Choque por el aumento de salarios en plena campaña de Navidad

MADRID“Puede que los sufridos trabajadores de los Estados Unidos, que llevan años mal pagados y trabajando en exceso, hayan llegado a su límite”, escribía el premio Nobel de economía Paul Krugman sobre la llamada Gran Dimisión, el despido voluntario de más de cuatro millones de trabajadores americanos el último año, cansados de sus condiciones laborales, en especial de los sueldos bajos. Salvando las distancias, parece que este escenario va más allá de las fronteras de los Estados Unidos y ha aterrizado también aquí. Si bien en España no se ha dado una baja multitudinaria de trabajadores de su puesto de trabajo, el debate sobre el aumento de los salarios sí centra el debate económico pocos días antes del inicio de Navidad.

El encarecimiento del coste de la vida en los últimos meses, fruto del repunte inflacionista por el aumento del precio de la luz y los problemas en la cadena de suministros, ha puesto encima de la mesa qué porcentaje hay que mejorar los sueldos para que miles de trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Si bien hay consenso en que no lo tienen que hacer de la mano del último índice de precios al consumo (en noviembre se disparó hasta un 5,5%), porque todo indica que los índices de inflación actuales son “temporales” —según los principales organismos supervisores—, trabajadores y sindicatos tampoco quieren oír hablar de una "congelación", mientras que los empresarios pasan de puntillas sobre el asunto.

En plena negociación de la reforma laboral y a diez días del límite para llegar a un acuerdo, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, hace días que reclaman a las patronales una mejora de los sueldos en los convenios colectivos, y han amenazado con movilizaciones. "No es admisible que algunas organizaciones empresariales lleven propuestas con una congelación salarial", aseveraba el líder de CCOO, Unai Sordo. El hecho es que en estos momentos centenares de empresas están negociando el aumento salarial de los nuevos convenios colectivos con los trabajadores y, según los sindicatos, la posición de los empresarios es "rácana".

En este momentos, el aumento medio aplicado a los convenios colectivos está estancado en un 1,5%, explica el catedrático de derecho laboral de la UB Jordi García. Una cifra, sin embargo, que no solo está alejada del último IPC mensual, sino que también está por debajo de la inflación media de los primeros once meses del año, y que se sitúa en el 2,8%. De hecho, un informe de CCOO exponía que el 34% de los trabajadores afectados por un convenio colectivo tienen pactados incrementos de entre el 1 y el 1,5%, y un 25,6% de los empleados solo tienen una mejora de entre el 0 y el 1%. Por otro lado, hay un 11% de empleados que tienen mejoras de hasta el 2,5%.

Además, el Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC), el marco de referencia de cara a las negociaciones, está caducado desde 2020. Hasta ese año, recogía un aumento del 2%, así como un punto adicional voluntario. Ahora, los sindicatos quieren que el nuevo acuerdo recoja mejoras salariales más altas que la actual, así como una cláusula de salvaguarda.

En este sentido, la posición del gobierno español, en línea con lo que ha expresado en reiteradas ocasiones el Banco de España, es clara: "Tenemos que evitar las subidas que puedan tener efectos de segunda ronda y que tengan un carácter más estructural", ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista publicada este lunes en La Vanguardia. Calviño no ha dado una cifra concreta en relación con el incremento salarial, pero ha descartado subidas superiores al 5%, en paralelo a las tasas del IPC de los últimos meses. "Esta tasa de variación de precios no representa la media del año; hay que recordar que empezamos el año en un 0%, y de media estamos hablando de una tasa de aumento de precios alrededor del 3%", ha dicho.

Mientras tanto, la patronal lo mira de reojo y también quiere evitar un aumento salarial equiparable a los últimos IPC. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "prudencia" y, del mismo modo que el gobierno o el Banco de España, ha insistido en que hace falta tiempo "para ver cómo evolucionan los precios los próximos meses".

"La negociación de los convenios colectivos no es para 3 o 6 meses, sino que son acuerdos a largo plazo, de 2 o 3 años. Tenemos que garantizar que en este periodo se mejore el poder adquisitivo y se salga de la tenaza de la inflación", ha defendido Sordo este lunes. Una solución, como apunta García, podría ser la recuperación de las "cláusulas de garantía salarial", que con el años han desaparecido y que permitían revisar el sueldo en caso de que la inflación crezca mucho, pero que no tengan que estar indexados explícitamente.

Además, para el catedrático de la UB, una de las salidas a corto plazo de esta situación es estudiar cómo reducir la presión de las rentas a través de medidas fiscales, como por ejemplo la rebaja de los impuestos con un impacto directo a la luz. A su vez, el catedrático de Economía de la UB Raúl Ramos apunta que, en caso de que la política monetaria de los bancos centrales diera un giro y aumentaran los tipos de interés, "sí se tendría que plantear un aumento de los salarios".

Pendientes del salario mínimo

Una vez se cierre la negociación actual de la reforma laboral, el gobierno español tendrá que recoger el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2022 y el compromiso con los sindicatos de que este llegue a los 1.000 euros al mes en 14 pagas (actualmente se sitúa en los 965 euros mensuales). "Un aumento de 15 euros de la factura de la luz para este colectivo sí es un problema", apunta Ramos, que añade que el aumento del salario mínimo es una forma de "paliar" la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores.

Mientras los sindicatos avisan de que "no prevén" ningún otro escenario que el del aumento del SMI, fuentes empresariales se ciñen a pedir "prudencia" mientras sigue abierta la negociación de la reforma laboral.