La gran batalla por la permanencia del impuesto a las energéticas

MadridLa posible permanencia del impuesto extraordinario sobre las energéticas está levantando polvareda. De hecho, desde la puesta en marcha de este gravamen en 2022, en plena crisis de precios, la polémica ha sido constante por el rechazo del sector, que incluso ha llevado la batalla a los tribunales (no sólo pide que se anule el tributo, sino que reclama la devolución de lo pagado). Ahora vuelve a estar más viva que nunca por el calendario. Este impuesto, como el que afecta al sector bancario, está en vigor hasta finales de 2024 (la liquidación de este año se realizará en 2025). Así pues, a partir del 1 de enero de 2025 ambos tributos decaen. Sin embargo, el gobierno español quiere hacerlos permanentes, como ya ha dicho en anteriores ocasiones y ha dejado plasmado en el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas.

Las grandes compañías del sector energético están volviendo a presionar para que el impuesto que les afecta desaparezca. Quien lidera estas presiones es Repsol, que desde el primer minuto se mostró contundente: "Es una política populista e ilegal", reiteraba este martes el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, en un artículo de opinión. La compañía ha vuelto a advertir que si se decide mantener el gravamen "se detendrán" sus inversiones en España, entre ellas las previstas en el Camp de Tarragona. Y no sólo eso, sino que ha amenazado con que "miles de millones [en inversiones] irán a otros países", ha advertido Imaz. En el 2023, la petrolera anotó una ganancia de 3.168 millones de euros, los segundos mejores resultados de la historia por detrás de los del 2022, y pagó 443 millones por este impuesto.

Las palabras del directivo de Repsol han surtido efecto entre algunos partidos en el Congreso de los Diputados. El gobierno español necesitará los votos de los socios de investidura para que ambos impuestos puedan mantenerse (la oposición nunca ha votado a favor). Aquí, entran en juego Junts y el PNV. Los primeros ya han advertido de que "no apoyarán nada que ponga en riesgo las inversiones en Tarragona", apuntaron fuentes de Junts al Congreso de los Diputados. De hecho, este martes por la mañana el partido se ha reunido con la petrolera, según informaba La Vanguardia y ha podido confirmar el ARA. El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, incluso ha ido más allá: "No podemos permitir que esta presión fiscal aleje inversiones clave", ha afirmado. También ha cargado duramente contra el gravamen Foment del Treball.

En el PNV, formación que Josu Jon Imaz presidió entre los años 2004 y 2008, el tono es el mismo. De hecho, el recelo de la formación vasca hacia el impuesto no es nuevo si se tiene en cuenta que ya maniobró durante la tramitación parlamentaria la primera vez que se aprobaron para aguar su impacto. Este martes, quien ha hablado ha sido directamente el lendakari Imanol Pradales. El presidente de Euskadi ha criticado el impuesto, aunque ha utilizado un tono menos duro que el de Junts –el PNV gobierna en coalición con el Partido Socialista de Euskadi–. Pradales ha exigido que en caso de hacerse permanentes deben concertarse bajo el paraguas del Concierto Económico para que sea el gobierno autonómico quien tenga la competencia y pueda modificarlo o neutralizarlo a través de exenciones. De hecho, PSOE y PNV ya lo acordaron así en el 2023. "Vamos a tomar las decisiones que sean más adecuadas teniendo en cuenta el tejido industrial vasco", ha insistido Pradales en un acto celebrado en Madrid este martes. Fuentes socialistas, pero también del ministerio de Hacienda, confirman que es una opción que puede contemplarse.

En el lado opuesto, sin embargo, están los partidos de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y que aplauden la permanencia de los tributos. "Es dramático que la derecha española, vasca y catalana se junten contra esto", aseveró el diputado de ERC, Gabriel Rufián, este miércoles. En el caso de Sumar, socio minoritario dentro del ejecutivo español, cabe recordar que éste es uno de los puntos del acuerdo de gobierno y de la negociación para unos nuevos presupuestos del Estado para 2025. Los equilibrios que tendrá que hacer el PSOE, por tanto, no son menores. De hecho, este miércoles, Iberdrola se ha mostrado escéptica con la continuidad del tributo: "Aún no se ha aprobado nada. El proceso es largo y con incertidumbres en el Congreso de los Diputados y en el Senado".

Cuenta atrás

El gobierno español tendría diferentes opciones a través de las cuales realizar permanentes estos dos gravámenes, tanto el de las energéticas como el de la banca. La opción de hacerlo a través de los presupuestos generales del Estado para 2025 queda ya descartada. Podría optar por un nuevo texto normativo, aprobando su permanencia primero en consejo de ministros y después trasladando la propuesta al Congreso de los Diputados. Pero también existe la fórmula de introducir una enmienda a alguna norma que se esté tramitando en la cámara baja española. Fuentes del ministerio de Hacienda, pero también del PSOE (la enmienda debe introducirlo un partido) confirman que es una opción que está sobre la mesa y que está vivía. El proyecto de ley que utilizaría el gobierno español para introducir esta enmienda es que transpone la directiva europea de aplicar un tipo mínimo del 15%. El plazo para presentar enmiendas terminaba este miércoles, pero se ha prorrogado una semana más.

Lo cierto es que el ministerio de Hacienda aún está terminando el diseño de los futuros impuestos. En el caso de las energéticas, el ejecutivo se ha abierto ya a vincular el tributo a las inversiones ligadas a la transición energética y la descarbonización. Ahora bien, las compañías denuncian que afecta a los ingresos (ventas) y no a los beneficios. Según ha publicado Expansión, el gobierno ya está estudiando aplicar este cambio.

En cuanto al tributo de la banca, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha abierto a tener en cuenta "los ciclos de crédito y los tipos de interés". El sector, que también ha llevado el impuesto a los tribunales, ha recibido incluso una mano por parte del Banco de España. El gobernador y ex ministro socialista José Luís Escrivá ha pedido que se "descuenten las provisiones" y que sea un impuesto "neutral". En 2024 las empresas afectadas liquidaron un total de 2.859 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2023.