El decreto de los centros de datos diluye las exigencias para gigafactorías de IA como la de Móra la Nova

MadridEl gobierno español está decidido a aprobar el decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los centros de procesamiento de datos (CPD) en España antes de las elecciones generales del 29-N, aunque el plazo es muy ajustado. De esta manera, ha trasladado a la mesa del Consejo de Estado un nuevo texto después de estudiar las más de 600 alegaciones durante el periodo de audiencia pública, y también el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se apuntaba que las exigencias energéticas y renovables iniciales del gobierno eran demasiado "estrictas". El documento final mantiene las exigencias para la industria, pero es más flexible con el cumplimiento. Por ejemplo, tendrán cinco años para adaptarse a requisitos como la obligación de justificar el consumo a través de energía renovable.

Pero más allá de los cambios respecto a la primera propuesta –la patronal de la industria se mostró totalmente contraria, así como las compañías con más intereses en el Estado: Amazon, Microsoft, Google o ACS–, la nueva normativa incluye una brecha para diluir los requisitos en proyectos como la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) que se plantea para Móra la Nova (Ribera de Ebro) y San Fernando de Henares (Madrid), y que el propio gobierno español ha apadrinado. En concreto, el ejecutivo central quiere dar flexibilidad a proyectos que nacen con el objetivo de impulsar "la soberanía estratégica" en esta materia y diferenciarlos de las iniciativas estrictamente privadas, sobre las cuales se aplicará un régimen general.

En concreto, el texto incluye un régimen especial para determinadas infraestructuras de computación, incluidas las gigafactorías de inteligencia artificial, las factorías de IA y los superordenadores, así como proyectos que el gobierno español presente a convocatorias europeas. A todos ellos no se les exime de las obligaciones de sostenibilidad, pero se les permite cumplirlas gradualmente y en condiciones específicas. Por ejemplo, un centro estratégico como puede ser la gigafactoría de IA prevista para Móra la Nova y Madrid podría acogerse a límites de eficiencia hídrica más flexibles que los centros de datos afectados por el régimen general del decreto. Esto, sin embargo, no será indefinido.

En resumen, las principales ventajas suponen un calendario gradual en términos de eficiencia energética e hídrica, más tiempo para acreditar la generación de energía renovable adicional y una vía específica para demostrar la soberanía y el control europeo de la infraestructura.

Pendiente del Consejo de Estado

Ahora el texto está sobre la mesa del Consejo de Estado. Se ha tramitado por la vía de urgencia y fuentes del gobierno español confían en que este órgano actúe con celeridad. Es por ello que el ejecutivo de Pedro Sánchez confía en poder aprobar el real decreto antes de las elecciones generales en el Estado del 29-N. La alternativa sería aprobarlo estando en funciones. Además, como no es un real decreto ley no necesita la convalidación del Congreso y, por lo tanto, no pasará por la Diputación Permanente, el ente que excepcionalmente puede aprobar reales decretos ley aunque la cámara baja española esté disuelta por la convocatoria de comicios.

La regulación y, en concreto, las exigencias ambientales supusieron un choque entre el gobierno español y la patronal de los centros de datos. Estos centros se consideran grandes consumidores porque, entre otras cosas, cuentan con sistemas de refrigeración permanentes que requieren mucha energía.