Fiscalidad

La Generalitat aflora 286 millones de fraude fiscal con sucesiones a la cabeza

La cifra supone un bajón del 2,7% respecto a 2022

BarcelonaLa Agencia Tributaria de Catalunya hizo aflorar el pasado año 286 millones de euros defraudados por contribuyentes en impuestos propios y cedidos de la Generalitat, con el impuesto de sucesiones y donaciones encabezando los impagos, según ha explicado el departamento de Economía de la Generalitat este jueves. Esta cantidad representa una leve bajada de 8 millones, un 2,7%, en comparación con 2022.

"La realidad es tozuda, el fraude fiscal existe y genera un impacto económico muy importante que perjudica a nuestra economía y al estado del bienestar", ha dicho la consellera de Economía, Natàlia Mas, en la presentación de los resultados anuales del plan de prevención y reducción del fraude fiscal. Mas ha recordado que el impago de impuestos provoca que los ciudadanos disfruten "de menos servicios públicos y bienestar" y pone en riesgo la "función redistributiva" del sistema fiscal y "la cohesión social", puesto que "se deteriora el principio de 'igualdad' que obliga a todo el mundo a contribuir a las cuentas públicas.

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Frau fiscal descobert per l’Agència Tributària de Catalunya
Dades anuals en milions d’euros, per tipus d’impost propi o cedit de la Generalitat.

Sin embargo, la consellera ha indicado que "se hace difícil cuantificar con exactitud el fraude fiscal y el impacto económico que genera". En primer lugar, porque la propia naturaleza del fraude hace que no se pueda tener la seguridad de que las autoridades pillen todos los casos y, en segundo lugar, porque el informe que ha presentado el Gobierno sólo hace referencia a las actuaciones sobre los tributos cedidos y propios que controla la Agencia Tributaria de Cataluña, que son aproximadamente una décima parte del total de impuestos que pagan los ciudadanos y empresas catalanes.

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La Generalitat incrementó un 7% las actuaciones de control, hasta las 54.544, para destapar impagos de todos los impuestos gestionados por la administración catalana. Cabe recordar que la economía sumergida representa en torno a un 20% de la actividad económica en España y Cataluña, según las estimaciones de la mayoría de estudios.

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Sucesiones, el que más fraude acumula

El impuesto de sucesiones y donaciones es el impuesto en el que se ha detectado más fraude, con 121 millones de euros de los 286 millones aflorados. A diferencia del año anterior, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) es el segundo en volumen de fraude detectado, con 84 millones, frente al impuesto de patrimonio, con 76 millones. El resto de tributos registraron un fraude de 5 millones, tres de ellos concentrados en el impuesto sobre el juego.

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Aunque no es el que más fraude acumula, el grueso de las actuaciones se concentró en detección de impagos del ITPAYD, al tratarse del tributo más común, con un 56% del total. Este impuesto se aplica en gran cantidad de operaciones, desde compraventas de inmuebles hasta constituciones de sociedades, ampliaciones de capital o todo tipo de actos notariales o mercantiles.

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Sucesiones acumuló un 16% de las actuaciones; patrimonio, un 11%; juego, un 1%, y el resto de impuestos propios y cedidos, un 16%. Por lo que se refiere al tipo de actuaciones, las inspecciones permitieron aflorar un importe de 139 millones, casi la mitad del total, seguido por la gestión tributaria, con 111 millones, y la recaudación, con 36 millones de los 286 millones de euros detectados en total.

Andorra y Madrid, destinos preferidos para el fraude

Aunque el debate en el ámbito político sobre la competencia fiscal de otras autonomías y el empadronamiento de otras rentas en países considerados paraísos fiscales, la Generalitat sólo detectó el año pasado 13,6 millones de euros defraudados a través de la declaración de activos en el extranjero o por cambios de residencia ficticios, ya sea ​​en otras comunidades o fuera de España. La cifra representa un 4,7% del fraude detectado en 2023 en impuestos gestionados por la administración catalana.

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Concretamente, se detectaron 27 casos por deslocalizaciones ficticias, por un valor de 12 millones: 9,9 millones de euros por fraudes de individuos que declararon incorrectamente que vivían fuera del Estado, a los que hay que añadir 2,1 millones por falsas residencias en otras comunidades. Además, 18 personas defraudaron 1,6 millones de euros por bienes no declarados situados en el extranjero. Según el departamento de Economía, la mayoría de casos de fraude detectados en el extranjero se concentraron en Andorra, mientras que Madrid fue la comunidad preferida para los falsos empadronamientos dentro del Estado.

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La consellera ha recordado que Cataluña sigue siendo un territorio con una presión fiscal "inferior a la media de la Unión Europea" y aún más por debajo de los países del norte y centro del continente, que a menudo se toman como "ejemplo" de los buenos niveles de los servicios públicos.