El rompecabezas inacabado del gran apagón
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha dejado cuatro informes, una investigación abierta de Competencia y comisiones en el Senado y en el Congreso
MadridHace casi un año la península Ibérica se quedaba a oscuras durante horas. Aquello que de entrada parecía un problema cotidiano –"¿han saltado los plomos de casa?", se preguntaban algunos– se hizo grande cuando semáforos, metros o servicios sociales como hospitales se quedaban sin corriente eléctrica. También cuando la comunicación móvil dejó de funcionar o funcionaba muy poco y la radio era casi el único canal para intentar averiguar qué pasaba. El Estado sufría un cero eléctrico, es decir, un colapso total del sistema eléctrico: "Estimamos restablecer el suministro en unas 6 o 10 horas", anunciaban desde Red Eléctrica, el operador español del sistema eléctrico. En algunas zonas la luz no llegó hasta pasadas 12 horas.
Un año después se han publicado informes sobre el apagón, abierto investigaciones y aprobado diferentes medidas para reforzar el sistema eléctrico. Algunas más inmediatas, como la forma en cómo se opera el sistema por parte del operador, Red Eléctrica. Otras todavía son incipientes y, de hecho, no se han materializado: desarrollos de normas en vigor, el impulso del autoconsumo... Con todo, se han aprendido cosas sobre el incidente, como por ejemplo la sucesión de los hechos. Pero otras cuestiones todavía no tienen respuesta o, como mínimo, no una respuesta clara: ¿se podría haber evitado? ¿Alguien no actuó como debía? ¿Quién? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, salió al día siguiente del apagón asegurando que se exigirían "responsabilidades". Un año después, se ha llegado hasta aquí:
Tres informes
Las primeras respuestas oficiales sobre los hechos del incidente eléctrico se comenzaron a obtener dos meses después. En junio de 2025 salieron publicados tres informes: el del comité del gobierno español para el análisis del apagón; el de la Dirección General de Operación de Red Eléctrica y, finalmente, el de la patronal Aelec, la asociación que agrupa algunas de las principales empresas del sector.
El Estado repartió las culpas entre el operador y las empresas del sector y apuntaba a múltiples factores. Por su parte, Aelec señaló a Red Eléctrica, y el operador del sistema apuntó hacia las empresas. Este choque entre empresas y operador se ha vivido en directo en las comisiones de investigación sobre el apagón abiertas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y en el Congreso. De la primera ya se ha publicado un informe, mientras que la comisión en el Congreso apenas ha arrancado ahora.
En el caso del Senado, las comparecencias han estado marcadas por el choque entre diputados del PP y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Al mismo tiempo, Corredor mantiene un pulso abierto con las empresas, con quienes la relación se ha tensado con el tiempo. Un ejemplo es la batalla judicial con Iberdrola. La compañía eléctrica ha llevado a la cúpula de Red Eléctrica a los tribunales por la gestión el día del apagón, pero también por haberlos señalado. Para entender el choque hay que mirar a la planta fotovoltaica extremeña Núñez de Balboa que Iberdrola tiene en Badajoz. Corredor ha apuntado sin citarla directamente que se estaba llevando a cabo un "experimento", pero desde Iberdrola niegan que el problema tuviera el origen allí.
En todos ellos se han apuntado unas causas que más adelante también ha identificado el comité europeo de expertos y que se resumen así: hubo un incremento rápido y descontrolado de la tensión. Los mecanismos de control de esta tensión no funcionaron. Y finalmente se produjo una pérdida de la generación eléctrica en cascada que desembocó en una desconexión del sistema. Es decir, al cero eléctrico.
El veredicto europeo
El veredicto europeo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO-E, en sus siglas en inglés) –un informe de cientos de páginas que hace una descripción técnica casi de milisegundos de lo que ocurrió– también concluyó que el apagón fue resultado de "múltiples factores [...] interconectados entre ellos": oscilaciones de tensión, desconexiones de generadores en cascada y sobretensiones. Lo que sabemos seguro, coinciden diferentes expertos, es que "no se pulsó un botón y todo saltó por los aires".
"Toda la sucesión de hechos está muy detallada y dudo que se pueda avanzar más", indica el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en Fedea experto en energía, Diego Rodríguez, que añade que si bien el grupo europeo no delimita responsabilidades, sí que señala que el sistema "no era lo suficientemente fuerte" para afrontar la sucesión de eventos de aquella jornada.
Y es precisamente en esta delimitación de responsabilidades –es decir, quién tuvo la culpa– donde ahora están puestos los focos y donde los agentes implicados ya miran con atención, sobre todo porque en un futuro, que todo el mundo da por hecho que será lejano, es lo que puede determinar quién paga los platos rotos: las reclamaciones.
Los expedientes de Competencia
Esta pelota está encima del tejado de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ente que preside Cani Fernández no solo está indagando en quién tuvo responsabilidades en lo que pasó, sino que también puede aplicar sanciones. De momento, ya ha abierto una batería de expedientes sancionadores (los últimos este mismo viernes) sobre diferentes compañías, pero también sobre Red Eléctrica. "Tiene que ver si las primeras no prestaron el servicio que tocaba, o el operador del sistema [Red Eléctrica] no fue lo suficientemente diligente en la programación y las órdenes que debería haber dado aquel día a las empresas", reflexiona el experto.
La CNMC, que en paralelo ha puesto en marcha un grupo de trabajo para plantear medidas para reforzar el sistema eléctrico, tiene 18 meses para resolver los expedientes. De momento, sobre Red Eléctrica recaen faltas "muy graves", mientras que sobre los operadores privados, faltas "graves".
Lo que acabe dictaminado será clave para aquellos que vayan a los tribunales para ser compensados por el impacto del apagón. Pueden reclamar las aseguradoras, por ejemplo, en nombre de hogares o empresas damnificadas –como por ejemplo supermercados– y que tenían cubierto un incidente así. Los clientes que por su parte no contaban con seguro pueden reclamar a la comercializadora, que seguramente después apuntará a la distribuidora y finalmente a la empresa generadora de energía. En paralelo, también la gran industria mira a los juzgados. Repsol o Moeve incluso han cifrado el impacto del apagón sobre las refinerías.