El decreto de los centros de datos diluye las exigencias para gigafactorías de IA como la de Móra la Nova
El gobierno español prevé aprobar el texto antes de las elecciones del 29-N, y la patronal busca vías para tumbarlo
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MadridEl gobierno español está decidido a aprobar el decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los centros de procesamiento de datos (CPD) en España antes de las elecciones generales del 29-N, aunque el plazo es muy justo. De esta manera, ha trasladado a la mesa del Consejo de Estado un nuevo texto después de estudiar las más de 600 alegaciones durante el periodo de audiencia pública, y también el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se apuntaba que las exigencias energéticas y renovables iniciales del gobierno eran demasiado "estrictas".
El documento final mantiene las exigencias para la industria de los centros de datos, pero es más flexible con el cumplimiento. Por ejemplo, tendrán cinco años para adaptarse a requisitos como la obligación de justificar el consumo a través de energía renovable. Una modificación, sin embargo, que el sector ve insuficiente: "Los requisitos son inviables y añade riesgos", ha advertido el lobby del sector, SpainDC, en un comunicado.
Pero más allá de los cambios respecto a la primera propuesta –la patronal de la industria ya se mostró totalmente contraria, como también las compañías con más intereses en el Estado: Amazon, Microsoft, Google o ACS–, la nueva normativa incluye una brecha para diluir los requisitos en proyectos como la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) que se plantea para Móra la Nova (Ribera d'Ebre) y San Fernando de Henares (Madrid), y que el mismo gobierno español ha apadrinado. En concreto, el ejecutivo central quiere dar flexibilidad a proyectos que nacen con el objetivo de impulsar "la soberanía estratégica" en esta materia y diferenciarlos de las iniciativas estrictamente privadas, sobre las cuales se aplicará un régimen general.
En concreto, el texto incluye un régimen especial para determinadas infraestructuras de computación, incluidas las gigafactorías de inteligencia artificial, las factorías de IA y los supercomputadores, así como proyectos que el gobierno español presente a convocatorias europeas. A todos ellos no se les exime de las obligaciones de sostenibilidad, pero se les permite cumplirlas gradualmente y en condiciones específicas. Por ejemplo, un centro estratégico como puede ser la gigafactoría de IA prevista para Móra la Nova y Madrid podría acogerse a límites de eficiencia hídrica más flexibles que los centros de datos afectados por el régimen general del decreto. Esto, sin embargo, no será indefinido.
En resumen, las principales ventajas suponen un calendario gradual en términos de eficiencia energética e hídrica, más tiempo para acreditar la generación de energía renovable adicional y una vía específica para demostrar la soberanía y el control europeo de la infraestructura.
Pendiente del Consejo de Estado
Ahora el texto está sobre la mesa del Consejo de Estado, a quien la patronal del sector ya ha pedido una reunión para intentar influir. El objetivo, según ha explicado Spain DC, es encontrar las vías regulatorias y jurídicas para tumbarlo. Este lobi rechaza que se mantenga el 80% de energía renovable hora a hora y se ofrezca como principal vía transitoria –los cinco años de adaptación– aceptar el riesgo de apagón, ser los primeros en sufrirlo cuando el sistema lo requiera y afrontar una desconexión sin indemnizaciones.
El real decreto se ha tramitado por la vía de urgencia y fuentes del gobierno español confían en que este órgano actúe con celeridad. Es por ello que el ejecutivo de Pedro Sánchez prevé poder aprobarlo antes de las elecciones generales en el Estado del 29-N, indican fuentes del ministerio para la Transición Ecológica. La alternativa sería aprobarlo estando en funciones. Además, como no es un real decreto ley no necesita la convalidación del Congreso y, por tanto, no pasará por la diputación permanente, el ente que excepcionalmente puede aprobar reales decretos ley aunque la cámara baja española esté disuelta por la convocatoria de comicios.
La regulación y, en concreto, las exigencias ambientales supusieron un choque entre el gobierno español y la patronal de los centros de datos. Estos centros se consideran grandes consumidores porque, entre otras cosas, cuentan con sistemas de refrigeración permanentes que requieren mucha energía.
"Es una propuesta ambiciosa, que ofrece una regulación anticipatoria considerando lo que hemos visto en otros países: en Holanda, en Irlanda o en numerosos estados de los Estados Unidos. Lo que buscamos es una apuesta por la sostenibilidad, tanto en materia energética como en materia hídrica –el consumo de agua– y de soberanía digital", ha defendido la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, este martes.