Se termina la luna de miel entre la patronal y la Generalitat

BarcelonaLa patronal Foment del Treball y la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) han cargado este lunes contra el decreto ley acordado entre el Gobierno y los comunes que, entre otras medidas, incrementa el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) –lo que se paga cuando se adquiere un inmueble de segunda mano– en el caso de los grandes tenedores y operaciones de pisos de más. El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ha criticado que el Govern saliera adelante la norma sin consultar con el sector y ha añadido que empeorará el acceso a la vivienda.

Desde la investidura de Salvador Illa, el ejecutivo catalán y Fomento –la patronal que agrupa sobre todo a las mayores empresas de Catalunya– habían mantenido una relación muy fluida. "Hasta hoy hemos tenido una complicidad", ha dicho Sánchez Llibre sobre la relación entre el ente patronal y el Govern, ya que compartían "unos planteamientos globales para crear una hoja de ruta" para volver a hacer "competitiva" a la economía catalana para que "recupere el liderazgo de la economía española".

La semana pasada, sin embargo, la Generalitat salió adelante un aumento de dos impuestos (incluidas las dos medidas en el mismo decreto aprobado el pasado viernes) sensibles para Fomento: la tasa turística, que afecta a uno de los mayores sectores de la economía catalana, y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que afecta a la compraventa de pisos. Ambas medidas se han aprobado de espaldas a Fomento: "No ha habido negociación previa con el sector", ha dicho Sánchez Llibre.

De las dos patronales catalanas –la otra es Pimec, que agrupa a empresas medianas y pequeñas–, Fomento es la que más aboga por rebajas de impuestos. De hecho, el pasado abril Fomento calificó a Catalunya de "infierno fiscal". Además, el decreto es fruto de un pacto del PSC con los Comuns, un partido que tradicionalmente ha tenido una relación tensa con Fomento y que se enrareció aún más durante la alcaldía de Ada Colau en Barcelona, ​​cuando la patronal criticó a buena parte de las políticas del consistorio. Además, recientemente el PSC aprobó con el apoyo de comunes y ERC la eliminación de la rebaja del impuesto del juego en BCN World, un proyecto que cuenta con el apoyo de Foment.

Críticas al decreto de vivienda

Ante esta situación, Fomento ha contraatacado con una dura rueda de prensa conjunta de Sánchez Llibre y el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, que es también vocal de la junta de Foment. Ambas organizaciones expresaron con vehemencia su "grave preocupación" por el decreto y aseguraron que "irá en dirección al encarecimiento del acceso a la vivienda", según palabras de Sánchez Llibre, que quiso "denunciar con modestia" la situación.

Las quejas de los promotores y la patronal sobre el decreto que afecta a la vivienda son diversas. Por un lado, Sánchez Llibre criticó que se aumente el impuesto de transmisiones, que hasta ahora era del 10% o el 11% y que con la nueva norma aumentaría hasta el 13% para las viviendas más caras. Este impuesto lo pagan los compradores de pisos de segunda mano (los pisos nuevos tienen el IVA), por lo que la subida impositiva sobre todo afectaría, según Gobierno y comunes, a las personas que compran pisos más caros (con un precio superior a los 900.000 euros) y, por tanto, a las que tienen un mayor nivel de renta. En Cataluña, en 2023 el precio medio de una casa de 100 metros cuadrados fue de unos 245.000 euros.

Sánchez Llibre ha lamentado que el cambio va en la dirección de incrementar entre un 30% y un 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales y una diferencia del 400% en algunos casos con el resto de comunidades autónomas, donde el impuesto es de un 5,5% de media. "Con un acuerdo como éste no se redistribuye la riqueza, se redistribuye la miseria", ha dicho el presidente de Fomento.

Por su parte, Vilajoana ha sido aún más contundente contra la Generalitat: "Estamos decepcionados y muy cabreados", ha dicho. "Estamos cansados ​​de que legislen un día para otro sin saber cómo funciona el mercado de la vivienda en nuestro país", ha añadido sobre el ejecutivo, al que ha acusado de sufrir "ignorancia suprema". Vilajoana ha recordado que el sector inmobiliario genera una recaudación de 7.000 millones de euros anuales en el erario público. "¿Saben quién hace el negocio de verdad con la actividad inmobiliaria? Las administraciones", declaró.

Vilajoana también ha criticado que la nueva normativa, que ya se encuentra en vigor temporalmente (debe ser convalidada por el Parlament, y entonces será definitiva o decaerá si no se aprueba) eleva hasta el 20% el impuesto de transmisiones cuando el comprador es un gran tenedor de vivienda (una empresa o persona con 10 o más). En este sentido, lo que más molesta a los promotores es que se les incluye como grandes tenedores por tener en propiedad viviendas, cuando simplemente las tienen para venderlas porque las están construyendo.

Abiertos al diálogo

Pese a la indignación del sector, tanto Fomento como la APCE esperan que el Gobierno dialogue con ellos para retirar algunas de las medidas, aunque Vilajoana ha lamentado que en los últimos años todas las administraciones hayan aprobado una gran cantidad de cambios legislativos en materia inmobiliaria sin debatirlos con los empresarios y que muchos acaben echándose atrás. "Rectificar es de sabios una vez, rectificar 32 veces es de incompetente", remachó.

En este sentido, tampoco gustó a Fomento la subida de la tasa turística, que se doblará (de 3,5 a 7 euros por persona y noche en el caso más alto) y que abre la puerta a mayores incrementos de hasta 8 euros en todos los municipios, una potestad que hasta ahora sólo tenía el Ayuntamiento de Barcelona. Según Sánchez Llibre, este lunes por la tarde representantes del sector turístico se reunirán con el Govern para "intentar dialogar y modificar" la subida impositiva, a raíz de un comunicado de la patronal, el viernes, en el que expresó "su rechazo frontal a esta subida radical".