Trump y el desmantelamiento de las políticas DEI
Las políticas DEI se refieren a las estrategias y prácticas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de las organizaciones, las instituciones y la sociedad en general. El objetivo de estas políticas es fomentar entornos más representativos de la sociedad actual, en donde todas las personas dispongan de las mismas oportunidades de participación y desarrollo, con independencia de sus características personales, sociales o de origen. Estas iniciativas se han venido aplicando desde hace años en entornos laborales y educativos, así como eje transversal en el diseño de las políticas públicas.
Desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos el pasado enero, la administración de Donald Trump ha emprendido varias acciones para desmantelar las políticas DEI, con afectaciones tanto en el sector público como en el privado. A nivel federal, se han firmado órdenes ejecutivas que prohíben su aplicación en los contratos públicos, se han eliminado programas de discriminación positiva y se ha reforzado el mérito como único criterio de contratación. Asimismo, se han cerrado todas las oficinas relacionadas con las DEI y se han borrado las referencias a estas políticas de las webs oficiales.
Por lo que respecta al ámbito universitario, se han aprobado órdenes ejecutivas que incrementan la supervisión estatal sobre las universidades, exigiendo la supresión de los mandatos DEI bajo la amenaza de retirada de la financiación federal en caso de incumplimiento. Algunas de estas órdenes van más allá y representan un giro en materia de derechos civiles. Por ejemplo, el orden 14168 establece que el género se define exclusivamente por el sexo biológico asignado al nacimiento, lo que supone la retirada del reconocimiento federal a las personas transgénero y la eliminación de la autodefinición de género en documentos oficiales.
Ante estos cambios, he considerado oportuno recoger algunos estudios de la literatura académica, en los ámbitos de la economía y de la organización industrial, que analizan tanto los efectos positivos como los negativos de estas políticas.
Uno de los principales argumentos contrarios a las políticas DEI es la generación de backlash -reacciones adversas- de los grupos sociales mayoritarios, que a menudo no se sienten incluidos en estas medidas y las perciben como discriminatorias. Aunque la evidencia empírica que avala este fenómeno es amplia, estudios recientes muestran que la amenaza a la identidad social mayoritaria también puede favorecer la interacción y el conocimiento mutuo, facilitando nuevas alianzas, complicidades y, en última instancia, favorecer el crecimiento empresarial.
Aparte de los procesos internos, los inversores externos también valoran positivamente a las empresas con una alta diversidad de género en la plantilla. Uno estudio reciente, basado en datos de las principales empresas tecnológicas y financieras estadounidenses muestra incrementos significativos en el precio de las acciones cuando estas empresas hacen público un buen balance de género entre los trabajadores, como es el caso de eBay.
Por último, hay indicios que apuntan a que la obsesión de la administración Trump por eliminar las políticas DEI responde a las preferencias de sus votantes y al objetivo de consolidar su base electoral. Una encuesta realizada a 700 ciudadanos estadounidenses muestra que los republicanos blancos valoran a una universidad (genérica) como "de baja calidad" si promueve currículos a favor de la diversidad. Esta asociación no se encuentra entre los demócratas blancos.
En la misma línea, entre los estudiantes de distritos escolares mayoritariamente blancos, aquellos con mayor exposición a alumnos de minorías sociales tienen menos probabilidades de identificarse como republicanos en la edad adulta. Concretamente, por cada aumento del 10% en la exposición a estas minorías, se reduce en 2 puntos porcentuales la probabilidad de identificarse con el Partido Republicano. Así pues, todo indica que la estrategia de Trump hacia las políticas DEI responde, en parte, a la voluntad de preservar y ampliar su base electoral, tanto presente como futura.
La retirada de las políticas DEI por parte de la administración Trump no sólo ignora la evidencia sobre sus efectos positivos, sino que también instrumentaliza la diversidad como herramienta de confrontación política. Quizás sea necesario reformular o adaptar algunos aspectos de estas políticas para minimizar las reacciones adversas, pero su eliminación total podría tener costes elevados en las organizaciones y en la cohesión social a largo plazo.