TikTok y la pedofilia: seguid el dinero

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La aplicación de TikTok en una imagen de archivo.
17/11/2026 - 18:09 h
Xnet, Instituto para la Digitalización Democrática

Es noticia estos días que se han documentado en TikTok 1.183 contenidos explícitos de abuso sexual infantil, vistos cerca de 48 millones de veces. Maldita.es, autora de la investigación, denunció 50 vídeos por el canal de la misma plataforma. TikTok borró cinco. El caso está en los tribunales. Este mismo mes, la Comisión Europea ya había anunciado que considera que TikTok vulnera su normativa DSA y genera con sus recomendaciones un efecto «madriguera de conejo» (rabbit hole) tóxico.

Aun así, nadie consigue detenerlo. ¿Por qué? Porque la ley trata a TikTok como un tablón de anuncios donde otros cuelgan cosas. Y cuando alguien propone cerrarlo, la empresa se esconde detrás de sus 24 millones de usuarios y de la libertad de expresión de todos ellos. Pero TikTok no es un tablón de anuncios. Decide qué ves, en qué orden y cuántas veces. Y cobra por hacerlo.

En Xnet hace años que insistimos en que hay que cambiar de enfoque (lo explicamos en el ensayo #FakeYou). El principio debe ser seguir el dinero (follow the money). La libertad de expresión es de las personas. El negocio es negocio y como negocio se debe regular. Y es en esta distinción donde hay que hilar fino.

Siempre nos hemos opuesto a que las plataformas respondan por el contenido publicado por sus usuarios. Juzgar el contenido, aparte de casos flagrantes como este, lleva al peligroso terreno del Ministerio de la Verdad: pedimos a las plataformas que hagan de censoras a cambio de continuar prosperando. Sería un grave ataque a la libertad de expresión. Aquí se trata de atacar el negocio. Si la plataforma es un simple tablón de anuncios gratuito, no es responsable de lo que en él se dice. Pero si con su algoritmo para maximizar resultados es la editora, si sube y baja el volumen según lo que quiere que nos llegue, es responsable de lo que vemos. Y sus directivos con ella. Es el mismo deber de verificación que siempre hemos pedido para cualquier actor que gane con el negocio de la manipulación informativa, sean partidos, instituciones, medios o corporaciones.

Defendimos sin éxito cambios de ley en este sentido. Ahora las evidencias comienzan a darnos la razón: en junio, el Tribunal de Justicia de la UE dijo que quien utiliza un algoritmo para decidir, en interés propio, cómo y con qué prioridad se difunde un contenido, lo controla. Y quien controla ya no puede ampararse en el argumento de decir que “solo aloja”. Falta que los jueces lo apliquen a las redes.

Nosotros iríamos más lejos. Los directivos de las plataformas deberían ser responsables si se cometen actos criminales como la distribución de material pedófilo sabiendo que lo es. En este caso, la responsabilidad personal no hay que inventarla: ya existe. El Código Penal castiga a quien facilite la difusión de pornografía infantil y permite perseguir a los administradores, no solo a la empresa.

El problema no es solo TikTok. La IA de WhatsApp de Meta se negaba a generar imágenes de Lula pero aceptaba las de Flávio Bolsonaro. El contenido bolsonarista volaba, mientras que la campaña de Lula era entorpecida por las plataformas. El Tribunal Superior Electoral tuvo que ordenar igualdad de trato, con multas de medio millón al día, en este caso también, con escasos resultados reales. No es un accidente: hablamos de Meta, la misma empresa que abrió las puertas a Cambridge Analytica en 2014, que permitió la difusión de discursos de odio contra los rohingyas en Myanmar en 2017 y que retiró la verificación externa en los Estados Unidos cuando le convino acercarse a Trump, junto con todos los otros capitostes tecnológicos, en 2025, solo por mencionar los ejemplos más flagrantes de lo que es el pan de cada día en X de Elon Musk

Otro caso extremo que refuerza nuestra idea de follow the money es Truth Social, la red de Trump. Desde agosto vende a inversores el acceso anticipado a los mensajes del presidente por 100.000 dólares al mes. Mensajes que mueven mercados, cobrados por una empresa de la cual él es el principal accionista. Es negocio puro con información privilegiada que incumple la ley retorciendo el derecho a la libertad de expresión.

La prepotencia de estas empresas se puede y se debe detener. Por un lado, las sanciones no deben ser una línea más del presupuesto anual; deben comportar responsabilidades de los directivos, incluso penales. Por otro, necesitamos obligaciones de interoperabilidad contundentes. Cerrar una red de un día para otro castiga sobre todo a quien se gana la vida en ella o a quien ha construido su capital comunicativo en ella. Cualquiera debería poder llevarse su comunidad, sus contactos y sus contenidos a otro lugar y continuar hablando con los que se quedan, igual que cambias de compañía telefónica sin perder el número. El día que marcharse no cueste nada, la amenaza de cierre será, por fin, creíble. La ley europea de mercados digitales ya impone interoperabilidad en mensajería y portabilidad de datos. Falta aplicarla de verdad y extenderla a las redes sociales. No pedimos nada exótico.

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