Bruselas toca la corteza en España por los chiringuitos de playa

BruselasBruselas considera que la normativa española de concesión para explotar espacios costeros es demasiado arbitraria y poco transparente. De esta forma, la Comisión Europea cree que la entrega de permisos para explotar chiringuitos de playa y, entre otros, piscifactorías no se alinea con la legislación de la UE que se aprobó en 2006 y ha instado al Estado a modificar su normativa si no se quiere enfrentar a una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El ejecutivo comunitario critica en un comunicado de prensa que la normativa española "prevé la posibilidad de otorgar concesiones para construir locales permanentes en el dominio público costero sencillamente presentando una solicitud". En cambio, Bruselas recuerda que la directiva europea "establece la obligación explícita de utilizar un procedimiento de selección imparcial y transparente".

Aparte de las concesiones, la Comisión Europea también carga contra las prórrogas que otorgan las administraciones públicas de todo el Estado. De esta forma, reprocha a España que en algunos casos se llegue a prorrogar la explotación de un espacio costero en varias ocasiones hasta llegar a unos 75 años. También recuerda que no cumple con la normativa comunitaria el hecho de que la ley española da preferencia a los titulares de la concesión en detrimento de los candidatos nuevos que quieren presentarse al concurso público. "Las normas nacionales [de España] restringen indebidamente la libertad de establecimiento", insiste el ejecutivo comunitario.

Así pues, la Comisión Europea ha decidido abrir este lunes un dictamen motivado en España, que deberá responder y adoptar las medidas necesarias en un plazo máximo de dos meses. En caso de que el Estado no haga caso de la advertencia, Bruselas puede decidir llevar el incumplimiento de la normativa a la justicia europea.

El derecho a pensiones privadas "paneuropeas"

La Comisión Europea también ha abierto un dictamen motivado en España y Portugal por no transponer una nueva legislación comunitaria que garantice que los ciudadanos comunitarios puedan tener pensiones privadas paneuropeas. Bruselas lo ve como un complemento a las pensiones públicas y tiene como objetivo "proporcionar más opciones y productos financieros más competitivos" a los europeos. Además, la iniciativa pretende contribuir a una mayor integración de los mercados de capitales de los Estados miembros y favorecer que los europeos inviertan sus ahorros no sólo en su país, sino en toda la Unión Europea.

Además, Bruselas también ha instado a España a cambiar la normativa de peajes para que camiones y vehículos pesados ​​paguen por la distancia recorrida y no por el tiempo. Fuentes comunitarias clarifican al ARA que no están pidiendo a España que amplíe o reduzca sus carreteras de pago. De hecho, recuerdan que esa decisión es de competencia estatal. Eso sí, los peajes que estén en funcionamiento deben regirse por las normativas que ha acordado la Unión Europea.