Demasiados decretos en periodo electoral
-
CAT -
ENG
Estamos en plena campaña electoral, aunque hay muchos que piensan que hace tiempo que estamos inmersos en ella. Y, en cierta manera, esta ha sido una legislatura muy en tono electoral: un gobierno español que ha ido perdiendo apoyos a medida que ha avanzado la legislatura y ha legislado a golpe de decreto; y una oposición que ha pedido ir a las urnas prácticamente desde el primer día que Pedro Sánchez formó su primer ejecutivo en 2023.
Siguiendo su olfato político habitual, el presidente del ejecutivo convocó elecciones el pasado 5 de octubre, en un momento de protagonismo de la movilización social por la vivienda a raíz de la muerte de Maricarmen Abascal en Madrid después de que la desahuciaran. La tragedia ferroviaria de Urda truncó los planes socialistas, que tuvieron que rehacerse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo que no ha cambiado en ningún momento, ni en el periodo previo ni durante la campaña, es la obsesión del gobierno por aprobar normas, algunas de las cuales no podrían haber salido adelante durante la legislatura.
¿Hasta qué punto es lícito hacer esto en tiempo de descuento? Sánchez va camino de batir el récord como presidente que aprueba más medidas por decreto durante el periodo electoral. Esta carrera empezó el día que se dio el pistoletazo de salida de la campaña, con el llamado decreto Maricarmen, aprobado por la diputación permanente. De esta manera se evitaba en el pleno habitual el no de Junts, cuyo apoyo ya no era necesario a través de este órgano parlamentario reducido que opera para garantizar la continuidad del Congreso cuando este ha sido disuelto.
Pero no ha sido el único movimiento del gobierno de Pedro Sánchez. Este mismo martes ha sacado del cajón medidas que, en otras ocasiones, había tardado más en sacar, lo cual no deja de tener cierto aire electoralista. Una es el salario mínimo interprofesional (SMI), con un incremento del 5,3%, hasta los 1.286 euros brutos al mes, 65 euros más que ahora; incluso por encima de lo que proponía la comisión de expertos constituida por el mismo ministerio de Trabajo, que era un incremento del 4,5%, hasta los 1.221 euros brutos al mes o 60 euros más al mes. Y al mismo tiempo ha aprobado la exención en el IRPF, todo un pack, que en subidas anteriores de esta legislatura había costado aplicar por una fuerte pugna entre Trabajo y Hacienda. Ahora hay prisa.
Como tampoco ha sido hasta ahora que el gobierno español ha aprobado el real decreto ley para reforzar la transparencia salarial en las empresas, que incluye, entre otras cosas, la transposición completa de la directiva europea para reducir la brecha de género y que el ejecutivo español ya debería haber adoptado el 7 de junio. A esto se suma la subida del 4,5% del sueldo de los funcionarios, que ya estaba prevista y que, según argumenta el ejecutivo, no se podría aplicar con un gobierno en funciones a partir del 30 de noviembre.
Sin discutir el derecho del gobierno a legislar hasta el último día, lo que no debe hacer, en todo caso, es convertir el consejo de ministros en un acto electoral más. Se puede entender que un partido o una coalición quiera aplicar sus políticas o dejar huella, como con el salario mínimo, por ejemplo, pero el trabajo se tiene que hacer durante la legislatura ordinaria. Una vez convocadas elecciones, muchas cuestiones se deberían congelar a la espera de los resultados electorales, sean los que sean. Eso es la democracia.