La sociedad civil vuelve a presionar para que la reforma de la administración se abra camino en Cataluña

BarcelonaLa reforma de la administración se ha abierto camino en Cataluña. O así lo ven las más de 200 entidades y patronales que forman parte del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), una organización constituida hace unos dos años para reclamar reformas en el sector público. La tramitación del proyecto de ley de directivos profesionales del sector público –una norma que forma parte de este proceso, aprobada en julio por el gobierno de Salvador Illa– superó el viernes pasado el obstáculo en comisión parlamentaria, donde ERC, Comunes y PP presentaron enmiendas a la totalidad. Junts evitó plantear una y, de esta manera, se llegará a la votación del mes que viene en el Parlament con la posibilidad de que la norma siga su camino.

De hecho, el FERA prevé emitir un comunicado en el que insistirá en que se permita tramitar el texto, según fuentes conocedoras. La semana pasada esta organización ya hizo un llamamiento a evitar que una mayoría de enmiendas a la totalidad hiciera decaer el proyecto de ley.

Entonces afirmaron que, sin entrar en el contenido de la propuesta del Gobierno, había que permitir su tramitación para que después los partidos y entidades implicadas pudieran decir la suya. El FERA recuerda que todos los partidos defienden la reforma de la administración y destacan que no se entendería que algunos evitaran poder iniciar la discusión de una norma encaminada a modernizar la administración.

El objetivo del FERA también es tratar de convencer a alguno de los grupos que han presentado enmienda a la totalidad en la comisión de asuntos institucionales para que no la presenten en la próxima votación y esperan que Junts tampoco entorpezca la tramitación y continúe con su actitud hasta ahora. Esta comisión las admite a trámite y las remite al pleno para el debate a la totalidad. En este punto, si prospera alguna enmienda a la totalidad, decae el proyecto de ley, que es lo que el FERA quiere evitar.

Unos 700 altos cargos

El FERA aplaudió la aprobación del proyecto de ley por el Gobierno no porque estuviera de acuerdo con todo su contenido, sino porque significaba el inicio del proceso de profesionalización de los directivos públicos de la Generalitat y, por tanto, un importante paso en la reforma de la administración catalana. La norma, tal como está redactada, afectaría a más de 700 personas con altos cargos, entre directores generales y subdirectores generales, de los más de 260.000 empleados públicos que tiene la Generalitat.

El texto prevé, por ejemplo, procesos de selección para estos cargos "mediante criterios objetivos de mérito, capacidad e idoneidad; la evaluación y rendición de cuentas del personal directivo de tal manera que la permanencia en las posiciones directivas dependerá del cumplimiento de los objetivos establecidos en acuerdos de gestión, garantizando un seguimiento continuo y una evaluación periódica de su rendimiento".

Forman parte del FERA entidades como la Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP), la Asociación Catalana de Profesionales, la Cámara de Comercio de Barcelona, la patronal vallesana Cecot, los colegios catalanes de Economistas, de Ingenieros Industriales y de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología, el Club de Dirección Pública Esade Alumni, la entidad empresarial FemCat o la Mesa del Tercer Sector Social. Se define como "un espacio de encuentro de entidades de la sociedad civil catalana que defienden la necesidad de abordar, de forma constructiva y exigente, la largamente reclamada reforma de la administración pública, que en el contexto económico, social y político actual del país resulta imprescindible y urgente".