62.000 pequeños inversores de energía solar: "Nos están expulsando del mercado. Muchos han tenido que malvender"

BarcelonaA pesar de dedicarse a producir energía solar, en el mundo de los pequeños inversores fotovoltaicos llueve sobre mojado. A los recortes retroactivos de retribución –aprobados primero por los gobiernos socialistas, en el 2010, y posteriormente consolidados y agravados por los del PP, a partir del 2012, con cambios en las reglas de juego y convirtiendo el “BOE en papel mojado”–, se suman los efectos de la regulación, lo que hace que menos la cantidad lo que hace que actualmente muchos productores. Una situación positiva para los consumidores gracias al peso de las renovables ya la que estos pioneros contribuyeron, pero que ahora les está penalizando, mientras que los grandes inversores no lo sufren porque tienen mayor fortaleza financiera y aprovechan las economías de escala. "Nos expulsan del mercado. Muchos han tenido que malvender", se quejan los pequeños inversores, que son unas 62.000 familias, unas 8.500 en Catalunya, especialmente en zonas rurales, que reclaman soluciones al ministerio de Transición Ecológica.

Y todo ello en un momento en que el gobierno español ha decidido pagar 32 millones de dólares de compensación a consecuencia de un laudo del centro de arbitraje (Ciadi) del Banco Mundial. Pero esa compensación no será para los pequeños inversores; el beneficiario es el fondo Blasket, especializado en pleitos, que compró estos derechos a JGC Holdings. Hasta ahora el Estado se había negado a pagar, pero finalmente ha optado por hacerlo. En el Ciadi constan 38 reclamaciones por energías renovables que afectan a España entre los casos resueltos y las pendientes –sobre todo de la etapa del PP– y que igualan las cifras de Argentina y Venezuela en laudos por incumplir la Carta de la Energía, según la Asociación Nacional de Productores de Energía.

Y, mientras, los pequeños inversores españoles que se jugaron los ahorros para generalizar esta fuente energética, animados por el gobierno español, se han quedado sin compensación tras perder la demanda presentada ante el Tribunal Supremo, ya que, a diferencia de los inversores extranjeros, están obligados a recurrir a la justicia española. "¿Las familias nacionales merecen una justicia peor que los grandes fondos internacionales?", se preguntan desde el Anpier. Por eso su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha manifestado que la transición ecológica en España, que ha permitido que la energía sea más barata que en países del entorno, y que la competitividad de las empresas aumente, esconde un "fiasco" y "no es ni social ni justa".

Àlex Valls, que, junto con sus tres hermanos, destinó, en el 2008, el dinero que obtuvo de la venta de la pyme familiar a invertir en una planta solar en Santa María de Miralles (Anoia), en unos terrenos que obtuvieron de la mano de Elèctrica Pintó, recuerda que entraron en el negocio siguiendo las recomendaciones del gobierno español destinadas a fomentar. Entonces, la tecnología era inmadura y cara y le pusieron un millón, el 30% del dinero, aproximadamente; eran un préstamo bancario, basándose en una retribución por primas a treinta años vista que a los dos años cambiaron de un día para otro. Y la justicia, recuerda, consideró que, aunque las normas estaban en el BOE, deberían "haber asumido el riesgo de los cambios regulatorios".

Diversificar la actividad y retener a los jóvenes

Hoy, gracias a la apuesta de estos pioneros que siguieron las recomendaciones del estado dirigidas a fomentar la inversión de pequeñas instalaciones de hasta 100 kilovatios (kw), las placas y costes se han abaratado hasta un 90%. "Muchos autónomos y campesinos hicieron caso pensando en diversificar la actividad, retener a jóvenes que querían dejar el campo y contribuir a la transición energética", afirma Albert Mases, delegado del Anpier en Catalunya, que con su familia invirtió en Les Borges Blanques (Les Garrigues), en su terreno rural.

Las entidades financieras veían el negocio seguro, con la garantía del BOE -como la deuda pública- y con una amortización a diez años vista y treinta años de retribución garantizada. Pero el gobierno socialista, a consecuencia de la crisis, recortó su retribución en el 2010. Es decir, cambió las reglas de juego en pleno partido. Les compensó alargando cinco años más el período de retribución por prima, pero "se había iniciado el melón de la inseguridad jurídica", afirma Valls. De hecho, el PP, en 2014, cambió radicalmente el sistema a partir de la estimación del valor de unas instalaciones teóricas en lugar de un precio por kilovatio (kw), lo que supuso un recorte del 30%, el 40% y hasta el 50% de unas inversiones por financiamiento en un elevado porcentaje. "Vinieron a decir: si has pagado más, es tu problema", afirma Mases.

Muchos pequeños inversores tuvieron que refinanciar la deuda y alargar plazos de 10 a 15, 17 o casi 20 años, lo que, además, suponía más intereses. Otros tuvieron que malvender las instalaciones. "Había productores a los que les entraba dinero por un lado y se lo salían por el otro", para pagar la deuda, añade. Mases denuncia la situación injusta que sufren aquellos que, siguiendo los consejos del Estado, apostaron por la energía solar y con su esfuerzo contribuyeron a generalizar y abaratar los paneles solares y hacer que el país tenga hoy un precio de la energía más competitivo. Era una fórmula que potenciaba la diversificación de actividades en zonas rurales y "el dinero se quedaba en el territorio", añaden. Tras la mala experiencia ahora no quieren ni oír hablar de hacer nuevas inversiones: "Estamos escarmentados", dice Mases.

Y eso está llevando a que de un modelo descentralizado se empiece a pasar a la misma fórmula que con el sistema energético basado en energías fósiles: grandes parques eólicos y solares propiedad de grandes compañías, y que a consecuencia de ello muchos han tenido que malvender para quitarse las deudas de encima. Según el Anpier, las pequeñas instalaciones han pasado de ser el 62% de la capacidad instalada en 2007 y 2008 a ser sólo el 0,5% de las nuevas actualmente.