El Gobierno deja en vía muerta la generalización de los peajes en toda España

BarcelonaLa generalización de los peajes en toda España está en vía muerta. Lo admitió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hace unos días en unas declaraciones que pasaron bastante desapercibidas: “Ahora no se dan las bases para facilitar el consenso necesario”, dijo la exalcaldesa de Gavà. “A corto plazo difícilmente podremos implantar esta medida”. Es la misma percepción que tienen los especialistas del sector: “La percepción política es que esto puede restar votos”, dicen. Ahora que, con las elecciones andaluzas de este fin de semana, se inicia el ciclo electoral en España (en el próximo año y medio habrá elecciones municipales, autonómicas en muchas comunidades y, finalmente, generales), nadie espera que el gobierno plantee una cuestión de elevada sensibilidad social.

Hace poco más de un año (en abril de 2021) que el propio Gobierno español había adquirido con la Comisión Europea el compromiso de implantar “un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad”. Era una de las condiciones –junto con la reforma laboral o la de las pensiones, por ejemplo– que se pactaron con Bruselas a cambio de que España pudiera acceder a los fondos europeos Next Generation.

La falta de modelo de infraestructuras se pone en evidencia cada semana en la AP-7, colapsada desde el levantamiento de los peajes el verano pasado y que ha obligado a recuperar prácticas casi abandonadas, como la de salir a horas intempestivas para no encontrar caravana. El Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave para vaciar la AP-7 de camiones, acumula décadas de retraso injustificado. De hecho, en España el 95% del transporte de mercancías se hace por carretera, el quinto registro más elevado de toda Europa. Hace años que las administraciones saben que el levantamiento de las barreras de peaje conllevaría un aumento muy importante del tráfico, puesto que las primeras experiencias que había habido en España así lo demostraban, pero no se ha hecho nada. 

Mientras, también pueden sentirse discriminados aquellos que continúan pagando cada vez que usan una autopista de las que conservan el peaje, como los túneles de Vallvidrera, la C-32 entre Castelldefels y el Vendrell o la C-16 entre Sant Cugat y Manresa, por ejemplo. Peajes, todos, nada baratos, por cierto, y con una tendencia al alza muy acentuada por la inflación galopante.

La conclusión es que el modelo hace aguas por todas partes.

¿Tarifa plana o pago por uso?

Para ser justos, la Generalitat sí que se había anticipado al problema y había planteado que, ante la finalización de grandes peajes como la AP-7 o la AP-2, se implantara un peaje con tarifa plana: es la llamada viñeta (pagas una cantidad fija y puedes circular todo el año, como se hace en países como Suiza). Pero para hacerlo necesitaba la complicidad del Gobierno español, que siempre se opuso.

Ahora bien, cuando el Gobierno español anunció que implantaría un sistema de pago en toda España ya dijo que su intención era aplicar una viñeta al estilo suizo, con la intención de evolucionar unos años después hacia un modelo automático (con cámaras y sin las tradicionales barreras) que cobre peaje a los coches en función de los kilómetros que hayan recorrido.

Las empresas concesionarias, de hecho, no están a favor de la viñeta. Los gobiernos, sin embargo, creen que los ciudadanos aceptarían de más buen grado una viñeta para todo el mundo que no el pago por uso. De todos modos, la viñeta tiene el defecto de tratar a todo el mundo por igual: se paga lo mismo si coges el coche una vez por semana que si lo usas cada día del año y esto es poco progresivo y contrario a los principios que defiende la Unión Europea, basados en el “quien contamina, paga”.

Protagonistas

Al día siguiente de que se supiera que el Estado solo había ejecutado un tercio de las infraestructuras, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, lo atribuyó a la pandemia. Algunos lo interpretaron como un resbalón. Pero lo más increíble es que la ministra de Economía, Nadia Calviño, lo volvió a decir la semana pasada. Durante una visita a Barcelona, Calviño culpó a la pandemia de los “problemas importantes” de los dos últimos años para ejecutar los presupuestos en obras públicas.

“No es excusa”, respondió horas después Joaquim Llansó, vicepresidente de Foment del Treball y experto en obras públicas: “La pandemia ha pasado en toda España”. Es curioso que se insista en culpar al covid-19 por el bajo grado de ejecución presupuestaria. ¿Qué tiene que ver la pandemia con el hecho de que Catalunya sea la comunidad donde menos se ejecutó? Si hubo hasta cuatro comunidades donde se superó el 100% del presupuestado (Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón), ¿por qué fue?

Natàlia Cugueró ya no es la directora general de 11Onze, un peculiar proyecto nacido en 2020 bajo la apariencia de banco catalán, a pesar de que el misterio rodea mucha de sus acciones. En realidad, Cugueró abandonó el cargo hace meses (el pasado septiembre), pero la compañía no lo hizo público. La propia directiva –que también es vicepresidenta de la Cámara de Terrassa– explica al ARA que ella se quedó hasta que 11Onze lanzó su aplicación para clientes particulares, una vez había cumplido su etapa.

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