El Parlamento impulsa la renta básica agraria para explotaciones pequeñas

BarcelonaEl Parlament ha aprobado instar al Gobierno a presentar en 2024 el estudio relacionado con la creación de un fondo agrario que actúe como renta básica agraria para pequeñas explotaciones. Se trata de una de las propuestas de resolución de ERC aprobadas este jueves en el pleno de la cámara catalana, en el marco del monográfico sobre campesinado.

Los diputados de todos los grupos han coincidido en reclamar que se acabe con el "desprecio" del campesinado, así como la reducción de la burocracia y la "competencia desleal" que sufren por la entrada de productos de terceros países . El pleno, que empezó el martes, se convocó después de las diversas jornadas de protesta de agricultores y ganaderos catalanes hace unas semanas. De hecho, representantes de diversas organizaciones agrarias han ido participando en las sesiones y han estado presentes en el hemiciclo durante las jornadas.

El pleno también ha aprobado otras propuestas de resolución que reclaman al Estado la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Esquerra, la CUP, En Comú Podem y el PPC habían presentado textos en este sentido y han recibido la luz verde de la cámara. También se ha aprobado una propuesta de Junts que insta al Estado a concretar las acciones necesarias para adecuar la política agraria común (PAC) de la UE a la realidad del primer sector.

El grupo de ERC también ha presentado una propuesta de resolución que ha sido aprobada y que insta al gobierno español a facilitar la descentralización de la política agraria común (PAC) de la Unión Europea y que se transfiera a la Generalitat la capacidad de modificación de todo el plan.

Por su parte, el pleno ha aprobado una propuesta de resolución de PSC-Units que insta al Govern a crear una línea de 20 millones en ayudas destinadas a la compensación de la pérdida de producción en riegos tecnificados. Los socialistas también han visto avalada otra propuesta en la que instan al ejecutivo de Pere Aragonès a modificar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica para dejar exentos a todos los vehículos que operen en actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

No a la distribuidora pública

Por el contrario, PSC y JxCat han impedido que haya prosperado la propuesta de resolución para crear una distribuidora pública de productos agrarios que garantizara "precios justos" y evitar intermediarios entre los agricultores y los consumidores. La propuesta había sido consensuada entre ERC, el Comuns y la CUP y también ha encontrado la oposición de Vox, Ciutadans y el PP.