Los lobis salen de la oscuridad en Cataluña

“Esto es un gran negocio: si le soluciones algo a una empresa, está dispuesta a pagar muy bien”. Quien habla es el representante de uno de los principales lobis de Cataluña, una persona que trabaja para ayudar a las empresas a conseguir cambios legislativos a favor de sus intereses. Este negocio, el de los lobis, ha crecido rápidamente en los últimos años aprovechando una fragmentación política que ha obligado a muchas empresas a encontrar nuevas formas de relacionarse con el poder político. "El concepto se ha dignificado: antes aquí los lobis se asociaban a contactos y corrupción", asegura Mar Alarcón, emprendedora y creadora de 19N, un despacho dedicado a esta disciplina. Ahora bien, la realidad está demostrando que en Cataluña todavía hay mucho recorrido, tanto para el crecimiento de los lobis como para que su relación con los gobernantes sea plenamente transparente y equiparable a la que existe en la Comisión Europea o en Estados Unidos.

Seguramente quien ha contribuido más a naturalizar el trabajo de los lobis en nuestro país ha sido Josep Sánchez Llibre, que “toda la vida hizo esto cuando era diputado de Convergència i Unió en Madrid”, según explican empresarios que habían trabajado en él. Él no se esconde y, desde que entró en la presidencia de Foment del Treball, ha fichado a muchos expolíticos (muchos de ellos provenientes de Unió) para que hagan este trabajo. "Los gobiernos y los Parlamentos de hoy en día están muy fragmentados, y las empresas no conocían a los portavoces, a los presidentes de los grupos parlamentarios...", explica Sánchez Llibre. Según el líder patronal, con la fragmentación actual "hacer de lobi es muy difícil: en dos días no puedes presentar las enmiendas a todos los grupos que hay si no eres muy ágil y conoces la casa por dentro". En el Congreso de Diputados, por ejemplo, hay 10 grupos parlamentarios (y en uno de ellos, el grupo mixto, varios partidos más).

En realidad, las patronales siempre han hecho de lobi, pero quizás no lo explicitaban tanto y, en todo caso, no lo hacían de forma tan estructurada. Cuando dejó la política como diputado de CiU, Sánchez Llibre fichó por la CEOE y estableció por primera vez un contacto regular con las Cortes españolas. Ahora, en Fomento, ha hecho exactamente lo mismo.

Otras primeras espadas de la economía catalana se han apuntado a esta tendencia. Es el caso de Jaume Giró, hasta hace un año director general de LaCaixa y ahora se ha montado un despacho de consultoría. Entre los servicios que ofrece a sus clientes se encuentra la relación con los partidos políticos. Y también se han apuntado con entusiasmo a esta tendencia las agencias de comunicación, como Kreab, Llorente&Cuenca o Tinkle, que han fichado varios nombres provenientes de la política para fortalecer el negocio de public policy o public affairs, que es la forma elegante de decir lobi.

Aunque no es tan conocido para el gran público, otro de los pioneros en crear un despacho dedicado al lobismo de forma explícita y desacomplejada es David Córdova, que en 2009 fundó Vinces Consulting. “Lo inicié porque veía que aquí no existía el lobismo. Su visión era muy negativa, y todavía lo es”, dice Córdova. Según explica, el modelo que imperaba entonces era el del "clientelismo", basado en la transacción de contactos. Gente cercana a los partidos políticos cobraba por poner en contacto una empresa con un político o partido. "Había despachos de abogados que te gestionaban una reunión con el entorno de un partido, o algún político que organizaba reuniones a cambio de 2.000 euros", explica.

Según Córdova, esto es exactamente lo que no debe hacerse cuando se hace de lobi. "Para influir debes tener una legitimidad social, una legitimidad técnica y una legitimidad política", asegura. A su juicio, las empresas tienen derecho a participar en los debates porque forma parte de la participación ciudadana en las decisiones políticas. "No es un privilegio, es un derecho", remacha. Ahora bien, él también es muy crítico con la falta de transparencia que existe actualmente. "Es importante que haya una autoridad independiente que supervise y sancione, y que tenga recursos para hacerlo, pero aquí no hay ni recursos, ni independencia, ni capacidad de sancionar".

Este lobista detecta tres problemas para su negocio. Primero, en la administración "algunos pueden percibir, y con razón, que seguimos con el modelo basado en el clientelismo". Segundo, "a veces hay funcionarios o administraciones que creen que el sector privado no debe participar en las decisiones públicas". Y, por último, algunas veces "quien toma la decisión política no tiene capacidad de validar lo que los lobis le dicen y, al no tener esa capacidad, teme porque no sabe si le están diciendo la verdad".

Falta de transparencia

La falta de transparencia es un problema que se comprueba rápidamente si se miran los registros de grupos de interés de la Generalidad o del Parlamento de Cataluña, que son de todo menos útiles si lo que se quiere comprobar es la relación de los lobis con gobernantes y partidos políticos. Cualquier persona que entre en el registro (se encuentra rápidamente con una búsqueda en internet) verá que rastrear las actividades de los lobis con los gobernantes no es sencillo. La información que se pone no es exhaustiva, ni detallada. Es fácil que en la motivación de la reunión aparezcan conceptos como “temas diversos” o “presentación empresa” (sin detallar de qué empresa se trata). Además, no todos los grupos de interés están registrados, pese a que ya hay 3.793 apuntados. Foment del Treball, por ejemplo, no aparece en el registro de la Generalitat pero sí en el del Parlament de Catalunya, donde tan sólo constan cuatro reuniones con los grupos parlamentarios (dos con ERC y dos con el PSC) en los dos últimos años enteros.

“El concepto grupos de interés es muy amplio, incluso un grupo sardanista que se quiera reunir con algún alto cargo del Govern debe apuntarse”, explican desde el Govern. De hecho, la ley establece que "los altos cargos sólo pueden recibir los grupos de interés que estén inscritos en el registro".

El departamento de Justicia, que es sobre quien recae el control de esta actividad, reconoce que ha detectado “algunas disfunciones, como la resistencia de algunas entidades a registrarse y el registro de las reuniones con criterios interpretados de forma diversa”. Precisamente por estos motivos, el departamento asegura que ha empezado a trabajar en algunos cambios legislativos, por ejemplo para poder inscribir de oficio a los lobis si ellos no lo han hecho antes o “mejorando el régimen sancionador”, porque lo que hay ahora “ es demasiado impreciso con las sanciones y responsabilidades”. También se quiere establecer una “huella normativa” en las leyes que se aprueben: es decir, que se explicite en la ley qué grupos de interés han hecho aportaciones. Ésta sería una novedad que David Córdova celebraría. El fundador de Vinces también insiste en la necesidad de que los datos del registro sean "transparentes" y en formato open data. "Los periodistas, por ejemplo, deberían poder coger los datos y tratarlos". Ahora mismo no es así.

Sin registro en el Congreso

La cosa está peor si miramos dónde hay más poder político y económico: Madrid. Actualmente no existe ningún registro obligatorio de lobis y, en teoría, los diputados del Congreso deben publicar en su agenda institucional las reuniones que mantienen con estos grupos de interés. Suponiendo que alguien lo apunte, realizar el seguimiento de esta información es prácticamente imposible. El único registro que existe a nivel estatal es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero es un registro voluntario.

En Madrid, precisamente, la actividad de los lobis está mucho más avanzada, dada la concentración de poder que se da. "Allí hay mucho más que aquí", afirma Mar Alarcón, cuya empresa está especializada en empresas dedicadas a las nuevas tecnologías.

Entre las que se han creado recientemente en Madrid se encuentra Acento, un lobi creado por José Blanco, antiguo alto cargo del PSOE y del gobierno español. Allí está fichado Alfonso Alonso (ex-PP), Antonio Hernando o Elena Valenciano (ambos ex-PSOE). Para muchos de los que dejan la política “es un paso más natural que ir a un consejo de administración”, opina Alarcón, aunque en su empresa de momento no ha fichado ninguna.

La apuesta de las agencias de comunicación

Las agencias de comunicación también son protagonistas de esta nueva tendencia: tanto la de potenciar el negocio de public affairs como la de fichar a expolíticos que les ayuden en este trabajo. “Desde 2009, la crisis hizo que los ingresos de estas agencias cayesen con fuerza, y pensaron que podían dedicarse a ello para dar más servicios a sus clientes”, explica una voz del sector, según la cual estas compañías "se centran en hacer informes o en hacer ruido mediático por un tema concreto". "No se meten tanto en la técnica legislativa para conseguir cambios en las leyes", asegura.

Otra persona, que ha trabajado en una de estas agencias, detalla que la fragmentación política fue clave para que las agencias irrumpieran con fuerza en este negocio en Catalunya. “El primer momento decisivo fue la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona –asegura–. Teníamos muchas peticiones de clientes para que les ayudáramos a hacer de lobi con el equipo de Colau o para abrir camino con otros partidos que contrarrestaran la acción del gobierno municipal”.

Posteriormente, el Proceso fue otro punto álgido. "Había empresas internacionales que nos pedían informes con los escenarios posibles y las probabilidades que había", explica esta voz, que durante el mes posterior al 1 de octubre de 2017 montó varios encuentros de grandes empresas (tanto aquí como de fuera) con líderes políticos.

Estas agencias han fichado a políticos como los exministros Rafael Catalá (que ha entrado en Kreab) y Jordi Sevilla (que estuvo en LLYC entre 2016 y 2018 y ha vuelto hace unos meses) o altos cargos gubernamentales como María Pico (que era jefe de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría y que hace dos años fichó por la oficina madrileña de la agencia catalana Tinkle). También existen casos de diputados que no han tenido cargos destacados, como Xavier Cima o Roger Montañola, que primero crearon un lobi llamado Diplolicy pero que posteriormente ficharon por Kreab y LLYC, respectivamente.

Una fórmula que habitualmente utilizan las agencias es no poner a los expolíticos en nómina sino incorporarlos a un consejo asesor que les ayuda. Algunos no cobran pero otros cobran sólo en función de lo que aporten. "Consiguen gestiones que quiere el cliente y captan nuevos clientes para la consultora", explican desde una de estas compañías. Es el caso de políticos como Josep Antoni Duran Lleida, que estuvo en el consejo asesor de Kreab hasta septiembre, o Carles Campuzano, que está en el de LLYC. En Foment del Treball, donde igualmente trabajan tanto Duran como Campuzano, entre otros, también operan de esta manera.

Desde la patronal catalana lo explican así: “A ellos [a los expolíticos] también les interesa colaborar con nosotros porque es la forma que tienen de entrar en el sector privado”. Y porque es más elegante que sus puertas giratorias.