Defensa desestima el recurso de Santa Bárbara contra los contratos a Indra y Grupo Escribano
La filial nordamericana de General Dynamics ha de decidir si mantiene la batalla judicial en la Audiencia Nacional
MadridEl ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada que la empresa de defensa Santa Bárbara Sistemas, filial de la norteamericana General Dynamics, presentó contra los contratos para la nueva artillería sobre ruedas y cadenas para el ejército de tierra español y que el gobierno de Pedro Sánchez adjudicó a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el año pasado, tal como han informado desde el ministerio. Los contratos de artillería ascendían a 7.240 millones de euros y se enmarcaban dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó y adjudicó el año pasado para incrementar el gasto militar hasta el 2% del PIB, tal como se ha comprometido con la OTAN. En un comunicado, el ministerio explica que "acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas" por Santa Bárbara.
Una vez resuelta esta vía administrativa, Santa Bárbara quiere continuar con la batalla judicial y ha anunciado que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional. Para Defensa, que niega el acceso a Santa Bárbara al expediente de contratación, la resolución "refuerza la seguridad jurídica del proceso [de adjudicación] y avala la actuación de la administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria", indica el ministerio en un comunicado. "Se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente", afirman desde la cartera de Margarita Robles.
La empresa Santa Bárbara también decidió presentar un recurso contra un decreto del gobierno al sentirse excluida de la negociación de unos contratos del ministerio de Defensa e Industria. El dinero en disputa –son préstamos por valor de 3.000 millones al 0% de interés– se adjudicaron también a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y el Supremo debe decir ahora si acepta la suspensión de la adjudicación como medida cautelar.