Necesidad de la colaboración público-privada
BarcelonaEl lunes día 13 la ministra de Sanidad, Mónica García, hacía públicas las referencias básicas de la futura ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que en grandes líneas apuntaba a cierta demonización de las empresas privadas en la prestación de servicios públicos sanitarios.
De nuevo encontramos un debate nada esmerado, de buenos y malos, en el que la diferencia sería el ánimo de lucro (obsceno incluso, según se expresa en la nota de prensa del ministerio).
Muy a menudo se confunde lo que es la provisión de servicios públicos –es decir, qué hacer dentro de las políticas para dar determinadas prestaciones– con quien les presta, que no hace falta que sea ninguna institución ni administración pública, sino que en multitud de situaciones lo hacen empresas. Y lo hacen de manera más eficiente, dado que compiten entre ellas (por eso es importante desarrollar políticas favorecedoras de la competencia) y muestran interés en ahorrar costes en la realización de los servicios, ya que de esta forma podrán ofrecer un precio más ajustado a la licitación del servicio y ser adjudicatarias.
Sin embargo, los incentivos que puede tener una administración no necesariamente son la reducción de costes para un mismo servicio, sino que podrían ser otros, como ha puesto de manifiesto la teoría de la burocracia y otras aproximaciones que han analizado estas cuestiones.
Afortunadamente, en Cataluña, tierra industrial y que durante años y años ha sido la capital económica, hemos entendido el papel de la empresa para hacer avanzar a nuestro país. La forma de gestionar los recursos naturales y una débil presencia de la administración a grandes rasgos en los últimos 100 o 200 años han hecho que determinados servicios se desarrollen mediante figuras como fueron las mutualidades. Más en concreto, el déficit de servicios públicos en Cataluña ha requerido la existencia de operadores privados a lo largo del siglo XX que, con la recuperación de la democracia, por un lado, y nuestras implantaciones de autogobierno, del otra, han hecho que integremos esta realidad dentro de un contexto de economía social de mercado. Un sistema mixto, tanto de operadores públicos como privados, para aprovechar la base para un rápido despliegue de estos servicios, sean sanitarios, educativos, sociales o de otros tipos, aprovechando también la colaboración público-privada en la prestación de servicios, a diferencia de otras comunidades autónomas donde la presencia privada ha sido testimonial.
Si se parte que, por ser público, es mejor, ¿por qué las obras públicas las hacen las empresas privadas (con ánimo de lucro, ya que hay que retribuir el capital: si no hay beneficios nadie invierte en empresa y ésta quiebra)? Muy probablemente las realizan empresas privadas porque suponen mejoras de eficiencia en la gestión que se revierten, gracias a la competencia, en mejoras del ahorro público que podremos destinar o bien a otros gastos oa reducir impuestos y devolver a los ciudadanos la significativa parte del dinero que aporta al presupuesto público, que un reciente estudio del Consejo de Economistas ha cifrado, en términos medios, en torno al 40% de su renta, proporción nada despreciable.
Adicionalmente también es necesario introducir los principios de autonomía financiera y de lealtad institucional de las administraciones, por los que se debe garantizar el marco competencial del que la Constitución dota a las comunidades autónomas y rehuir de posicionamientos de la administración central que limitan (especialmente a Cataluña) cómo las administraciones quieren ofrecer y producir los servicios sanitarios. Otro ejemplo sería el ámbito de la vivienda, también de plena competencia de las comunidades autónomas, pero en el que el Estado interviene mediante la dotación de recursos para desplegar planes estatales a pesar de no tener la competencia, por lo que estos recursos deberían revertirse al sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Estamos ante un nivel de gasto público relevante, que alcanza cifras históricas en términos de su peso sobre el PIB, y es necesario que nos esforcemos por ser mucho más eficientes en la gestión del gasto público, y la colaboración público-privada tiene un papel positivo en este ámbito. Debemos preocuparnos por mejorar e, incluso, aumentar su uso, más que por reducirla. Y hacerlo intensamente, como se insinúa en la consulta de la propuesta normativa del ministerio.
