Los agentes sociales rechazan la propuesta de ERTEs permanentes del gobierno español
Empresarios y sindicatos tildan la medida de "compleja"
MADRIDLa reunión de este miércoles entre agentes sociales y gobierno español sobre la reforma laboral no ha acabado bien. El ejecutivo central ha trasladado a la mesa de negociación una propuesta sobre el diseño de los futuros ERTE permanentes, bautizados con el nombre de mecanismo RED en el nuevo texto que se está negociando. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y las patronales lo han rechazado por "complejo" y han pedido al gobierno español que "reconsidere" su opción, apuntan fuentes de la negociación al ARA.
La propuesta del gobierno es crear unos ERTE permanentes que sirvan como mecanismo para evitar los despidos, sobre todo los colectivos. De este modo, si una empresa tiene dificultades financieras o de producción, se podría acoger al ERTE en vez de despedir a los trabajadores, hasta que recupere la normalidad. En concreto, el texto de 27 páginas que el gobierno español ha puesto encima de la mesa este miércoles, al que ha tenido acceso el ARA, recoge dos figuras de ERTE que se podrían poner en marcha: por un lado, unos expedientes motivados por causas estructurales, y, por el otro, expedientes fruto de causas cíclicas, resultado de una situación coyuntural.
En las dos fórmulas de expedientes, las empresas podrían aplicar o bien reducciones de jornada de los trabajadores de entre un 10% y un 70% para ajustarse a sus necesidades, o bien optar por suspender contratos. Mientras este escenario esté vigente dentro de la compañía, los trabajadores no podrán hacer horas extras y la empresa no podrá contratar de nuevo ni externalizar actividades.
En el diseño de este ERTE está implicada también la Seguridad Social y el ministerio de Economía, que de hecho asume un papel imprescindible a la hora de autorizar el ERTE, según se desprende de la propuesta. En concreto, el ministerio de Economía será el encargado de establecer "los parámetros objetivos a partir del análisis de un conjunto amplio de indicadores que determinen una presunción de las causas de activación [de los expedientes]". En cuanto al tiempo de duración, este mecanismo podrá alargarse un máximo de doce meses en caso de que exista acuerdo entre trabajadores y empresa, y de seis meses si es la autoridad laboral quien lo autoriza. En el caso de los expedientes estructurales podrán solicitarse dos prórrogas, de seis meses cada una.
A su vez, el gobierno también detalla de qué forma las empresas se podrían acoger a bonificaciones y exenciones en las cotizaciones a cambio siempre de formación, y explica cómo se impulsará la recolocación de trabajadores (de la mano de medidas de formación y orientación profesional) en caso de que estos no puedan volver a la empresa, así como la creación del fondo que nutriría estos ERTE permanentes.
Rechazo de los agentes sociales
El primero en rechazar públicamente la propuesta ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que lo ha tildado de "intervencionista" y de poca "flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar", según ha dicho a la entrada del acto a favor de Corredor Mediterráneo de este miércoles en Madrid.
Por su parte, desde la UGT apuntan que por "cuestiones técnicas no comparten que se pretenda regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales" y reclaman más presencia sindical a la hora de establecer el mecanismo. "Pensamos que ante procesos de reconversión generalizada las decisiones del consejo de ministros tendrían que ir acompañadas de un proceso previo de negociación en el que estemos los agentes sociales", apuntan fuentes del sindicato. Desde CCOO avisan de que la propuesta "dificulta el desarrollo de la mesa de negociación y aleja a las partes de un posible acuerdo".
