El BCE se queda el 75% de la nueva deuda de España durante el 2020
El gobierno español es uno de los que han aprobado menos ayudas directas a pesar del apoyo del Banco Central
BarcelonaTres cuartas partes de la nueva deuda creada por España durante el 2020 fueron adquiridas por el Banco Central Europeo durante el mismo año. Esto supone el apoyo monetario más grande que ha recibido España desde la creación del euro.
En el caso de España, durante el 2020 la deuda pública creció en 156.750 millones en 2020, cuando una bajada de la actividad económica sin muchos precedentes hizo desplomar la recaudación de impuestos.
En plena pandemia, con la actividad económica bajo mínimos, los ingresos de las administraciones se hundieron en todo el mundo, también en España, mientras el gasto se disparaba en sanidad, ayudas a empresas o ERTEs, por ejemplo.
Ante esta situación, el BCE destinó unos 117.300 millones a compras de bonos españoles, una cifra que equivale al 74,9% de la nueva deuda emitida por el Estado. De estos, más de 33.800 millones se adquirieron a través del programa habitual de compras del banco central (el denominado PSPP, ya en marcha antes de la pandemia), mientras que los aproximadamente 83.500 millones restantes se compraron a través del PEPP, un programa creado en marzo del año pasado expresamente para paliar los efectos económicos de la pandemia.
Esta compra masiva explica por qué, a pesar de sufrir la crisis más fuerte desde la Guerra Civil, el gobierno español paga por su deuda intereses de cerca del 0% o, incluso, en algún momento inferiores. “No está pagando casi nada [para emitir deuda] porque hay una demanda política” creada por el BCE, dice Xavier Freixas, catedrático de economía financiera de la Universitat Pompeu Fabra, sobre el gobierno español.
Este fenómeno no es extraño. Países históricamente más endeudados que España, como Japón o los EE.UU., llevan décadas pagando intereses muy bajos gracias a las políticas de apoyo de sus respectivos bancos centrales. La gran novedad es que esto ahora también está pasando en la Europa de la moneda única.
La compra de deuda pública había sido un tabú dentro del BCE hasta el 2012, con la presidencia de Mario Draghi. Desde entonces, a efectos prácticos, el BCE ha actuado –igual que los bancos centrales de los EE.UU., Japón o el Reino Unido– como el que los economistas denominan prestamista de último recurso, es decir, en última instancia ha garantizado la solvencia de los estados para que los inversores no tengan dudas de que los gobiernos podrán pagar lo que deben a sus acreedores.
“Cuanta más deuda emite un país, más aumenta su riesgo de crédito”, explica Xavier Freixas. Sin el apoyo de los bancos centrales, por lo tanto, el aumento de la deuda pública habría comportado un incremento de los intereses que se pagan. El riesgo de crédito de un estado se calcula como la cantidad de deuda que tiene en función de la capacidad que tiene de recaudar impuestos, es decir, de obtener suficientes ingresos para devolver lo que debe.
En este aspecto, sin embargo, a corto y medio plazo como mínimo, la deuda se transforma en un problema muy relativo para los gobiernos si tienen detrás un prestamista de último recurso, sobre todo en plena recesión, cuando el sector público tiene que suplir la falta de fuerza de la demanda privada.
Apoyo desaprovechado
En un contexto de pandemia y con la actividad económica en caída libre, el gobierno de los EE.UU. es de los que más ha aprovechado la maquinaria de su banco central, la Reserva Federal, para dar ayudas directas a la economía de más de dos billones de euros con el objetivo de volver a hacer crecer el PIB. En Europa, Francia, Alemania e incluso Italia han aprobado estímulos menos agresivos, pero similares.
España, sin embargo, no ha hecho lo mismo. La opción elegida por Madrid ha sido reducir al mínimo las ayudas directas y las condonaciones de impuestos a empresas y ciudadanos y confiar en el impacto de los fondos NextGen de la UE, que tendrían que llegar a partir del verano. “El gobierno español ha sido muy prudente y poco beligerante con los fondos antipandemia”, opina Freixas. “La fragilidad del riesgo soberano se complementa con la fragilidad de la estructura política. Con cualquier cosa que hace el gobierno, la oposición se le echa encima”, añade.