La tensión (también) se instala en el diálogo social

Madrid"Inviable". "Lo veo difícil". "Ya estamos en precampaña". Son algunas de las reflexiones que diferentes voces sindicales y empresariales hacen cuando se les pregunta sobre la posibilidad de acuerdos tripartitos lo que queda de legislatura española. Pedro Sánchez se hizo la primera foto a tres bandas en enero de 2020, tras un acuerdo con la patronal española CEOE y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes. "Ha sido fruto del diálogo social y tiene como base la concesión solidaria de los agentes sociales", señalaba entonces Sánchez, que agradeció a los máximos dirigentes sociales –Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT) y Antonio Garamendi (CEOE)– su "voluntad de acuerdo". Más de seis años después, algunos ven aquel diálogo, pero también aquella voluntad negociadora como un espejismo. Aunque hay quien no pierde la esperanza: "Agua pasada no mueve molino".

Las materias pendientes que pueden afectar al ámbito del diálogo social en materia laboral y de la Seguridad Social los próximos meses son una subida del SMI en el año 2027 (el gobierno español ya ha descartado un incremento este 2026). También el llamado "absentismo laboral" y, en consecuencia, la gestión de las bajas laborales por incapacidad temporal (IT), la directiva europea de transparencia salarial (está prevista una nueva reunión este lunes), las cotizaciones de los autónomos o un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que implica una negociación bipartita: entre sindicatos y patronales, pero sin el gobierno. Mientras tanto, debates como el de la reducción de la jornada laboral y el registro horario han quedado totalmente aparcados. De hecho, el gobierno español ha tirado por la calle de en medio en lo que respecta a la segunda medida –la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió a los sindicatos que lo aprobaría. En espera han quedado temas como el del refuerzo de los permisos por defunción y cuidados de un familiar.

La brecha del registro horario

Para la patronal, el tema que genera más "preocupación" es el del absentismo laboral, pero también es el que ha creado un "clima más difícil" de diálogo, asume una fuente próxima a la CEOE. Durante este tiempo se ha llegado a un choque directo con los sindicatos que han tildado "de infames" algunas de las afirmaciones de los empresarios.

Pero entre los empresarios el malestar creció con la reducción de la jornada laboral porque consideraban que salpicaba el ámbito de la negociación colectiva, es decir, entre empresa y trabajadores, pero sin el gobierno. Y se disparó cuando Yolanda Díaz anunció el registro horario. De hecho, aunque ha sufrido algunas modificaciones tras las recomendaciones del Consejo de Estado, la CEOE ha amenazado con impugnar la medida en los tribunales si se aprueba como una modificación del reglamento para esquivar que se vote en el Congreso. La patronal lo justifica porque la reforma afectaría al Estatuto de los Trabajadores.

Es en este contexto que debería producirse una nueva reunión para abordar la transparencia de los salarios. Está prevista para este próximo lunes, pero la CEOE ha anunciado que suspende cualquier interlocución con el gobierno español hasta el 16 de septiembre, cuando se vota la ley de lobbies en el Congreso. Garamendi, pero también los sindicatos, rechaza que se tengan que inscribir en esta norma porque su papel está regulado en la Constitución. "Ni siquiera descolgaremos el teléfono [al gobierno]", ha amenazado el presidente de la patronal esta semana.

Más allá de este bloqueo, en la patronal señalan que últimamente los contactos han sido casi inexistentes y lo vinculan al hecho de que no hay legislación en marcha y que el gobierno español está sumergido en afrontar y gestionar crisis como la de Ceuta. También lo creen dentro de las filas sindicales.

Si bien los acuerdos tripartitos fueron una constante los primeros años de pandemia –el contexto económico lo hacía casi obligatorio–, en esta segunda legislatura se han contabilizado con cuentagotas. La tensión institucional se ha trasladado también al diálogo social. El último acuerdo tripartito, con sindicatos y patronal, fue para acabar con el acoso de las personas LGBTI en los puestos de trabajo.

En términos bipartitos, los empresarios también ven difícil un acuerdo con los sindicatos para un nuevo AENC. Lo vinculan, precisamente, al hecho de que el ministerio de Trabajo tome después "iniciativas", por ejemplo el registro horario, que creen que pueden hacer "dinamitar" los acuerdos entre ellos. El mismo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que hoy no existe un "espacio seguro" de negociación".

Ultimátum de los sindicatos

Pero el registro horario también genera malestar entre los sindicatos, aunque por el motivo contrario. Esta semana tanto CCOO como la UGT han lanzado un ultimátum al gobierno español para que lo apruebe. De hecho, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que no se abrirán a acordar nada más si no cumplen con la promesa de sacarlo adelante en consejo de ministros. Pese al tono elevado, desde CCOO creen que "hay margen" para que el ejecutivo apruebe asuntos pendientes como este. "Si no, será el gobierno quien bloquee el diálogo social de forma definitiva", afirman.

Los sindicatos tampoco quieren convertirse en un brazo más del gobierno de Pedro Sánchez con quien han pactado numerosas cosas pero no han convocado ninguna huelga o movilización contra sus políticas, a pesar de las problemáticas sociales que atraviesan España. De hecho, la paciencia también se les acaba, o como mínimo así lo han dado a entender públicamente estos últimos días, ante algunos incumplimientos por parte del gobierno español de compromisos asumidos con ellos.

En cuanto al resto de carpetas, temen que si la patronal mantiene el bloqueo anunciado por la ley que prevé un registro de los grupos de interés se pueda avanzar en algo, aunque se asume que el ambiente ya era "extraño" mucho antes.

Con todo, una vez comience el engranaje electoral con la mirada puesta en diferentes comunidades autónomas, en los municipios y, llegado el momento, en el Estado, todo el mundo da por hecho que todo se complicará todavía más. "Un periodo así condiciona muchísimo", se asume. Las posiciones no solo estarán más enrocadas, sino que la agenda legislativa se prevé todavía más vacía.