecciones generales en España. El modelo de financiación, indican desde Transportes, podría ser el de viñeta (pagas una cantidad fija y puedes circular todo el año, como se hace en países como Suiza), por uso o de alguno otro tipo. "Todas estas alternativas se podrán abordar con este estudio y después se hará la toma de decisiones sobre a qué modelo aspiramos", añaden.

La Generalitat reclama un modelo que evite la "degradación" de las autopistas

En paralelo, el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha reclamado este miércoles un nuevo modelo de pago de las autopistas que evite su "degradación". En este sentido, ha defendido el modelo de la "viñeta" como una apuesta de transición a sistemas más tecnológicos basados en el pago según "el uso y la contaminación" de los vehículos. El vicepresidente catalán ha pedido al Gobierno español que se siente a negociar un modelo que se aplique en todo el Estado. "Lo que no queremos es que pase lo que pasaba antes, y es que solo pagaban los catalanes", ha espetado.

Por otro lado, Puigneró ha alertado que el calendario expuesto por el Gobierno del Estado para aplicar este modelo de pago no coincide con la urgencia que reclama Europa. "Si 2024 era la fecha tope puesta por la UE para implementar estos modelos de financiación, no tiene ningún sentido que salga ahora el Gobierno del Estado y diga que lo harán en 2025", ha apuntado.