Cuenta atrás para que el Ibex 35 tenga un 40% de mujeres en los consejos de administración

MADRIDPrimera, segunda y ahora tercera vuelta. La ley de representación paritaria del gobierno español fue una de las normas que tras pasar dos veces por el consejo de ministros y dar el salto al Congreso de los Diputados quedó colgada en la cámara baja española por el adelanto electoral del pasado mes de mayo. Este martes, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez la ha vuelto a aprobar en consejo de ministros para poder iniciar, de nuevo, el trámite parlamentario y que vea finalmente la luz.

Se trata de una norma que nace por la transposición de una directiva europea del año 2022 encaminada a mejorar el equilibrio de género y que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el gobierno central, en las candidaturas electorales, en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, en los jurados de reconocimiento público de personalidades y en los órganos constitucionales, pero también a los consejos de administración de las grandes empresas.

"Es una ley justa porque incorpora el 50% de la población a los niveles de toma de decisión en el ámbito político, social y económico", ha destacado la flamante ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), que este martes se ha estrenado en rueda de prensa después del consejo de ministros.

Las cotizadas, a diez puntos de alcanzar el objetivo

Ahora mismo, las empresas que cotizan en la bolsa española no logran el objetivo que marca la ley de paridad. Así, las sociedades del Ibex-35 deberán tener un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes del 30 de junio de 2024. Actualmente, estas compañías lo están rozando (37,5%) con 160 consejeras de un total de 426 consejeros, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) este 2023 en referencia a 2022.

Las compañías que cotizan en otros índices tendrán hasta el 30 de junio de 2025 para poder adaptarse a la norma. A finales de 2022 la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas que no forman parte del Ibex-35 y que tienen una cotización superior a los 500 millones de euros superó apenas la barrera del 30% (107 consejeras de 332 miembros en los consejos): se quedó en un 31,8%, según datos de la CNMV. Las cotizadas con una capitalización bursátil por debajo de los 500 millones de euros tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para adaptarse a la norma. En este caso, a finales de 2022 había 118 consejeras de un total de 449 miembros en los consejos de administración de estas empresas (26,2%).

En cuanto a las empresas grandes pero no cotizadas tendrán que alcanzar este objetivo de un 40% de mujeres en el consejo de administración en junio de 2028.

"No hay una economía sólida que pueda prescindir del 50% del talento", ha reafirmado Redondo, en referencia a que las mujeres representan a la mitad de la población en España. La ministra también ha descartado que las compañías puedan oponerse: "Seguro que cualquier consejo de administración abrazará la medida". Entre las compañías que cerraron con peor nota en el 2022 se encuentra la constructora de Florentino Pérez, ACS, que cuenta con un 26,6% de consejeras en su consejo, la catalana Fluidra (16,6%), Naturgy ( 35%), la también constructora Sacyr (23%) o la cadena hotelera NH Hotel Group (10%).

Debe tenerse en cuenta que hace tiempo que la CNMV recomendó en el marco del código de buen gobierno de las empresas cotizadas alcanzar el objetivo del 40%.

De la administración central a los órganos judiciales

Sin embargo, la norma también impacta de pleno en el ámbito público. De entrada, en la administración general del Estado, los órganos superiores y directivos, tales como una secretaría de estado de un ministerio, deberá incorporar este principio de representación equilibrada. Una obligación que también afectará a las entidades del sector público estatal, que si no cumplen con el 40% tendrán que justificarlo y corregir; y, por último, órganos constitucionales y de relevancia como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial.